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Vivir sin papeles

Un mantero de Lavapiés murió sin documentos tras 12 años en España. Son invisibles ante las estadísticas y los servicios públicos. No se les expulsa, pero tampoco se les regulariza

Daouda, de Senegal, pasó diez años para regularizar su situación.

La paraguaya Delia Servin lleva 12 años en Madrid, pero no conoce la ciudad. Se pasó una década sirviendo clandestinamente en casas y evitando la calle por miedo a ser cazada por la policía. Le pidieron la documentación una vez la víspera de Nochebuena de 2007 y aún lo recuerda con escalofríos: “Me ingresaron en un CIE y me trataron como a una delincuente. Me quedé traumatizada”. Un juez decretó su expulsión, pero nunca llegó a ejecutarse. Sin embargo, la mancha que dejó en su expediente obstaculizó su regularización. Tras diez años, tres intentonas fallidas, dos nietos y la muerte de su padre, consiguió la residencia en España hace dos años. “Me pasé todo ese tiempo sin poder ver a mi familia. Hasta hoy mis hijos me hacen sentir culpable. Me sacrifiqué aquí para darles la mejor educación, pero me perdí todas sus graduaciones”, lamenta la mujer de 51 años.

Delia es un ejemplo de esos inmigrantes que viven de forma irregular en España durante años, invisibles ante las estadísticas, los servicios públicos y las autoridades. No se les regulariza, pero tampoco se les expulsa. El último informe oficial sobre los CIE reveló que de los 7.597 inmigrantes que fueron internados en estos centros en 2016 solo se devolvió a un 21%. El resto quedó libre con el episodio estampado en su ficha policial. “No tenemos solución para esas personas, solo dejarlas en un limbo jurídico”, lamenta el profesor de Derecho Penal de la rey Juan Carlos, José Miguel Sánchez, “Hace falta una alternativa y es que si los Estados no pueden expulsar, tendrían que regularizar. O, al menos, como dicta la Directiva de retorno de la Unión Europea, ofrecer unas garantías mínimas para que vivan con dignidad”.

Delia, de Paraguay, pasó 10 años en España sirviendo en casas en la clandestinidad.
Delia, de Paraguay, pasó 10 años en España sirviendo en casas en la clandestinidad.

Pero los que se quedan viven sin derechos, no tienen acceso al médico y no pueden trabajar. Es la historia de empleadas del hogar pero también de manteros, jornaleros y peones de obra. “Eliges el trabajo de interna para no pisar la calle, pero esto lleva al abuso. Padecí acoso sexual en el trabajo. Como eres latina, pretenden que incluyas servicios sexuales en los 10 euros que te pagan la hora”, resume Marta Arboleda, una colombiana de 42 años que ahora tramita la nacionalidad, pero tardó tres años y medio en conseguir su residencia. “No puedes fallar. Tienes que ser perfecta en el trabajo para conseguir el contrato. A veces te despiden antes de que se te cumpla el tiempo necesario para no tener que regularizarte. ‘Estás ilegal. Podemos llamar a la policía. Agradece que tienes casa y trabajo’, te dicen”.

Ese mismo miedo es el que pasó Daouda Dieye que vivió durante 12 años en la clandestinidad. La lucha por regularizarse de este senegalés de 34 años recuerda a la de Mame Mbaye, el mantero senegalés que murió la semana pasada en el barrio madrileño de Lavapiés. Falleció sin papeles, después de 12 años en España. Dieye trabaja hoy en un restaurante italiano y es uno de los portavoces del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona, pero pasó más de una década escondido entre las mantas de Barcelona y las plantaciones de fruta de Lleida, Logroño, Huelva y Jaén. Con la venta ambulante lo perseguían y en el campo lo explotaban. “Los jefes eran mafia. Sabían que no teníamos papeles, pero nos cogían y nos pagaban tres euros la hora. En una de las fincas vivíamos frente a una granja de cerdos, el olor se nos impregnaba en la ropa”, recuerda con asco. “No tenías la opción de quejarte, en aquella época había un montón de gente queriendo tu lugar. Era eso o la calle”.

"No solo tienes que ser bueno, tienes que ser sumiso. No basta con no tener antecedentes, sino que la policía debe elaborar un informe sobre tu buena conducta", mantiene el profesor José Miguel Sánchez

En 2010, Dieye consiguió un contrato de jornalero y con él solicitó un permiso de residencia por arraigo social, la principal salida para su laberinto. La ley requiere al menos tres años de residencia –ilegal- en España, una oferta de trabajo de por lo menos un año y una ficha sin antecedentes penales. “No solo tienes que ser bueno, tienes que ser sumiso. No basta con no tener antecedentes, sino que la policía debe elaborar un informe sobre tu buena conducta. El problema es que tu situación irregular te lleva a la propia irregularidad migratoria, a que te detengan por desentenderte con la policía, a que decreten tu expulsión”, mantiene el profesor Sánchez.

Los especialistas en inmigración apuntan la perversión del sistema. “Los tres años que un inmigrante tiene que pasar en España para poder optar a la regularización ya son en sí una incongruencia. Una vez que entras en la rueda de la irregularidad, es muy difícil salir de ella”, lamenta el profesor de Derecho de la Universidad del País Vasco, Iker Barbero. "Es una situación de supervivencia: trabajos en la economía sumergida y muy precarizados, dificultad de acceso a una vivienda digna y, por tanto, de acceso al padrón y a atención médica más allá de urgencias", resume María José Moreno, de Moviento por la Paz, una organización que despliega una red de apoyo para inmigrantes.

Dieye consiguió regularizar su situación, pero un año después, cuando debía renovar su permiso, se lo denegaron. Otra vez en la rueda. Lo intentó dos años después sin éxito. Empezó a sufrir crisis de ansiedad. “Solo quería cumplir mi sueño y siempre había alguien para recordarme que no lo conseguiría”. Le aprobaron su última solicitud hace solo un mes, gracias a su matrimonio con una española. “Ni siquiera casarme fue fácil. El español se levanta enamorado y al día siguiente se casa. Yo tuve que responder hasta dónde duerme mi mujer en la cama”.

El día que pudo llamar a su madre tras desembarcar en España esta no le creyó: “Venga, déjate de bromas y ven para casa que llevamos diez días buscándote”. Pero ya no podía volver.

Tras años de lucha, muchos se arrepienten de haber venido, por el sufrimiento que causaron a sus familias, por los años que perdieron en la sombra o porque el sueño no es cómo veían en la tele. Abdourahmame, que lloró casi todas noches durante diez años, es uno de ellos. Este senegalés de 28 años llegó a España en 2006 capitaneando un cayuco a escondidas de sus padres cuando aún era menor. El día que pudo llamar a su madre tras desembarcar en España esta no le creyó: “Venga, déjate de bromas y ven para casa que llevamos diez días buscándote”. Pero ya no podía volver. Había entrado en la rueda y tardaría 10 años en liberarse.

Trabajó como mantero, acabó cuatro veces en el calabozo e intentó, sin éxito, regularizarse. Para salir de la manta comenzó a pedir la documentación de compatriotas para trabajar en la hostelería. Le pedían 200 euros al mes por el favor. “Una vez mi jefe me preguntó por qué siempre que tenía que salir a la calle me ponía nervioso y le confesé que los papeles no eran míos. Me despidió. No puedes hacer nada contra la barrera de la ley de extranjería. Lo que te queda es vender en la Puerta del Sol”.

Abdourahmame pasó una década escondiéndose, pagó 2.000 euros en multas por vender en la calle, contrató abogados, convenció a sus jefes para que le ofrecieran un contrato. Al fin consiguió la documentación el año pasado gracias a una oferta en la cocina de un restaurante asturiano. Trabaja cerca de 12 horas y cobraba 1.000 euros, mientras sus compañeros ganaban 1.200. Esa ha sido la última de sus batallas. Y la ganó.

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