Juicio a un funcionario por cobrar a inmigrantes para tramitar sus permisos de residencia

Un funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra será juzgado este jueves en la Audiencia de Pontevedra, acusado de presunta falsedad de documento oficial en la tramitación de permiso de residencia de inmigrantes, y por otro delito continuado de cohecho. El acusado, supuestamente pedía dinero a cambio de tramitar los expedientes, cantidades que oscilaban entre los 50 y 200 euros, y que los solicitantes le entregaban creyendo que eran importes de tasas administrativas.

La fiscalía solicita para el acusado ocho años de prisión, cuatro por cada delito, y un total de 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Además, el fiscal pide que al funcionario se le imponga una multa de 32 meses con una cuota diaria de 10 euros y devuelva las cantidades que cobró indebidamente a los afectados.

En el escrito de acusación del fiscal Augusto Santaló se analizan cuatro de los expedientes tramitados y finalizados por el funcionario en 2016 a raíz de las denuncias presentadas por varios inmigrantes. En dos de los expedientes se solicitaba autorización de residencia de larga duración, otro era de residencia temporal inicial y el último se tramitó para obtener permiso de residencia de familiar comunitario.

La Fiscalía de Pontevedra abrió una investigación tras apreciar un comportamiento irregular por parte del funcionario y posteriormente un juzgado instruyó diligencias contra él, al reconocer cuatro mujeres afectadas que este les había pedido “un regalito”, “algo a cambio” de tramitar los expedientes. Y lo hizo, según el escrito de acusación del fiscal, “sin que el acusado tuviese derecho a percibir ningún tipo de retribución por parte de las interesadas”.

Una de las solicitantes reconoció en sede judicial que cuando presentó el papeleo, el funcionario le dijo que “tenía que entregarle algo”. Esta entendió que era dinero, según explica el fiscal, motivo por el que la mujer acudió a la subdelegación portando 200 euros, que aquel día no llegó a entregar al acusado porque fue atendida por otra funcionaria, lo que provocó que el acusado le recriminase por ello.

Otras de las testigos de cargo declaró que el acusado le había pedido “un regalito”. Lo denunció dos meses después de haber realizado el pago. Además, en la solicitud de autorización de residencia temporal que presentó la denunciante, se constató que el funcionario colocó sello de entrada en la subdelegación con fecha 9 de septiembre de 2016, la misma que hizo constar en el documento que se registró en el sistema informático, cuando en realidad la solicitud se había realizado once días después.

El motivo de la alteración de la fecha, según la investigación, fue debido a que la solicitantes había disfrutado de una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que había caducado el 16 de junio de 2016, y para obtener la prórroga, la solicitud debía ser presentada dentro de los 90 días naturales a que hubiese finalizado la vigencia de la anterior autorización. Una vez comprobada la falsificación de los datos este expediente fue finalmente archivado.