España prepara una ley para restringir el asilo y adaptarse a la Unión Europea

España será un país menos amigable para los solicitantes de asilo. En cuestión de 18 meses, el Gobierno pretende reemplazar la ley de asilo actual por una más rígida que se adapte a las nuevas normas migratorias acordadas en Bruselas. En un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, el Gobierno desgrana cómo las autoridades y las leyes españolas aplicarán el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que desde esta primavera es la hoja de ruta de Bruselas para imponer cierto orden migratorio.

Los principales cambios que tendrá que implementar España se concentran en el asilo, que aún se rige por una ley de 2009, que ni obedece a las directivas europeas, ni tiene —15 años después— un reglamento que defina la letra pequeña de cómo debe aplicarse. Tras muchas reclamaciones de Bruselas, el Gobierno se ve ahora forzado a redactar una nueva norma para gestionar el asilo acorde al pacto europeo. El objetivo a grandes rasgos es evitar el fraude en un sistema que recibe más de 150.000 peticiones al año, acelerar la resolución de los expedientes e intentar expulsar lo máximo posible. El plan se desarrolla en paralelo a la aplicación del nuevo reglamento de extranjería, que ha flexibilizado los requisitos para que los inmigrantes regularicen su situación en España por otras vías, mientras que desincentiva que acudan al asilo como la puerta trasera para hacerlo.

Está por ver, sin embargo, cómo la teoría de los despachos de Bruselas se aplica a la singular realidad del asilo en España, donde casi el 80% de los solicitantes de protección internacional no vienen en patera, como en Italia y Grecia, sino en avión desde Latinoamérica.

Uno de los objetivos del pacto europeo es unificar y concentrar en la frontera los procedimientos que se aplican a los extranjeros que entran irregularmente. La idea es identificar los perfiles de los que llegan y cribar en el menor tiempo posible quién puede tener derecho a quedarse en la UE como refugiado y quién deberá volver. Para lograrlo, la nueva ley marcará que los expedientes que se abren en la frontera se resuelvan en un máximo de 12 semanas —seis meses para los formalizados dentro del territorio—, incluyendo los posibles recursos que interpongan los interesados y que también se acortarán por ley. Es un plazo exprés si se compara con los hasta dos años que hoy se demoran las autoridades en resolver las solicitudes.

Para devolver al mayor número de solicitantes sin derecho al asilo, el Ministerio del Interior estudiará sus peticiones al mismo tiempo en el que trabajará en su retorno. Esta era una exigencia del pacto y, aunque ya lo aplican otros países, en España implicará un cambio legislativo para incluir un procedimiento de retorno específico para los solicitantes rechazados. “Vamos a ver esto cómo se concreta”, advierte Mauricio Valiente, director general de CEAR, “pero tiene toda la pinta de estar pensado para deshacerse lo más rápido posible de las personas rechazadas en el procedimiento de asilo”, sostiene.

En el documento se insiste en que debe trabajarse en alternativas a la detención de los extranjeros y, aunque no concreta esas alternativas, sí contempla ampliar los perfiles de solicitantes que pueden estar privados de libertad. Por lo que se desprende del texto, se reduciría a los casos en los que se quiera garantizar su traslado a otros Estados miembros, en el marco de ese reparto solidario que se pretende implementar.

Y como ya ocurrió en 2020, la última vez que el Ministerio del Interior trabajaba en el cambio de la ley de asilo, vuelve a ganar protagonismo el concepto de país seguro. El documento no detalla cómo se fortalecerá ese concepto, pero conforme a cómo ha ido evolucionando el asilo en la UE, puede implicar que los solicitantes de determinado país que España considere seguro (como en un momento dado podría ser Marruecos o Colombia) vean sus solicitudes automáticamente descartadas, sin un estudio individualizado. “El riesgo es una instrumentalización política en función de las relaciones que pueda tener el Gobierno español con otros países”, lamenta Valiente.

El plan de implementación es un reconocimiento por parte de las autoridades españolas de que tendrán que legislar para cambiar el sistema. Es una declaración de intenciones, pero habrá batalla para ponerlo sobre el papel. La nueva ley de asilo, y otras que tendrán que modificarse (incluida la ley de extranjería) deberán pasar el tortuoso trámite parlamentario en un Congreso donde los consensos migratorios brillan por su ausencia. La aplicación del pacto migratorio requerirá por fuerza, según este documento, más personal en Policía Nacional y la Oficina de Asilo, más intérpretes, más formación y más financiación (aún por determinar).

El Ministerio del Interior, que ha liderado la redacción del documento, defiende que el plan español “no retrocede ni en garantías jurídicas, ni en derechos” y que “no incrementa la privación de libertad, ni los centros dedicados a ello”. Pero el plan preocupa a las organizaciones que trabajan con migrantes y refugiados y que acusan al Gobierno de no haberles permitido contribuir en su elaboración, pese a haberse comprometido a ello. La falta de participación de las organizaciones ha alimentado la incertidumbre sobre la aplicación del plan. Natalia Slepoy y Alberto Cerezo, del equipo del área de incidencia política de la Red Acoge, consideran que el texto confirma sus temores de que el futuro del asilo en España, como ya lo viene siendo en Europa, será más restrictivo. Slepoy lamenta que en las 42 páginas del plan “el enfoque de derechos no aparece por ninguna parte” y alerta de cómo las nuevas normas “disuadirán a futuros solicitantes de asilo”.