ONG que trabajan con migrantes recurren al Supremo el nuevo reglamento de Extranjería

Tres organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes han recurrido este lunes ante el Tribunal Supremo el nuevo reglamento de Extranjería aprobado por el Gobierno en noviembre pasado y que entrará en vigor el próximo 20 de mayo. Extranjeristas en red, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe) y Coordinadora de Barrios —todas con una amplia trayectoria en derechos humanos y migraciones— argumentan que el documento significa un retroceso en materia de garantías para los inmigrantes en España y proyectan que dejará en la ilegalidad a más de 200.000 personas. El Ministerio de Migraciones ha defendido hasta ahora que tras la nueva norma, que flexibiliza trámites y reduce plazos, podrán regularizarse hasta 300.000 migrantes al año.

En el corazón de las reclamaciones que se han esgrimido contra el reglamento de Extranjería, y que estas organizaciones también reivindican, están los solicitantes de asilo, un caudal nada menor: actualmente hay 270.000 personas que esperan una respuesta a su solicitud de asilo en España. Según la nueva norma, el tiempo que los solicitantes pasen en territorio español esperando una respuesta a su petición no les va a contar a la hora de solicitar un permiso de residencia por arraigo, la vía más usual para regularizarse. Esto es, si a alguien que pidió protección se la niegan casi dos años después de haber llegado a España (tiempo que está tardando la Administración en responder), ahora tendrá que esperar otros dos años para poder pedir un permiso por arraigo, lo que en realidad duplica el tiempo requerido para acceder a esta figura de regularización.

Para las organizaciones, eliminar ese cómputo del tiempo de espera, “como si fuera posible eliminarlo sin más o que no fuera un hecho cierto que ese tiempo contribuye a su arraigo social, es algo que no puede ser admitido desde la más elemental lógica jurídica”, según se lee en un comunicado difundido este lunes por las tres organizaciones. José Luis Rodríguez, uno de los abogados que lidera el recurso, explica que el cálculo de las 200.000 personas que quedarían en la ilegalidad obedece al porcentaje de las solicitudes de asilo pendientes que probablemente serán denegadas, de acuerdo con la tendencia de los últimos años, quienes tendrán que esperar por dos años hasta poder regularizar su situación. Esa medida es por la que ha optado el Gobierno para evitar que el asilo se convierta en la puerta trasera de los migrantes económicos para regularizarse.

Otra de las peticiones de los letrados es “el sometimiento a familiares de españoles a condiciones y derechos peores que los familiares de ciudadanos de la Unión”. Argumentan que según la jurisprudencia vigente no se puede sacar a los familiares de españoles del régimen comunitario, como lo hace el reglamento de Extranjería. Pero además, la norma ahora exigirá que los hijos mayores de 18 años de ciudadanos españoles no podrán estar en España para poder regularizarse, sino que tendrán que estar en su país de origen. Una situación que se replica con los ascendientes de ciudadanos españoles.

Menores no acompañados

El otro punto que las organizaciones cuestionan es un cambio que consideran sustancial en cuanto a los derechos de los menores no acompañados que llegan a España. Hasta ahora, explica Rodríguez, cuando un menor llega a costas españolas y es tutelado por la administración, su situación queda inmediatamente regularizada. En cambio, el nuevo reglamento plantea que si el menor o la comunidad que lo haya acogido presentan la solicitud para obtener los papeles y la administración no responde en plazo, se entenderá desestimada la solicitud y el menor caería en una situación de ilegalidad en territorio español.

El Ministerio de Migraciones ha defendido el nuevo reglamento de Extranjería como un avance para los derechos de los inmigrantes y, de hecho, la ministra Elma Saiz lo ha descrito como “la reforma más ambiciosa e integral” que se haya hecho a la Ley de Extranjería en la última década y ha dicho que “va a servir para combatir a las mafias, el fraude y la vulneración de derechos”. Para las tres ONG que ahora lo recurren ante el Supremo, la norma “ha supuesto una tremenda decepción”.