El colapso del sistema de asilo mantiene a más de 270.000 personas en el limbo

Nunca antes tantas personas habían pedido asilo en España como en 2024. El año pasado, fueron 167.366 solicitudes de protección internacional registradas en territorio español, según la Oficina de Asilo y Refugio, un hito que pulveriza los de 2023 y 2022, cuando se alcanzaron cifras inéditas, y que ubica a España como el segundo país de la Unión Europea con más peticiones solo por detrás de Alemania. Pero el sistema colapsado al que entran esas peticiones deja otra cifra aún mayor: hay más de 270.000 personas que han pedido protección y que aún esperan una respuesta, según la última cifra disponible (septiembre de 2024). Es más del doble que hace cinco años. Un sistema de asilo que recibe muchas más peticiones de las que es capaz de resolver y no responde a tiempo a quienes más lo necesitan.

El sistema de asilo español pasó de puntillas por la llamada crisis de los refugiados, mientras el resto de socios de la UE acogía cientos de miles de ellos a partir de 2015. En España, las solicitudes de asilo empezaron a dispararse hace cinco años: entre 2018 y 2019 saltaron de 55.000 a más de 118.000 peticiones y, aunque la tendencia al alza se ralentizó durante la pandemia, en tan solo cinco años este canal ha absorbido a más de 700.000 personas.

El impulso lo protagonizaron los latinoamericanos. Primero los venezolanos, que iniciaron un éxodo masivo, después los centroamericanos y los colombianos, a quienes España suele denegar sus solicitudes de protección. Actualmente, ocho de cada 10 latinos que piden asilo en Europa lo hacen en España y suponen más del 75% del total de peticiones en el país. En 2024, el listado de países de origen de los solicitantes lo encabezaron, de lejos, Venezuela (66.134 peticiones) y Colombia (40.140). Sin embargo, ha habido un número creciente de malienses que se juegan la vida en el mar para llegar y pedir asilo, lo que ubica a esa nación como la tercera en el listado, con más de 10.600 solicitudes.

El colapso empuja a situaciones de bloqueo que se replican durante todo el proceso. El primer obstáculo es la odisea para solicitar la cita. Sin formalizar la petición no solo no se pone en marcha el proceso, sino que aquellos que tienen menos recursos y ni siquiera saben dónde dormir no tienen acceso a los centros de acogida. Una vez formalizada la petición, la ley les permite trabajar a los seis meses, sacándoles de la clandestinidad laboral, pero saben que, en la mayoría de los casos, les comunicarán eventualmente el rechazo de su solicitud y quedarán en situación irregular. La tasa de reconocimiento español, una de las más bajas de la UE, ronda el 12%.

Angélica, colombiana de 35 años, formalizó su petición de asilo en marzo de 2023 y está a punto de cumplir dos años esperando una respuesta. Había llegado un año atrás a España, huyendo del conflicto armado en su país: vivía en Arauca, una región fronteriza con Venezuela, y la guerrilla la forzó a irse porque quería quedarse con las tierras en las que trabajaba. Se fue a Bogotá, pero las amenazas del grupo armado la persiguieron. Prefirió subirse a un avión con destino a Madrid.

Durante los meses en los que intentó conseguir la cita para pedir asilo —casi un año—, Angélica trabajó sin papeles cuidando a una señora mayor, pero dependió de las ayudas de organizaciones que trabajan con mujeres. Ella logró, por fin, formalizar la petición y obtuvo su permiso para trabajar, aunque hasta hoy no ha recibido ninguna respuesta. “El problema es que uno está todo el tiempo con la incertidumbre de qué va a pasar con uno, de que si te quedas sin el permiso de trabajo cómo vas a hacer otra vez para sobrevivir; es vivir con zozobra todo el tiempo”, detalla.

Marina García-Rodeja Paricio, abogada de Accem, explica que mientras estas personas son solicitantes de asilo viven su vida como en pedazos de tiempo: “Toda la documentación les va a durar pequeños periodos, se va caducando, siempre van a tener que estar pendientes de actualizar el empadronamiento, de solicitar la cita para renovar sus documentos en medio del tapón administrativo que hay y por el que no consiguen la cita”. Eso repercute, explica la letrada, en una dificultad para conseguir empleo “debido a la desconfianza por parte de los empleadores” ante una situación tan inestable que lleva a que en cualquier momento —si les rechazan su solicitud— esa persona tenga que abandonar su puesto. “Es no poder planificar tu vida a futuro”, explica.

Tras años observando cómo se agravaba el colapso, el Ministerio del Interior lidera ahora la redacción de una nueva ley de asilo, más dura, que se adapte al nuevo pacto migratorio europeo. El futuro texto, que sustituirá al de 2009, busca acortar plazos, devolver a sus países a los solicitantes rechazados y disuadir a los que abusan de las solicitudes. Interior mantiene internamente que miles de personas se aprovechan del sistema y que la mayor parte de los que solicitan protección lo hacen alegando un riesgo inexistente contra su vida o a sabiendas de que no cumplen los requisitos, para quedarse en España.

Este ha sido el argumento, de hecho, para lograr que el nuevo reglamento de extranjería haga del asilo una vía mucho menos atractiva. Aunque la nueva norma regularizará durante un año a un buen número de solicitantes de asilo a los que se les ha rechazado su solicitud, el reglamento marca de forma definitiva que el que opte por pedir asilo no podrá computar el tiempo que pase aguardando una respuesta para acogerse a ningún tipo de arraigo. Su contador volverá a cero. “Intentar reducir los tiempos de espera, que es una forma también de reducir la prestación de otros servicios como la acogida, es una constante, pero no lo consiguen”, explica Blanca Garcés, analista del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob). “La receta para resolver el colapso, por lo que estamos viendo ahora, no será la de poner medios, sino la de limitar el acceso. Se está intentando cerrar una vía [la del asilo] y flexibilizar la otra [la del arraigo]”, añade.

Efectivamente, no todos los que lo solicitan cumplen con el perfil para recibir protección internacional, pero hace años que cientos de miles de personas han usado este cauce, que da la posibilidad de vivir y trabajar legalmente mientras se resuelve su petición, para instalarse en el país. Es lo que Blanca Garcés llama “sala de espera”. Garcés explica: “Lo que ha permitido el asilo es que el tiempo de espera hasta lograr la regularización por arraigo no lo pases en situación irregular, sino trabajando. Te permite esperar en mejores condiciones”. El propio sistema favorece la instrumentalización: si resolviese en los seis meses que marca la directiva europea, el asilo no sería una alternativa para quien sabe que no será merecedor de la protección.

Entre las soluciones para aliviar el colapso, hace años que las ONG, Acnur y los propios funcionarios hablan de sacar de este trámite a los venezolanos, que suponen un 40% de los solicitantes. Los nacionales de este país tienen desde 2018 un estatus especial y se les concede, de forma casi automática, un permiso especial por razones humanitarias que les permite residir y trabajar legalmente en España. Es un reconocimiento a la difícil situación que se vive en el país, como también se hizo de forma similar con permisos temporales a los ucranios, pero que con los venezolanos sigue el mismo cauce que el resto de solicitantes de asilo. El enorme flujo de venezolanos ha contribuido al colapso de ese trámite y aunque podría revertirse, las fuentes consultadas dudan de que vaya a hacerse. “El asilo es política y ahora mismo cualquier movimiento con Venezuela y sus nacionales supone enviar un mensaje. Es muy delicado”, explican fuentes partícipes de esta discusión.

Junto a la nueva ley de asilo, España promete más medios, intérpretes y policías. Pero al llegar al cargo, en 2018, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya prometió un plan de choque con el que renovaría un viejo programa informático y reforzaría la Oficina de Asilo. Anunció más de 200 nuevos funcionarios, aunque en la práctica el personal solo creció de 207 a 293 empleados. La receta con la que prepararía la oficina “para el presente y el futuro” ni siquiera logró superar los problemas del pasado. Pero los 70.000 expedientes de entonces se han multiplicado sin freno y los tiempos de respuesta han hecho que el asilo —aun sin cumplir los requisitos para obtenerlo—, sea de facto la vía más fácil para comenzar una vida en España fuera de la clandestinidad.