España teme que Francia presione en la frontera para frenar la inmigración

España se prepara para las consecuencias ya anunciadas de una Francia mucho menos transigente con la inmigración irregular. Francia sufre una crisis política de gran calibre, pero una cosa no ha cambiado: París mantendrá la mano dura y endurecerá las posibilidades de regularizarse y controlará sus fronteras. Lo mismo ocurre con varios socios europeos; el discurso migratorio se endurece en toda la Unión Europea. Pero la posición francesa tiene un efecto directo en España, cuyo Gobierno teme que el nuevo Ejecutivo de François Bayrou multiplique las devoluciones en caliente en la frontera, una práctica que ya ha generado problemas en el pasado.

El Ministerio del Interior ve “previsible” que el país galo intensifique las devoluciones de migrantes en la frontera española, a tenor de las últimas instrucciones del ministro de Interior francés, Bruno Retailleau, representante del ala más dura de la derecha francesa. Retailleau ha conservado su puesto en el nuevo Gobierno del primer ministro François Bayrou, mientras que han desaparecido otros contrapesos. Así se recoge en documentos internos del ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, y en los que se explica que el Gobierno francés quiere extender a las zonas fronterizas de todo el país un proyecto experimental ideado en junio de 2023 que buscaba “sistematizar las devoluciones de inmigrantes a Italia” desde las circunscripciones francesas de Alpes Marítimos y Altos Alpes. Francia ya endureció en su día el control de fronteras amparándose en la amenaza terrorista. Ahora llega más lejos y aduce, prácticamente tirado del argumentario de la ultraderecha, la “presencia creciente de redes criminales que facilitan la migración irregular”, y su Gobierno reclama a sus fuerzas de seguridad el máximo rigor “cuando se trate de extranjeros que supongan una amenaza para el orden público.

“De lo que se trata ahora es de generalizar su aplicación”, concluye una nota interna de la Consejería de Interior española en Francia del 27 de noviembre, que ha sido transmitida a distintos departamentos implicados en el control de fronteras. “Dos serían las zonas de este tipo fronterizas con España: la zona sur-oeste y todo el flanco sur de la zona sur-este”, precisa, en referencia a Cataluña y País Vasco. Ese plan, que explota el concepto “fuerza frontera”, agrupó en su fase experimental a 270 policías, gendarmes, aduaneros y militares. El Defensor de Derechos, equivalente al Defensor del Pueblo español, consideró en un dictamen del pasado abril que “los derechos de los inmigrantes estaban siendo objeto de una violación masiva” en esas mismas dos zonas de la frontera interior franco-italiana donde se puso en marcha el proyecto experimental, según destaca el documento de Interior.

En la UE proliferan a día de hoy ministros del Interior del ala dura en asuntos de migración. El nombramiento de Retailleau al frente de Interior fue un guiño cómplice de Michel Barnier, ex primer ministro francés, a Marine Le Pen, líder del ultraderechista Reagrupamiento Nacional. Barnier pensó que entregando la cartera de la que dependían la seguridad del país y la inmigración a uno de los exponentes más duros de Los Republicanos (la derecha gaullista francesa) lograría calmar las ansias de Le Pen de tumbar a su Ejecutivo.

Retailleau, uno de los ministros más populares, prometió a su llegada mano dura en cuestiones como el control extremo de las fronteras. “Tengo tres prioridades: restablecer el orden, restablecer el orden, restablecer el orden. Creo en el orden como condición de la libertad. Cuando no lo hay, la libertad está amenazada”, anunció. En materia de inmigración también fue todo lo claro que le permitió el marco legal actual. “Mi convicción está clara, y desde hace mucho tiempo: la inmigración, cuando no está controlada, no es una oportunidad para nadie; ni para Francia, ni para los inmigrantes. El verdadero problema es el número. Demasiado es demasiado”. El ministro no sorprendió a nadie, y su propósito se mantendrá con este nuevo Gobierno.

De momento, dos organizaciones que trabajan en las zona fronteriza vasca aseguran que no han notado ningún cambio sustancial. Tras el paso de Irún (Gipuzkoa), en una frontera urbana por donde se puede cruzar por media docena de puntos, los agentes franceses siguen haciendo los controles en la localidad francesa de Hendaya. “No ha habido endurecimiento más allá de lo que ya había, los controles en función de la apariencia árabe o por ser negro”, explica Jon Aranguren, portavoz de la red de apoyo a inmigrantes Irungo Harrera Sarea. “Nos tememos que el drama les espera en el Estado francés”, añade. “Especialmente si se les endurece la atención en los servicios públicos, como hospitales, con todo ese runrún que hay”.

En el corto y medio plazo, Mikel Maizkiaran, abogado de SOS Racismo Gipuzkoa, cree que habrá un control “más rígido” por exigencia del Gobierno francés y se muestra preocupado por la deriva de la ayuda humanitaria en esta frontera. “Hay una directiva que se está modificando en la que la ayuda por razones humanitarias no termina de despenalizarse [...] Cada país va a regular si penaliza o no la ayuda por motivos humanitarios y esto tiene una repercusión”.

Fuentes de la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra tampoco han apreciado un endurecimiento adicional en los controles en las principales zonas fronterizas con Francia (Portbou y La Jonquera) durante las últimas semanas. La Policía Nacional sostiene que los controles son los mismos desde hace años. Francia suspendió puntualmente la aplicación de la libertad de movimiento del espacio Schengen tras los atentados de París en 2015, y entre el 1 de mayo y el 30 de octubre por la posibilidad de un atentado durante los Juegos Olímpicos celebrados este verano. El 1 de noviembre comenzó un nuevo cierre, que se mantendrá seis meses, hasta el 30 de abril de 2025, informa Marta Rodríguez.

En diciembre, el Gobierno Vasco puso en evidencia la “gran presión migratoria” que suponía el último cierre entre España y Francia. En una propuesta conjunta con el Gobierno de Canarias, para debatir en la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander, solicitó que Euskadi se considere Frontera Norte del Estado y una mayor dotación económica “para atender con dignidad a las personas en tránsito”.

La excusa de la seguridad

En los últimos años, Francia ha recurrido a las medidas antiterroristas ―como ocurrió con el atentado de Bataclán en 2015― para cerrar sus fronteras e incrementar el número de migrantes devueltos a territorio español. Una parte de esas devoluciones se hacía legalmente, amparadas en un acuerdo bilateral de readmisión de 2002, pero otras de manera extraoficial, sin cumplir los trámites exigidos por las autoridades españolas. En 2019, el Tribunal de Justicia de la UE falló que el país galo no podía realizar expulsiones en caliente invocando controles de seguridad por la amenaza terrorista, con lo que, si querían expulsar a un inmigrante irregular, debían seguir al pie de la letra los acuerdos bilaterales o la directiva de retorno europea, más garantista que los procedimientos exprés.

La red de apoyo a inmigrantes Irungo Harrera Sarea recuerda los años 2018 y 2019 como uno de los peores momentos. “Podían estar llegando a Irún entre 100 y 150 personas diarias y la gran mayoría quería llegar a Francia y les costaba pasar la frontera”, recuerda Aranguren. En 2021, seis personas murieron en el río Bidasoa y otras tres fueron atropelladas por un tren. “Ha habido momentos de dificultad seria, cuando la vigilancia era férrea”, añade. Los datos de las devoluciones en caliente no son públicos, pero en 2021, Francia devolvió a España 15.757 migrantes en solo cinco meses, más de 3.000 cada mes.

Fuentes de Interior subrayan que las devoluciones “se tienen que ajustar” al acuerdo entre Francia y España “sobre la readmisión de personas en situación irregular” hecho en Málaga en noviembre de 2002. “No se ha producido ninguna modificación”, añaden. En cuanto a la decisión de realizar controles fronterizos al amparo de los artículos 25 y 28 del Código de Fronteras de Schengen, estas mismas fuentes añaden que “compete a Francia” y que el departamento de Grande-Marlaska las respeta. “El Ministerio del Interior se ha mostrado siempre partidario de la libre circulación y de la supresión de los controles para facilitar la movilidad y el desarrollo de la actividad económica de las comunidades a ambos lados de la frontera”, añaden.

Otra de las comunicaciones que parte de la consejería y que Interior transmite, datada el 6 de noviembre, considera “previsible” que la presión del departamento de Interior francés, que comenzó en octubre con las prefecturas (departamentos gubernamentales), se traslade a los cuerpos de seguridad y se concrete en “exigencias numéricas de resultados”. “Las autoridades francesas mantienen que una parte importante de los extranjeros que llegan al espacio Schengen se desplaza a Francia en flujos secundarios” ―es decir, como parte del movimiento de los migrantes que llegan a los países de entrada para llegar a un segundo país―.

Después de cerrar las fronteras con motivo de los Juegos Olímpicos ―una medida considerada como de último recurso por la UE, pero a la que han recurrido otros países como Alemania, Italia o Austria alegando presión migratoria―, Francia decidió volver a blindarlas. En la primera ocasión, se amparó en la amenaza terrorista y la afluencia de inmigrantes irregulares. En esta última, ha argumentado, entre otros motivos, la “presencia creciente de redes criminales que facilitan la migración irregular”.

El Gobierno español ya consultó en octubre de forma verbal con el galo lo que supondría esta decisión. Les indicaron que “en ningún caso” implicaría un cierre en puntos de paso autorizados, que habría un refuerzo de presencia policial en todas las fronteras, especialmente en puntos fronterizos que se consideren “una amenaza crítica”, y que se mantendrían e intensificarían los controles “que podrán ser exhaustivos”, según se recoge en un tercer documento de Interior, emitido el 18 de octubre. Retailleau pidió planes de flujos migratorios por departamentos, que tenían que estar listos para final de 2024, y recordó la posibilidad de que los oficiales de la policía judicial puedan registrar vehículos en busca de inmigrantes ilegales entre el litoral y una línea de 20 kilómetros a partir del mismo en los departamentos con más presión migratoria; también en un espacio de 10 kilómetros en torno a puertos y aeropuertos que constituyan punto de paso fronterizo con especial vulnerabilidad y con una afluencia importante.

El nuevo ministro mantuvo un encuentro con los prefectos franceses, gobernadores de los departamentos, en el que tildó de “explosión no controlada” el incremento de un 13% en un año de las solicitudes de primeros permisos de residencia, según la información que maneja el ministerio español. “Les reclamó llegar ‘hasta el final’ cuando se trate de extranjeros que supongan una amenaza para el orden público y retomar el examen de aquellos expedientes que no habían podido concluir con una decisión de expulsión del territorio nacional cuando se dé la circunstancia indicada”. También les anunció que auditaría su labor cada 15 días.

El Gobierno español cree que el francés recurrirá a una interpretación propia del nuevo artículo 23 bis del Código de Fronteras de Schengen, que aborda el procedimiento de traslado de personas aprehendidas en fronteras interiores de la UE, para poner en práctica esas devoluciones, según se recoge en dos de los documentos. “Es previsible, más aun teniendo en cuenta la que parece ser la interpretación francesa del nuevo artículo 23 bis del CFS (Código de Fronteras de Schengen), que se pretenda intensificar las devoluciones en las fronteras interiores francesas y en consecuencia en la frontera con nuestro país, y que en ese sentido se refuercen los controles en las mismas”, concluye.

“No parece plausible que el control de la inmigración, tal y como lo concibe Interior [en Francia], vaya a depender de los prefectos y de la emisión de circulares, sino que más bien exigiría una revisión de los acuerdos internacionales de los que Francia es parte”, valoraba Interior el 6 de noviembre. El documento, que también tiene en cuenta la “fuerte presión de la opinión pública” para mantener la capacidad de controlar las entradas y salidas de migrantes en el país galo, llega a la siguiente conclusión: “La estrategia francesa parece clara: explotar al máximo los márgenes de maniobra a su disposición y explorar otros nuevos”.