Francia restringirá aún más su ley migratoria solo un año después de la última reforma

El debate político en Francia bascula estos días entre dos centros de gravedad constantes que, en realidad, no van tan desligados: la economía y la inmigración. Para el primer asunto, el Parlamento debate ya los recortes que contempla el Presupuesto presentado la semana pasada por el primer ministro, Michel Barnier. Para el segundo, el más complicado, porque enfrenta directamente a los extremos ideológicos que deben mantener con vida al frágil Ejecutivo, el Gobierno ha anunciado que trabaja ya en una nueva ley de inmigración que verá la luz el año que viene, pese a que el ministro de Justicia, el socialista Didier Migaud, no parecía estar al corriente. El proyecto, del que aún hay pocos detalles, contempla ampliar el perodo de detención de los migrantes irregulares.

La portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, comunicó la decisión en una entrevista televisada. Lo sorprendente, sin embargo, es que esta llega solo justo un año después del último proyecto de ley de inmigración, que se enfrentó a fuertes divisiones en el Parlamento y dentro de la coalición del presidente Macron. La norma supuso la ruptura definitiva del presidente de la República con un cierto espectro ideológico de centroizquierda que hasta entonces le había apoyado —provocó la dimisión del ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau— y el comienzo de la promiscuidad actual con la ultraderecha.

La ley Darmanin [por Gérald Darmanin, anterior ministro del Interior] fue aprobada, de hecho, con el apoyo de la derecha y del Reagrupamiento Nacional (RN) y abrió una de las mayores crisis en las filas del presidente desde que llegó al poder en 2017. Entonces, varios destacados diputados del bloque presidencial votaron en contra de la versión final de la norma por considerarla demasiado derechizada y varios ministros amenazaron con dimitir.

El Constitucional francés anuló 35 artículos, sobre todo las medidas más discriminatorias de la polémica ley de inmigración adoptada en diciembre. Entre otros artículos, los llamados sabios declararon contrarias a la ley fundamental las restricciones para los extranjeros del acceso a las prestaciones sociales, pues esas prohibiciones podían entenderse como una forma de “preferencia nacional”, histórico eslogan de la extrema derecha. El artículo anulado, que ahora podría volver a plantearse en otros términos, exigía a los extranjeros llevar dos años y medio trabajando en Francia, o cinco años en caso de no trabajar, para poder acceder a algunas ayudas sociales.

En manos de Le Pen

La restricción de los derechos que contenía aquella ley, sin embargo, no contenta ya ni al ala más conservadora de este Gobierno y, sobre todo, al Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, de cuyos votos depende en gran medida la continuidad del Ejecutivo. Este reconsiderará los artículos rechazados anteriormente por el Consejo Constitucional para alinear más la norma ya existente con las propuestas de la derecha.

El nuevo proyecto de ley, anunció Bregeon, incluirá medidas para ampliar el período de detención de los inmigrantes irregulares de 90 días a 210 días. “No descartamos otras disposiciones”, dijo. “Debemos adaptarnos a la evolución de los retos de seguridad”.

El lunes pasado, cuando se conoció la noticia, varios medios franceses aseguraron que el ministro de Justicia había amenazado con dimitir si salía adelante dicho proyecto. El problema sustancial, sin embargo, es que Francia no ha logrado jamás atajar con sus leyes una preocupación que la ha acompañado desde comienzos de la V República. De hecho, el país ha reformado los textos que se ocupan del fenómeno migratorio 118 veces desde 1945. Y ha votado una nueva ley cada dos años.

Consciente de que la inmigración sería un caballo de batalla clave en los siguientes meses, Barnier nombró a su llegada a Bruno Retailleau como ministro de Interior. Un perfil duro de ley y orden que nada más tomar posesión anunció severidad y mayores controles en las fronteras francesas. Las críticas a sus posicionamientos, que a menudo chocan contra los del ministro de Justicia, el único perfil de izquierdas del Ejecutivo, también fueron rechazadas por la portavoz. “Bruno Retailleau, cuya misión es garantizar la seguridad de los franceses, no va a tener que disculparse por tener ideas”. Bregeon afirmó que “no debe haber tabúes” cuando se trata de proteger al público.

No hay datos claros sobre el endurecimiento evidente que sufrirá la ley. Pero el Gobierno también pretende restringir las normas de regularización, limitando la elegibilidad de los inmigrantes sin papeles con derecho a la residencia, especialmente en los casos familiares. También, probablemente, de los servicios sociales y sanitarios a los que tendrán acceso. La atención sanitaria ofrecida a los inmigrantes sin papeles ya había sido reducida.

Hasta 1993, de hecho, todos los extranjeros tenían acceso a la misma cobertura sanitaria que los franceses, independientemente de su estatus: la Seguridad Social si estaban afiliados, o la asistencia médica para los más precarios. En 2020, el Gobierno de Édouard Philippe restringió la cobertura sanitaria para las personas en situación irregular, tanto “para desalentar a los extranjeros que vendrían a Francia para beneficiarse del ventajoso sistema de salud que constituiría la AME (ayuda médica estatal)”, como para disuadir el “turismo médico”. La ley Darmanin preveía ir más allá, condicionando la nueva “ayuda médica de urgencia” al pago de una tarifa anual. Esta modificación fue censurada por el Consejo Constitucional, y el Gobierno había prometido aprobarla por vía reglamentaria.

A pesar de la mayoría parlamentaria, la portavoz del Ejecutivo dijo que el Gobierno no buscará activamente el apoyo del Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, cuya posición de línea dura sobre la inmigración no es negociable. En su lugar, aseguró que el Ejecutivo se comprometerá con todos los grupos parlamentarios para lograr un amplio consenso sobre el nuevo proyecto de ley. Algo imposible si en ese espectro se incluye al Nuevo Frente Popular, la alianza de partidos de izquierdas que ganó las elecciones y que se opone frontalmente a este tipo de medidas.