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Barnier presenta unos presupuestos de crisis con grandes ajustes que sublevan a la oposición

La norma financiera podrá ser aprobada por decreto ante la falta de apoyo y de una mayoría clara del ejecutivo conservador actual

El primero ministro francés, Michel Barnier, durante la moción de censura.
El primero ministro francés, Michel Barnier, durante la moción de censura.Stephanie Lecocq (REUTERS)
Daniel Verdú

El primer ministro de Francia, Michel Barnier, empezó la semana con una moción de censura y terminará con un debate sobre los presupuestos más complicados de los últimos años. Unas cuentas agresivas, austeras y con subidas de impuestos que, probablemente, se aprobarán por decreto, el famoso artículo 49.3 de la Constitución al que Emmanuel Macron se ha acostumbrado en los últimos tiempos. Será así porque Barnier no dispone de una mayoría estable en el Parlamento y depende de la ultraderecha y de la izquierda radical para continuar su andadura al frente del Ejecutivo. Pero también porque el contenido del nuevo presupuesto sublevará los ánimos incluso de alguno de sus socios, como los propios macronistas.

La situación es crítica, han advertido todos los implicados. Desde la disolución de la Asamblea Nacional el pasado junio, las primas de riesgo franceses están aumentando. El bono francés a 10 años se negocia actualmente al 3%. Esto no solo es más alto que el alemán, sino también más alto que los bonos a 10 años de España y Portugal, algo impensable hace tan solo un año. Para corregir la situación, el gobierno de Barnier —también el anterior ejecutivo― calcula que deberá hacerse un ajuste de 60.000 millones de euros, entre recortes de gasto (dos tercios de este impulso) y subidas de impuestos. El propio gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, advirtió el miércoles de la necesidad de “reducir el gasto y aumentar sus ingresos”porque Francia está “en la situación de una familia que vive por encima de sus posibilidades”.

La situación de Francia preocupa en Europa y en los países vecinos como Alemania. La deuda pública de Francia aumentará hasta cerca del 115% del PIB el año que viene, desde alrededor del 113% este año, en un momento en que el resto de Europa está reduciendo el endeudamiento acumulado tras la pandemia y la crisis energética. El déficit público francés, que en 2023 subió hasta el 5,5% del PIB ―lo que llevó a la Comisión Europea a abrir un expediente por déficit excesivo― corre ahora el riesgo de agravarse hasta el 5,6% este año e incluso hasta el 6,2% en 2025 si no se toman medidas urgentes como las que prevé el nuevo presupuesto y que incluirá subidas de impuestos incluso mayores de lo que se había sugerido inicialmente.

Barnier, que describió la situación como “un país amenazado por una espada de Damocles”, espera recaudar 25.000 millones de euros en aumentos impositivos. De momento, la mayor parte recaerá en las empresas que facturan más de 1.000 millones de euros al año, unas 300 compañías en todo el país. Para las personas más ricas, que forman parte de hogares que ganan más de 500.000 euros anuales, el primer ministro ha propuesto una subida temporal del impuesto sobre la renta. Se espera que esta medida añada aproximadamente 2.000 millones de euros a las finanzas públicas. También podría contemplarse un impuesto sobre la recompra de acciones.

El primer ministro recordó en una entrevista reciente que pedirá “un esfuerzo” a los pensionistas, a quienes no se les aplicará la revalorización hasta mediados de 2025, en lugar de a principios de año, como estaba previsto inicialmente. Se trata de una de sus propuestas más criticadas porque también afecta a los jubilados que menos cobran. Marine Le Pen, líder del Reagrupamiento Nacional, partido que mantiene con vida al gobierno de Barnier, aseguró que dicha medida sería inaceptable y equivaldría a “robar miles de millones a nuestros mayores”. Incluso el exministro del interior Gerald Darmanin, que está en el campamento más amplio de Barnier, lo consideró absurdo. En cuanto a la reducción de gastos, Barnier señaló que estudian fusionar ciertos servicios del Estado, para eliminar duplicidades, y congelar la tasa de reposición de los empleados públicos, para no reemplazar a todos los funcionarios que se jubilen. El jefe del Gobierno reconoció que las medidas que propone son “duras”, pero las consideró “justas” y asumió “ser impopular por ser responsable” para “mejorar la situación del país”.

La reunión del martes entre Michel Barnier y los macronistas, sus principales aliados en el gobierno, no fue nada bien. El propio Gabriel Attal, líder de la formación y ex primer ministro, advirtió por la mañana de que les inquieta el exceso en las subidas de impuestos y que observan muy pocas reformas necesarias. Es un nuevo aviso de que Barnier ni siquiera cuenta con el apoyo incondicional del partido del presidente, Emmanuel Macron, la persona que le nombró a él.

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Sobre la firma

Daniel Verdú
Nació en Barcelona pero aprendió el oficio en la sección de Madrid de EL PAÍS. Pasó por Cultura y Reportajes, cubrió atentados islamistas en Francia y la catástrofe de Fukushima. Fue corresponsal siete años en Italia y el Vaticano, donde vio caer cinco gobiernos y convivir a dos papas. Corresponsal en París. Los martes firma una columna en Deportes
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