Francia no logra controlar el déficit público pese a las advertencias de Bruselas

Francia espera en vilo desde hace ocho semanas el nombramiento de un nuevo primer ministro. Una vez se conozca el nombre del nuevo inquilino de Matignon, sin embargo, el elegido no tendrá ni un minuto de tregua. Incluso antes de pensar en el presupuesto del Estado para 2025, que debería estar diseñado a mediados de septiembre y luego debatido por el Parlamento a partir del 1 de octubre, el nuevo ejecutivo se enfrentará a un desajuste imprevisto en las finanzas públicas. El déficit público francés, que en 2023 subió hasta el 5,5% del PIB ―lo que llevó a la Comisión Europea a abrir un expediente por déficit excesivo― corre ahora el riesgo de agravarse hasta el 5,6% este año e incluso hasta el 6,2% en 2025 si no se toman medidas urgentes.

La alarma la transmitieron el lunes Bruno Le Maire, ministro dimisionario de Economía, y Thomas Cazenave, su ministro delegado de cuentas públicas, a los parlamentarios miembros de la comisión de finanzas en la Asamblea Nacional y el Senado. “Hay un serio desajuste de las finanzas públicas”, reconocían en una nota del ministerio de Economía. Según Le Maire, que niega ninguna responsabilidad en la cuestión, no hay otra solución ahora que actuar rápidamente con medidas contundentes como recortar 16.000 millones en el presupuesto del año en curso.

Le Maire se había marcado el objetivo de disminuir el déficit este año al 5,1%, pero los documentos que han hecho llegar a los parlamentarios apuntan a una evolución inversa. La causa, aseguran, es que los ingresos fiscales son peores de lo esperado en lo que respecta al IVA, al impuesto sobre la renta o al impuesto de sociedades. El crecimiento de Francia, sin embargo, debería estar conforme a las expectativas, cercano al 1% o 1,1% en 2024. Pero este aumento del vigor de la economía, impulsado en parte por el comercio exterior, resulta “menos favorable para los ingresos fiscales” de lo previsto, señalan.

Los responsables del ministerio comunicaron que habían descubierto recientemente una situación alarmante en el ámbito de los municipios, departamentos y otras colectividades locales. Sus gastos se han disparado de manera inesperada desde principios de año, mucho más rápido que sus ingresos. Y de, ahí precisamente, surgen eso 16.000 millones de euros que señala Le Maire.

Eric Coquerel, presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y diputado de La Francia Insumisa (LFI, el partido de Jean-Luc Mélenchon), se quejó este martes de que detrás de ese mensaje la intención de Le Maire y Cazenave es imponer al próximo Ejecutivo recortes adicionales en el gasto público, que a su parecer están en el origen del problema.

Ante esta anunciada desviación de las cuentas públicas, que corre el riesgo de debilitar aún más la credibilidad presupuestaria de Francia, Bruno Le Maire asegura que ha hecho todo lo posible. Primero, congelando por decreto, a principios de año, 10 mil millones de euros en gastos. Luego, proponiendo una ley de finanzas rectificativa para ahorrar otros 10 mil millones de euros. Pero este texto no se concretó, por falta de apoyo político. ‘No se ha podido realmente hacer nada ni para mejorar los ingresos fiscales, ni para cancelar créditos, ni en relación con las colectividades locales’, admiten en Bercy.

El Tribunal de Cuentas francés ya alertó a mediados de julio del “inquietante” nivel de la deuda pública nacional, que se sitúa en el 110% del producto interior bruto (PIB), tras un aumento del déficit superior al previsto en 2023.Es el tercer país de la UE, solo por detrás de Grecia e Italia, con la deuda pública más elevada. Además, el organismo señalaba que el camino marcado por el Gobierno dimisionario para enderezar la situación presupuestaria y tratar de revertir el aumento de la deuda hasta 2027 se basaba en objetivos “poco realistas”, debido a previsiones de crecimiento “demasiado optimistas”.

En Bruselas preocupan los crecientes desequilibrios presupuestarios de Paris. El año pasado solo Italia, Hungría y Rumanía, presentaron unos números rojos de las cuentas públicas más abultados que los de Francia. Por eso, el Gobierno de Macron fue uno de los protagonistas durante la negociación del nuevo marco de reglas fiscales de la UE, que se ponen en marcha este año. La influencia francesa en el diseño de las nueva arquitectura presupuestaria provocó que fueran menos rígidas y exigentes de lo que reclamaban otros países más ortodoxos como Alemania, Austria o Países Bajos.

Francia, en el pelotón de cabeza de los países europeos más endeudados, es la economía de la zona euro en el que los impuestos y cotizaciones sociales representan una parte más elevada del PIB, un 47%. Y es, tal y como ha denunciado Le Maire, el país en el que el gasto de las administraciones representa una mayor parte en proporción a la economía, en torno al 58%. El sector público francés tiene un gran peso en la economía. Su estructura administrativa es mucho mayor que en el resto de países del Viejo Continente. Y el Estado francés mantiene participaciones importantes en las grandes multinacionales industriales del país. Francia necesita que su economía crezca para aportar recursos a sus arcas públicas para mantener toda esa estructura. En cuanto el crecimiento se ralentiza se producen desfases presupuestarios que luego resultan más complicado de taponar.

La contracara del déficit presupuestario es la inversión pública. A diferencia de lo que ocurre en la otra gran economía europea, Alemania, donde las cuentas están bajo control, pero la inversión no levanta cabeza, en Francia esta variable mantiene niveles mucho más saludables. Una buena noticia en una Europa que sigue poniendo mucho más la lupa sobre el déficit y la deuda que sobre la inversión.

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