La presión pronuclear crece ante la proximidad del cierre de la central de Almaraz, la mayor de España

A medida que el cierre de la central de Almaraz se aproxima, los colectivos pronucleares —que en España encuentran más respaldo en los partidos conservadores que en los progresistas— redoblan sus llamamientos en favor de esta tecnología, que ahora cubre el 20% de la electricidad que se consume en el país. Pero, más allá de posiciones ideológicas, el avance de las renovables (ya superan el 50% de cuota eléctrica y el Gobierno prevé que en 2030 lleguen al 81%) gracias a su competitividad estrecha cada vez más el espacio para que esta tecnología sobreviva. Es, ante todo, una cuestión económica: tras los decibelios se esconde una pregunta básica: ¿quién paga? O, dicho de otra forma, ¿se debe destinar dinero público —ya sea a través de los presupuestos del Estado o de la factura de todos los consumidores— para que a las eléctricas les resulte rentable mantener activas las cinco centrales que hay en España?

“Es un tema muy delicado, en el que los matices son muy importantes y las afirmaciones gruesas no sirven”, desliza Luis Atienza, expresidente de Red Eléctrica de España (REE) y una de las personas que mejor conoce el ecosistema energético nacional, al tiempo que recuerda que “todas las centrales españolas ya están en fase de extensión de vida respecto a su planteamiento inicial”.

Las propietarias de las centrales —Iberdrola, Endesa y Naturgy— llevan tiempo diciendo que las cuentas no les salen y que, para seguir operando más allá de lo previsto, necesitarían ese respaldo que les garantice recuperar las inversiones para mantener activas esas instalaciones. Lo previsto desde 2019, y lo que está recogido en el plan energético y climático diseñado por el Gobierno —con el aval de Bruselas—, es un cierre progresivo de todas las centrales. Empezando por el primer reactor de Almaraz (Cáceres) el 1 de noviembre de 2027 y concluyendo con el de Trillo (Guadalaja), en 2035. El calendario lo acordaron el Gobierno y las eléctricas hace seis años. El Ministerio para la Transición Ecológica no tiene intención de modificarlo. “Y ninguna empresa nos ha solicitado cambio alguno”, añaden fuentes de este ministerio.

Esto no quiere decir que la relación sea pacífica ahora. Gobierno y eléctricas están enfrentadas, de nuevo, por razones económicas. Al margen de las inversiones millonarias para alargar de forma segura la operación de las centrales, la nuclear tiene otro problema: los costes milmillonarios del desmantelamiento de las centrales y la gestión de sus peligrosos residuos. Una empresa pública, Enresa, se encarga de esas labores en España. Se financia principalmente con las tasas que tienen que pagar las eléctricas mientras operan. Y tras la aprobación del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, estas han aumentado un 30% debido, principalmente, a la imposibilidad de construir un almacén único para guardar los desechos radiactivos más peligrosos al no haber ninguna comunidad autónoma dispuesta a albergar esas instalaciones. Habrá siete repartidos por el país.

Las eléctricas han recurrido el plan de residuos y el real decreto que fija la tasa, según fuentes del sector. Aunque no dan por roto el calendario de cierres, sí aseguran que cuando se acordó con Enresa (en 2019) fue bajo la base de una tasa que se había incrementado un 30%. Pero esto no significa que este enfrentamiento derive en un alargamiento de la vida de las centrales. De hecho, uno de los grandes choques por razones impositivas terminó hace una década en lo contrario: en la parada de Garoña a finales de 2012. Nunca reabrió, su cierre definitivo se aprobó en la última etapa del Gobierno de Rajoy (PP) y ahora está ya en proceso desmantelamiento.

“No tiene nada que ver el debate sobre la prolongación de la vida útil que el de la construcción de nuevas centrales: no hay ninguna duda de que cualquier instalación nueva va a ser menos competitiva que las renovables, incluso si se suma el coste de almacenamiento”, apunta Atienza por teléfono. “En el caso de la extensión, sin embargo, no hay una posición categórica, sino argumentos a favor y en contra. Es cierto que podría dar más tiempo para su sustitución por renovables y no por ciclos combinados, que mejoraría la seguridad de suministro, que reduciría la necesidad de importar gas, y que podría abaratar el precio medio de la factura eléctrica en tanto en cuando buena parte muchos de sus costes hundidos. Pero también que el debate distrae de las prioridades reales: la electrificación de la demanda, la flexibilidad y el almacenamiento. Y que aumentarían los vertidos [desperdicios de energía limpia] y reduciría la retribución que reciben las renovables”.

El expresidente de REE no se muestra “tajantemente en contra de revisar el calendario, porque el desarrollo del almacenamiento va muy lento”. Con un límite importante, eso sí: “Si hay que destinar dinero público o de los consumidores a alargar la vida útil de las centrales, digo rotundamente no [a la prolongación]. Solo estudiaría extenderla si abaratara la factura a los consumidores”.

Mientras, el tiempo corre para Almaraz, la más antigua y más grande. Tiene dos reactores y el primero cuenta con autorización para operar hasta el 1 de noviembre de 2027; el segundo, hasta el 31 de octubre de 2028. Fuentes del sector aseguran que, si se quisiese dar marcha atrás en ese proceso y pedir una nueva ampliación, el horizonte político y económico debería estar despejado en marzo de 2025. Después, ya no habría tiempo material “por necesidades de plantilla, inversiones y combustible nuclear”, señalan esas fuentes.

Lo que sí se ha iniciado ya ha sido el proceso para la licitación de los servicios de ingeniería para el desmantelamiento de la central por parte de Enresa. Fuentes de esta empresa pública sostienen que, de momento, solo se ha anunciado esa licitación, por un valor de 28 millones, y que se espera que se abra oficialmente en enero o febrero de este año. Si finalmente se ampliara todavía más la vida de Almaraz, ese dinero no se habría tirado a la basura, porque el estudio de ingeniería se usará tarde o temprano en el desmantelamiento. Pero los dueños de la central no han presentado ninguna petición de ampliación de la vida de la planta.

¿Cambio de parecer de las eléctricas?

La propiedad de Almaraz es compartida entre Iberdrola, Endesa y Naturgy. Aunque la voz cantante en esta central es la de Iberdrola, que posee el 53% de las acciones. En marzo, Ignacio Galán, presidente de esa compañía, daba por cerrado el debate y sostenía que su intención era respetar el calendario de cierres acordado. Pero hace unos días, este mismo mes, Galán afirmó que se podría alargar la vida de las centrales para poder dotar de energía a los centros de datos. Aunque parezca contradictorio, la clave está en el matiz que incluía en ambos casos. Se puede prolongar “siempre y cuando la parte económica sea atractiva”, es decir, ¿quién y cómo se paga?

José Bogas, el primer ejecutivo de Endesa —el otro gran tenedor de centrales en España—, también ha manifestado recientemente su “desacuerdo intelectual” con el cierre. “La vida útil de estas instalaciones podría extenderse más allá de los 45 años actuales, llegando incluso a 60 o 80 años, como se ha demostrado en Estados Unidos. Seguiremos intentando convencer al Gobierno y a otros actores sobre la importancia de mantener operativas estas instalaciones, ya que creemos firmemente que son beneficiosas para España”, ha afirmado esta semana. Pero, de nuevo, sin aclarar cómo sufragar la prolongación.

Para las eléctricas, el valor de la nuclear es doble: son fundamentales para ofrecer tarifas de precio fijo, en las que el cliente paga lo mismo consuma cuando consuma y que son, también, las que más réditos económicos les dan en su cuenta de resultados.

La posibilidad de que algunos gigantes tecnológicos puedan recurrir a la energía nuclear para mantener sus centros de datos es una de las noticias esperanzadoras que han tenido en los últimos meses los pronucleares, a pesar de que todas las instalaciones de este tipo que están llegando a España lo hacen por su atractivo renovable. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid la semana pasada difundió un comunicado en el que reiteraba su defensa de la nuclear ante el previsto “incremento significativo en la demanda eléctrica en las próximas décadas debido al crecimiento de la implantación de centros de procesamiento de datos e inteligencia artificial”. “Este escenario refuerza la necesidad de mantener y ampliar el uso de la energía nuclear, dada su capacidad para satisfacer la demanda de manera estable y sostenible”, añadían en referencia a que la atómica, al igual que las renovables, no emite gases de efecto invernadero.

A la lucha contra el cambio climático llevan años asiéndose sus defensores. En el acuerdo final de la última cumbre del clima, celebrada en Dubái, se hacía una mención a la nuclear como una de las tecnologías que pueden ayudar al mundo a desengancharse de los combustibles fósiles, aunque sin fijar objetivos concretos para su desarrollo como sí se hizo con las renovables. Además, en Europa también se le ha dado un marchamo sostenible para las inversiones gracias a las presiones de Francia, el país más nuclearizado de la UE y en el que el debate sobre quién paga esta resuelto: el Estado posee el 100% de las acciones de EDF, la propietaria de las centrales.

Pronucleares clásicos... y no tanto

Esta semana a los pronucleares clásicos, encabezados por algunos colegios profesionales, se le ha unido Pepe Álvarez, secretario general de UGT, quien tras una visita a las centrales catalanas de Ascó y Vendellós ha afirmado: “España no puede prescindir de la energía nuclear en la transición ecológica”. Se sumaba, así, a la posición que mantiene la principal patronal catalana, Foment del Treball.

En el plano político, los presidentes de la Comunidad Valenciana y Extremadura, Carlos Mazón y María Guardiola, ambos del PP, también han redoblado su discurso en favor del mantenimiento de las dos plantas que hay en sus territorios, Cofrentes y Almaraz. Y dentro del PSOE extremeño, su nuevo secretario general, Miguel Ángel Gallardo, aboga por el mantenimiento de la planta cacereña.

La inminente salida del Gobierno de Teresa Ribera para ocupar una vicepresidencia de la Comisión Europea también ha añadido incertidumbre sobre este asunto, ya que ella fue la que cerró el pacto con las eléctricas sobre el calendario de cierre de las plantas. Sin embargo, fuentes de la dirección federal del PSOE, defienden que el cierre de las plantas es una posición de partido. Y aseguran que el adiós a la energía nuclear tiene un respaldo mayoritario en las federaciones socialistas del país.