Funcionan 24 horas al día, siete días a la semana. Las cámaras siempre están activas en el lugar más peligroso (y controlado) de la central de Santa María de Garoña. Es el edificio en el que está el antiguo reactor nuclear BWR, de la firma General Electric, y la piscina en la que se guarda desde 1971 todo el combustible que se usó para generar electricidad durante algo más de 40 años. Ese uranio enriquecido es la razón por la que, aunque la central lleva ya más de 10 años desconectada de la red, las cámaras siguen activas, igual que muchas de las medidas de seguridad.

Controlando esas imágenes, en Viena, está el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Se vigila el combustible gastado porque algunos de sus elementos se pueden usar todavía para la fabricación de armas. Bajo una de esas cámaras, Manuel Ondaro explica que todo el proceso de desmantelamiento de la central comenzará por vaciar la piscina de los elementos de combustible. Este ingeniero de minas, con más de dos décadas de experiencia en el desmantelamiento de este tipo de instalaciones, será el encargado de dirigir las operaciones para borrar del mapa esta planta, un proceso que durará alrededor de 10 años.

Porque a Garoña le ha llegado la hora de desaparecer. Esta pequeña central —era la menor de las existentes, con una potencia instalada de 466 MW— está ubicada en el municipio de Valle de Tobalina (900 habitantes), en la comarca burgalesa de las Merindades. Fue desconectada de la red en diciembre de 2012 por sus propietarias, Endesa e Iberdrola. Desde entonces, ha estado en el centro de la batalla entre antinucleares y pronucleares en España. Finalmente, en 2017, las eléctricas, con el visto bueno del Gobierno del PP, decidieron que no salía a cuenta acometer las millonarias obras para que reabriera, condenándola a su desaparición. El Gobierno de PSOE y Podemos aprobó por fin este verano el desmantelamiento de las instalaciones, que llevará a cabo la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos en España: Enresa.

EL PAÍS ha visitado las instalaciones para intentar diseccionar ese desmantelamiento, un proceso en el que solo en la primera fase se tendrán que gestionar 2.000 toneladas de residuos radiactivos, además del combustible gastado. Atravesar las puertas de Garoña es viajar al pasado, hasta la época dorada de la energía nuclear.

El 16 de diciembre de 2012, la central nuclear de Garoña fue desconectada de la red. IMAGEN: PACO PUENTES

A pesar de que lleva más de una década sin operar, se ha mantenido la actividad de control del combustible gastado y de los elementos altamente radiactivos que aún contiene. Esta es la antigua sala de control.

Para poder acceder a la zona en la que se encuentra el reactor se deben cumplir unas medidas de seguridad. Esta es la zona de vestuario.

La central burgalesa, con una potencia instalada de 466 MW, era la más pequeña de España.

El modelo de reactor de Garoña es similar al de la central accidentada de Fukushima, un BWR de General Electric.

La cartelería, los teléfonos, los paneles de seguridad y mucho del mobiliario de la central trasladan al visitante hasta los años setenta, cuando fue inaugurada.

Antes de abandonar las instalaciones del reactor los visitantes se someten a un nuevo control de los niveles de radiactividad.

La época dorada de la energía nuclear está llegando a su fin en España. Eso es, al menos, lo que acordaron en 2019 el Gobierno y las compañías eléctricas propietarias de las cinco centrales nucleares que permanecen activas. Se pactó entonces un calendario de cierre, que empezará con la central de Almaraz (Cáceres) a partir de 2027 y se rematará con Trillo (Guadalajara) en 2035. En este contexto, el desmantelamiento de Garoña se convierte en un banco de pruebas perfecto para lo que vendrá en los próximos años.

El desmantelamiento

Enresa, a la que ya se le ha traspasado la titularidad de la planta burgalesa, estima que el desmantelamiento durará 10 años. Se dividirá en dos fases. La primera se prolongará durante tres años y se espera que arranque a principios de 2024. Y, como detalla Ondaro, se centrará en buena medida en “la gestión del combustible gastado”. Es decir, en sacar de la piscina las barras de uranio, el residuo de más alta actividad que se genera en una nuclear y cuya gestión es la más complicada.

Almacenar temporalmente el combustible gastado en el agua es la solución que se aplica en la mayoría de las centrales en operación. La piscina de Garoña tiene unas dimensiones de siete metros de ancho por 13 de largo. Su profundidad es de 11,4 metros y las barras con el combustible —que miden cuatro metros de alto― se depositan en el fondo. Dentro de la piscina hay unas 440 toneladas de uranio, cuya radiación está contenida ahora por el agua.

Prácticamente todo el combustible gastado (uranio enriquecido) que se ha empleado en Garoña desde 1971 se guarda en esta piscina. IMAGEN: PACO PUENTES

En el caso de Garoña, la piscina se encuentra junto al reactor para minimizar el riesgo en el transporte del combustible gastado hasta la piscina.

La primera fase del desmantelamiento de la central comenzará con el vaciado de los elementos de combustible de esa piscina.

Para extraer el combustible se empleará la misma grúa que se usaba para cargar y descargar el reactor.

El edificio en el que están el reactor y la piscina de combustible es la zona más controlada de toda la central.

Aunque Garoña ya no está en operación, la Organización Internacional de la Energía Atómica mantiene un control permanente al almacenar todavía uranio enriquecido.

Para poder llevar a cabo el desmantelamiento hay que sacar de la piscina esos elementos de combustible. Se cambiará el blindaje que ofrece el agua por unos contenedores especiales para guardar en seco el material radiactivo. Los contenedores cilíndricos se trasladarán hasta el denominado ATI (Almacén Temporal Individualizado), ubicado a unos 300 metros de distancia del edificio del reactor, dentro de las instalaciones de Garoña. Está previsto que los trabajos de carga de los contenedores comiencen a principios de 2024, y durarán tres años. En total, se usarán 49. Hasta ahora, solo se ha cargado uno y se necesitaron 160 horas de trabajo para completar la maniobra.

Desde la piscina, el combustible será trasladado hasta el ATI (Almacén Temporal Individualizado). IMAGEN: PACO PUENTES

El traslado de estos residuos de alta actividad será uno de los momentos más sensibles del proceso de desmantelamiento.

Este es el ATI, donde los residuos se guardarán en estos contenedores hasta que exista en España un almacén geológico profundo, algo que no se espera que ocurra hasta los años setenta de este siglo.

Si no hay cambios en la planificación de la gestión de los residuos nucleares en España, esos 49 contenedores quedarán depositados en el ATI, al menos, hasta la década de los años setenta de este siglo. En ese momento, según los planes actuales de Enresa, España ya dispondrá de un almacén geológico profundo para poder albergar los residuos radiactivos de alta actividad de todas las centrales del país.

El coste estimado del ATI asciende a 183 millones de euros. A eso hay que añadir otros 600.000 euros anuales del mantenimiento de este almacén. Y el coste total del desmantelamiento de Garoña, sin contar el ATI, será de unos 475 millones. ¿Quién lo pagará? Enresa es la que hace frente a los gastos; y esta empresa pública se financia principalmente con las tasas que pagan las nucleares para hacerse cargo de sus residuos y de desmontar las centrales cuando llegue el momento.

En la fase primera del desmantelamiento, que ya cuenta con todos los permisos de las administraciones y en la que se estima que trabajarán 350 personas, también se llevará a cabo el desmontaje del edificio de turbinas. Porque esta zona de Garoña se convertirá “en el centro neurálgico” del proceso, señala Ondaro, que ya dirigió para Enresa los trabajos de desmantelamiento de la central de Zorita (Guadalajara).

Una vez despejado, el edificio de turbinas será el lugar en el que se clasifiquen todos los residuos que genere el desmantelamiento para saber qué destino deben tomar. Aproximadamente, un 20% de los desechos serán radiactivos. El resto serán convencionales.

El mayor volumen de residuos se generará durante la segunda fase del desmantelamiento, que durará siete años. Será el momento en el que se proceda al desmontaje y la demolición de todas las estructuras de la central. “El desmantelamiento se hace de dentro a fuera”, detalla Ondaro. Así se podrán clasificar los residuos correctamente, aunque ya se ha realizado un trabajo previo para identificar los elementos que deberán ser tratados como residuos radiactivos.

Al final, cuando dentro de 10 años esté concluido todo el proceso de desmantelamiento, donde hoy está la central solo quedará el ATI con los 49 contenedores que guardan encapsulado el combustible gastado, que deberán ser controlados durante miles de años. Esos depósitos, que también tendrán un control constante por parte de la OIEA, permanecerán ahí durante, al menos, 50 años más, ya que España no cuenta todavía con un cementerio para los residuos radiactivos más peligrosos.

El combustible usado está clasificado como residuo de alta actividad. Pero en el desmantelamiento de Garoña también se producirá basura radiactiva de media, baja y muy baja actividad. Solo en la primera fase se generarán unas 6.000 toneladas de residuos en total, de los que unas 2.000 toneladas serán radiactivos de ese tipo, estima Enresa. Esas 2.000 toneladas sí saldrán de Burgos. Lo harán rumbo a una recóndita finca ubicada al norte de la provincia de Córdoba, hasta El Cabril.

El Cabril

A casi 800 kilómetros por carretera de Garoña, perdido en la Sierra Albarrana, que forma parte de la Sierra Morena cordobesa, está el único cementerio nuclear de España. Allí aguardan ya a los camiones procedentes de Burgos la directora de este complejo propiedad también de Enresa, Eva Noguero, y todo su equipo.

La desaparición completa de Garoña generará 7.500 metros cúbicos de desechos de muy baja actividad y 5.900 de baja y media, según los cálculos de Enresa. Desde que oficialmente El Cabril comenzó a operar en 1986, han llegado cerca de 60.000 metros cúbicos de residuos radiactivos de este tipo procedentes de las casi mil instalaciones radiactivas que hay en el país. Aunque los principales clientes son y serán las centrales nucleares, y más a medida que vayan cerrando y desmantelándose las plantas.

Los orígenes de este almacén, que ahora ocupa 35 hectáreas dentro de una finca de más de 1.220, están en el franquismo y en una antigua explotación de uranio, la conocida como Mina Beta. Cuando cesó la actividad minera, a partir de los años sesenta, la dictadura empezó a guardar ahí de forma clandestina los residuos radiactivos procedentes de diferentes actividades e incidentes, como el accidente que ocurrió en 1970 en plena ciudad universitaria de Madrid con una reactor experimental y que terminó por contaminar el río Jarama y parte de sus márgenes. El Gobierno franquista acometió una operación secreta de limpieza y parte de los residuos acabaron escondidos en la Mina Beta.

Con la llegada de la democracia y la creación a principios de los años ochenta de la empresa pública Enresa, a unos metros de la antigua explotación de uranio se empezó a construir el actual centro de almacenamiento. “En 1986 se extrajeron todos los residuos de la mina y se llevaron a los módulos que se construyeron”, recuerda Noguero desde estas recónditas instalaciones que están rodeadas de encinas y ciervos; el núcleo de población más próximo está a más de 30 kilómetros.

Los residuos radiactivos de muy baja actividad se depositan en zanjas y son cubiertos por gravilla. IMAGEN: PACO PUENTES

Los desechos radiactivos de baja y media actividad se depositan en celdas cubiertas por cemento.

El origen del almacén de El Cabril es la denominada mina Beta, donde se almacenaron durante la dictadura los residuos radiactivos desde 1961. Ya en los ochenta se construyeron las instalaciones del almacén próximas a esta antigua mina de uranio.

El contacto con los residuos se intenta reducir al mínimo y se hace de forma remota.

Los bidones con los residuos de media y baja actividad se cargan en los contenedores también de forma remota.

Bajo las instalaciones en las que se depositan los residuos, hay una red de túneles para controlar las filtraciones de agua contaminada.

El Cabril cuenta con un laboratorio para analizar los residuos que le llegan y con un área de recepción y acondicionamiento en la que se evita el contacto de los trabajadores con los desechos más peligrosos. Hay dos zonas de depósito de la basura, una para los residuos de baja y media actividad y otra para los de muy baja actividad.

En el caso de los de media y baja actividad, los desechos llegan en los característicos bidones amarillos de 220 litros. Luego se encapsulan en contenedores cúbicos a los que se les inyecta mortero. Esos contenedores se depositan a su vez en unas de las celdas, que tienen capacidad para 320 contenedores. Cuando están completas se sellan con mortero y se tapan con una estructura de hormigón. El Cabril cuenta ahora mismo con dos plataformas con capacidad para 28 celdas. Una de las plataformas está ya completa y la otra va camino de llenarse también. “Con los desmantelamientos de las centrales no hay suficiente espacio”, reconoce la directora del complejo, que está ya preparando la ampliación de estas instalaciones para poner en funcionamiento dos nuevas plataformas. “Para 2028, ya estarán completas todas las celdas que tenemos ahora”, advierte Noguero.

El futuro de esas plataformas en las que están encapsulados los bidones con los residuos es estar cubiertas por tierra y vegetación. El próximo año está previsto que comience un proyecto piloto para cubrir una de las celdas, adelanta Noguero. ¿Y cuánto tiempo deberá pasar para que se pueda considerar liberado este emplazamiento porque ya no sea peligroso para el ser humano? Trescientos años, responde la directora de El Cabril.

La otra zona de almacenamiento es la destinada a los residuos de muy baja actividad, que requieren un tratamiento menos severo. Básicamente, los desechos se entierran, con lo que se consigue contener la radiación.

Como en el caso de los de media y baja actividad, Enresa planea la construcción de dos celdas más para poder hacer frente a todos los residuos que llegarán con el desmantelamiento de Garoña primero y luego de las otras cinco centrales nucleares que aún están activas en España pero que ya tienen fecha de caducidad.

El incierto futuro de los residuos más peligrosos

Realmente, el problema de la gestión de los residuos radiactivos no está en los que acaban en El Cabril, sino en los de alta actividad, fundamentalmente, el combustible gastado. La construcción del ATI en Garoña (y en el resto de centrales en activo y la antigua Zorita) ha sido una solución temporal adoptada por descarte. Hasta hace poco, el objetivo era construir un único almacenamiento temporal para guardar todo el combustible gastado. El lugar designado fue una localidad de Cuenca, Villar de Cañas, que no contaba con ninguna instalación nuclear. Pero las dudas sobre el emplazamiento elegido y, sobre todo, la oposición del Gobierno de Castilla-La Mancha hicieron naufragar el proyecto.

La gestión de los residuos radiactivos en España se rige a través de planes nacionales que se aprueban periódicamente. El séptimo plan está ya rematado y con todos los trámites cumplidos, aunque se está a la espera de que se constituya el Ejecutivo para que sea definitivamente aprobado en el Consejo de Ministros. En el documento se renuncia ya a la construcción de un almacén centralizado y se indica que la solución temporal serán siete silos, uno en cada central (las cinco operativas más Garoña y Zorita, que están ya cerradas). Porque ninguna comunidad autónoma se ha ofrecido para acoger los residuos de todas las nucleares.

Esa es la solución transitoria, la definitiva es la puesta en marcha del llamado almacén geológico profundo. Ese silo empezaría a funcionar a partir de 2073, según el plan nacional de gestión que está a punto de aprobarse. Aunque lo cierto es que actualmente no existe un deposito de este tipo en funcionamiento en ningún lugar del mundo. El más avanzado es el proyecto de Finlandia, donde ya se han iniciado las excavaciones y la construcción. Está previsto que pueda empezar a operar en torno al año 2025.

En España, en los años noventa se realizaron trabajos previos para identificar zonas del país que geológicamente sean susceptibles para albergar un almacén de este tipo. En el plan de residuos que está pendiente de ser aprobado se ofrece un calendario tentativo para la construcción de este silo. Pero se resalta que el emplazamiento no solo solo debe cumplir los requisitos técnicos y los criterios de seguridad, sino que también debe contar “con la aceptación social y política necesaria”.

Según ese calendario, a partir de 2029 se empezarían a seleccionar los emplazamientos favorables, un proceso que concluiría una década después, en 2039. A partir de ese momento comenzaría el proceso técnico y administrativo para poder iniciar la construcción del almacén geológico profundo a partir de 2060 y que, teóricamente, llevará a que en la década de los setenta se depositen ahí los residuos radiactivos que han generado las nucleares del país. También, esas 440 toneladas de uranio que hay en la piscina de Garoña y que las cámaras controlan 24 horas al día y siete días a la semana.