El Gobierno descarta construir un único cementerio nuclear y cada central guardará sus residuos

Tras años de incertidumbres sobre el destino de los residuos radiactivos, cuya gestión es uno de los grandes problemas de la energía nuclear, el Gobierno por fin ha tomado la decisión sobre dónde guardarlos a medida que las centrales vayan cerrando. Y, ante la falta de consenso con las comunidades para poner en pie un único almacén centralizado (conocido por las siglas ATC), habrá siete. Es decir, cada una de las siete nucleares deberá quedarse con sus residuos una vez cese la actividad y se desmantelen. Así se fija en el proyecto del séptimo plan general de residuos radiactivos que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha enviado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y a las autonomías.

Hasta el martes, el departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera había dejado abierta la puerta en los distintos borradores de este plan a que hubiera un solo almacén centralizado, que era la opción por la que se habían decantado los anteriores gobiernos, tanto del PP como del PSOE. Con esa intención había sometido a exposición pública un documento en el que se hablaba de la posibilidad de que España contara con uno solo o con siete de estos silos. Las comunidades autónomas se podían haber pronunciado durante esa fase y haberse ofrecido a que en su territorio se construyera esta polémica instalación. Pero fuentes conocedoras de todo el proceso explican que ninguna lo ha hecho. “Ha habido ayuntamientos interesados, ha habido una voluntad de los gobiernos centrales por tener un ATC, pero un ATC no se puede designar contra una comunidad autónoma”, explicaba en mayo a EL PAÍS José Luis Navarro, presidente de Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos en España.

Teóricamente, esos siete almacenes serán temporales. Porque la solución a largo plazo sería un “almacén geológico profundo”, que entraría supuestamente en funcionamiento a partir de 2073. Pero, ante lo incierto de esa infraestructura, lo cierto es que cada una de las siete localidades en las que ahora hay centrales nucleares deberá quedarse con los residuos debido a la imposibilidad de conseguir el suficiente consenso para centralizar todos los desechos en una sola instalación en España.

El paso dado ahora por el Ministerio para la Transición Ecológica supone la confirmación del cambio de rumbo respecto a la gestión de estos residuos de alta intensidad. Durante el segundo mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero se abrió el proceso para decidir el emplazamiento para la construcción de un solo ATC. Pero fue el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que finalmente designó, nada más llegar a La Moncloa, a Villar de Cañas, en Cuenca, como el lugar en el que se levantaría esta infraestructura. Esta ubicación —que no era la mejor, según diferentes voces— fue la elegida en gran parte por las gestiones que realizó la popular María Dolores de Cospedal, entonces presidenta de Castilla-La Mancha.

Comenzó entonces la tramitación del proyecto y surgieron dudas sobre la idoneidad de los terrenos elegidos. En 2015, Cospedal perdió las elecciones y cuando el PSOE volvió a gobernar esta comunidad emprendió una verdadera guerra contra el ATC que lo dejó en un punto muerto. Finalmente, cuando el PSOE volvió a La Moncloa en 2018 paralizó definitivamente el proyecto, en el que se llegaron a gastar 90 millones de euros.

Pero el problema de los residuos nucleares seguía ahí y España estaba obligada a aprobar un plan de gestión de estos desechos porque el anterior, que data de 2006, llevaba años caducado y Bruselas apremiaba. Y en ese documento era inevitable que el ministerio ofreciera una hoja de ruta clara sobre lo que se debe hacer con la basura de alta actividad de las centrales nucleares. Es decir, tenía que aclarar si se sigue adelante con un ATC, independientemente de que fuera en Villar de Cañas o en otro lugar, o si cada central tendrá que quedarse con los suyos. Hay ayuntamientos que están dispuestos a quedarse con una infraestructura centralizada para todos ellos, pero no hay ninguna comunidad que quiera quedarse con la basura de las centrales que hay en las otras autonomías. Por eso la solución salomónica a la que se llega son esos siete almacenes.

El texto que ha enviado el ministerio al CSN y a las comunidades tiene todavía que continuar con su tramitación. Falta el imprescindible informe ambiental. Pero fuentes de Enresa aseguran que los plazos son ajustados pero suficientes para que se apruebe durante esta legislatura el plan nacional.

El informe confirma el calendario de cierre de todas las centrales, un proceso que empezará en 2027 y que culminará en 2035. Sigue así las directrices marcadas ya en el vigente plan nacional integrado de energía y clima. Ese calendario de cierre fue pactado en marzo de 2019 entre Enresa y las propietarias de las nucleares, que son las tres principales eléctricas del país: Iberdrola, Endesa y Naturgy.

España cuenta ya con un almacén para los residuos de baja y media actividad: el Cabril, ubicado en la provincia de Córdoba. El problema lo tiene el país con los desechos radiactivos de alta actividad, principalmente el combustible gastado de las centrales y los restos muy contaminados de los desmantelamientos de estas instalaciones. Al no contar con unas instalaciones centralizadas para guardarlos, parte de esos residuos fueron enviados a Francia.

Otra parte importante, las barras de combustible gastado, se han ido almacenando en las piscinas de las centrales y, posteriormente, se han sacado y guardado en las propias instalaciones que siguen en operación. El plan nacional de residuos vigente establecía que luego serían trasladas al malogrado almacén temporal centralizado. Pero, ahora, una vez que se clausuren las instalaciones y se terminen de desmantelar, los residuos continuarán allí.

Puedes seguir a CLIMA Y MEDIO AMBIENTE en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal