El Gobierno paraliza el permiso de construcción del almacén de residuos nucleares

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que la semana pasada el departamento de Teresa Ribera envió el escrito al CSN, el supervisor encargado de analizar y avalar el permiso de construcción del silo para desechos nucleares. En la misiva se instaba a suspender la tramitación de ese expediente. Las mismas fuentes señalan que en breve el CSN celebrará un pleno en el que está previsto que se apruebe la paralización del permiso de construcción a instancias del ministerio.

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El ATC es una costosa infraestructura —su presupuesto ronda los mil millones— cuya ubicación ha estado envuelta en la polémica. El CSN avaló el emplazamiento elegido en julio de 2015. Aunque fue un visto bueno conflictivo. Técnicos del propio CSN y alguna consultora externa pusieron en duda la idoneidad de los suelos de los terrenos elegidos en Villar de Cañas.

Pero en este caso hay algo más que una oposición técnica; también hay un fuerte pulso político entre el Gobierno de Castilla-La Mancha –que rechaza que el silo se levante en Cuenca– y el Ejecutivo central –que en 2011, nada más llegar el PP a La Moncloa, designó Villar de Cañas como el lugar en el que se levantaría el ATC–.

El cambio de Gobierno supone ahora la paralización de ese permiso de construcción, algo que reclamaban a Ribera varios colectivos contrarios al proyecto y su compañero de partido Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Supone un nuevo parón en un proyecto que acumula años de retrasos. En el desfasado –aunque vigente– plan nacional de residuos nucleares se señala que este silo debería estar listo en 2010. En 2015, cuando se constató el enésimo retraso, se dio como fecha para que estuviera operativo este 2018. Y 2021 es el límite que ha puesto sobre la mesa Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos nucleares en España.

Mientras se constataban estos retrasos, las centrales nucleares en activo han ido construyendo almacenes individuales dentro de sus instalaciones para guardar el peligroso combustible gastado de sus reactores.

El ministerio de Ribera vincula la suspensión de la tramitación de ese permiso a que aún está diseñando su estrategia energética para la próxima década. Y para proyectar y acometer una millonaria infraestructura de este tipo es fundamental conocer qué necesidades debe cubrir. Por ejemplo, no es lo mismo que todas las centrales hayan cerrado en 2028 –cuando cumplan los 40 años– a que el Ejecutivo permita que operen más allá de las cuatro décadas.

Ese futuro energético lo deberá plasmar el Gobierno en un plan de energía y clima que debe presentar antes de final de año a la Comisión Europea. Fuentes ministeriales señalan que antes de presentar ese plan –algo que ocurrirá posiblemente en diciembre– se habrán dado instrucciones al CSN sobre qué debe hacer con la tramitación del permiso de construcción pendiente.