Castilla-La Mancha declara la guerra al cementerio nuclear

La Junta de Castilla-La Mancha ha iniciado este martes una guerra contra el cementerio nuclear que el Gobierno central planea levantar en Villar de Cañas (Cuenca). El Ejecutivo de Emiliano García-Page (PSOE) ha aprobado la ampliación de un espacio protegido cercano y ha incluido así, dentro de los nuevos límites, la parcela en la que está previsto el silo. La Junta sostiene que ya no se podrá "continuar con el proceso de construcción". El PSOE federal ha pedido reconsiderar la ubicación del almacén nuclear por los sobrecostes que supondrá vencer las dificultades del suelo elegido.

García-Page lanzó el aviso hace una semana: para que se haga un cementerio nuclear "tiene que haber un consenso social". "Y esta condición no se está cumpliendo", subrayó. Cuando dijo esto, en el registro de la Junta ya había entrado un escrito de la plataforma contraria al silo —formada por unas 50 asociaciones y representantes de municipios de la comarca— en el que se solicitaba la ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) de la Laguna del Hito. Este martes el Gobierno autónomo ha aceptado la propuesta y ha iniciado los trámites para la ampliación. Se multiplica por 25 la superficie protegida —de 1.000 a 25.000 hectáreas— y el lugar en el que se prevé levantar el cementerio de residuos nucleares —a las afueras del pueblo de Villar de Cañas— queda dentro de los nuevos límites.

A partir de ahora, cualquier actuación de envergadura en la zona —como las obras para construir ese silo— quedaría bloqueada. "No se podrán realizar actos en esa superficie que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno", ha sostenido Francisco Martínez Arroyo, consejero castellano-manchego de Agricultura y Medio Ambiente.

"Esto acabará en Europa"

Pero ni mucho menos esto es el final de la historia. El Gobierno central, que ha acelerado los trámites del Almacén Temporal Centralizado (ATC), y la Junta de Castilla-La Mancha están inmersos en un juego de la soga. La Junta ha dado este lunes un importante arreón. Ahora toca mover ficha al Gobierno.

La legislación europea establece que para saltarse una declaración Zepa de este tipo hace falta que el proyecto en cuestión sea declarado de "interés público de primer orden" por el Gobierno. Pero Juan Carlos Atienza, miembro de la ONG Seo/BirdLife —que ya en 1999 propuso la protección de toda esta zona—, ha indicado que también hace falta que para ese proyecto "no exista otra alternativa", es decir, que el almacén solo se pudiera hacer en la parcela seleccionada. "Esto acabará en la mesa de la Comisión Europea, que tendrá que decidir", ha admitido el consejero Martínez Arroyo.

El PP eligió Villar de Cañas nada más llegar a La Moncloa, a finales de 2011. El apoyo de María Dolores de Cospedal (PP), entonces presidenta de la Junta, fue fundamental. Pero, tras perder las últimas elecciones en Castilla-La Mancha, el silo ha perdido ese soporte político.

La oposición de la actual Junta, gobernada por el PSOE, al almacén nuclear se centra en las dudas sobre los terrenos, que cuentan con yesos susceptibles de crear oquedades. Esta circunstancia no haría imposible la construcción del ATC, pero supondría "elevadísimos sobrecostes no cuantificados todavía", según ha reiterado el Colegio Oficial de Geólogos. "Los acabaremos pagando a través del recibo de la luz", ha añadido este colegio. El presupuesto inicial del ATC —un almacén pensado para guardar los residuos que ahora acumulan las centrales nucleares y los restos del desmantelamiento de las instalaciones de Vandellòs— rondaba los mil millones de euros.

La secretaria de Cambio Climático del PSOE, Pilar Lucio, ha apuntado también a los "enormes sobrecostes de las obras". Los socialistas, según Lucio, no se oponen a que se haga un ATC, que ven necesario para albergar los residuos de las centrales, pero piden reconsiderar la ubicación de esta instalación para que existan "garantías absolutas" de seguridad. El PSOE ha acusado al Gobierno de haber desperdiciado cuatro años y de "querer cerrarlo a toda prisa, con una falta absoluta de transparencia y sin tener en cuenta los informes que desde diferentes ámbitos desaconsejan la construcción del ATC en Villar de Cañas".

Consejeras enfrentadas

El paso dado por la Junta se ha producido un día después de que el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) apoyara la concesión de la autorización previa para el silo, lo que supone reconocer la idoneidad de los terrenos. El Gobierno prevé ratificar el viernes este permiso previo tras el aval del CSN. El pleno del consejo está compuesto por cinco miembros: dos nombrados por el PP —Fernando Marti y Fernando Castelló—, otros dos por el PSOE —Rosario Velasco y Cristina Narbona— y uno más de CiU —Antoni Gurguí—. Solo la exministra socialista Narbona votó en contra de ese permiso.

Narbona ha emitido un voto particular en el que rechaza que el pleno apoyara la autorización "sin haber disipado las incertidumbres actuales detectadas por el cuerpo técnico del CSN, y sin contar con todas las garantías investigadoras y científicas". Al igual que han hecho algunos de los técnicos del propio consejo, la exministra cuestiona que se hayan evaluado bien los esfuerzos (principalmente económicos) que supondría levantar el ATC en esa parcela.

"No es nuestra competencia", ha dicho este lunes sobre la evaluación de los costes Rosario Velasco, compañera de partido de Narbona y vicepresidenta del CSN. Velasco ha recordado que el consejo "no ha elegido el emplazamiento" y que la decisión adoptada el lunes cumple con la normativa nacional e internacional. Mientras, la asociación que representa a las centrales nucleares españolas ha señalado que la puesta en marcha del ATC es "un elemento clave para la estrategia energética".