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Geólogos del CSN ven “desfavorables” los suelos para el cementerio nuclear

Los técnicos dudan de que se hayan evaluado bien los recursos que se necesitarán para superar las dificultades de los terrenos

El pleno del consejo analiza este lunes de nuevo la autorización para el almacén de Cuenca

cementerio nuclear en Villar de Cañas
Concentración en Madrid contra el almacén nuclear de Villar de Cañas.

El área de geología del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mantiene las dudas sobre los suelos elegidos por el Gobierno en Villar de Cañas (Cuenca) para levantar el almacén de residuos radiactivos. Los técnicos han enviado una nota a la dirección del CSN en la que señalan que los análisis han constatado las "características desfavorables" del lugar. Van un paso más allá y plantean la "duda razonable" sobre si se han evaluado rigurosamente los recursos que se necesitan para paliar esas carencias de la parcela. El pleno del CSN, formado por cinco consejeros del PP, PSOE y CiU, estudia otra vez este lunes el expediente.

A pesar de las dudas sobre los terrenos —la caracterización de la parcela no se ha completado—, el informe de la dirección del CSN sobre el silo es favorable. Partiendo de ese informe, los cinco consejeros tendrán que decidir si apoyan conceder la autorización previa al Almacén Temporal Centralizado (ATC). Este primer permiso, sin embargo, no supondría que las obras comiencen ya; el CSN tendría que decidir más adelante sobre la autorización de construcción una vez que se cumplan una serie de condiciones. Aunque el Ministerio de Industria solicitó en su día ambos permisos a la vez, la dirección del consejo de seguridad ha decidido desligarlos. El ministerio pretende dejar encarrilado este asunto antes de las elecciones.

La autorización previa —que puede salir adelante en el pleno de este lunes— supondrá el reconocimiento "oficial" del organismo encargado en España de la seguridad nuclear de "la idoneidad del emplazamiento". Pero hasta ahora se ha constatado que los estudios sobre los terrenos designados no están completos. Enresa, la empresa pública encargada del proyecto y de gestionar los residuos radiactivos en España, ha encargado nuevos sondeos en la parcela para terminar de conocer su comportamiento. Estos trabajos, que durarían ocho meses, no comenzarán hasta septiembre.

La dirección del CSN, sin embargo, considera que se puede conceder ya el permiso previo y admitir así que el emplazamiento es idóneo. En este caso, lo que se realiza es una interpretación extensiva del término emplazamiento. Es decir, no solo se consideran por separado los terrenos, sino que se entiende por emplazamiento los suelos y la solución de ingeniería adoptada por Enresa para asegurar la estabilidad del futuro silo nuclear.

Los cinco consejeros que decidirán

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear está formado por cinco miembros. Se nombran en el Congreso de los Diputados. Los cinco consejeros actuales, que fueron designados en abril de 2013, fueron nombrados por el PP, el PSOE y CiU.

Fernando Marti es el presidente, a propuesta del PP. Era secretario de Estado de Energía del Gobierno central cuando se decidió a finales de 2011 la ubicación del silo.

Rosario Velasco es la vicepresidenta a propuesta del PSOE. Ha sido concejal en Ponferrada y diputada en Castilla y León y el Congreso.

Los otros consejeros son: el exsecretario de Estado de la Seguridad Social Fernando Castelló (PP); la exministra Cristina Narbona (PSOE) y Antoni Gurguí (CiU), exdirector de Industria catalán.

Los recelos sobre el terreno de Villar de Cañas —que fue designada por el Gobierno en 2011 siguiendo criterios políticos fundamentalmente— se centran en la presencia de yesos susceptibles de disolverse y crear alguna oquedad. Y las dudas no las tienen solo técnicos del CSN. La prestigiosa empresa de ingeniería estadounidense URS, contratada por el consejo para las labores de investigación del silo, ha emitido tres informes en los que apunta a los mismos problemas.

El diseño ideado por Enresa plantea una cimentación "envolvente" que incluye que, en el peor de los casos, se abra un hueco de tres metros de diámetro en los yesos. La dirección del CSN considera acertada esta solución, aunque cree necesario que Enresa complete la caracterización de los suelos antes de empezar a construir. Además, sopesa imponer un programa de vigilancia permanente durante las obras y cuando esté funcionando el ATC, cuya vida útil se estima en 60 años.

Pero en el seno del CSN, entre los técnicos, hay discrepancias. El área de geología ya había dejado constancia clara de la falta de un análisis completo a lo largo de los últimos meses. Apuntó sobre todo a las carencias en los estudios geotécnicos e hidrogeológicos. Pero la semana pasada estos técnicos emitieron una nota en la que se mostraron más explícitos.

"Duda razonable"

En el escrito se afirma que debido a las "características desfavorables" que se han detectado y a su importancia para la "seguridad operativa" del ATC durante su vida útil, existe "la duda razonable de si se ha comprobado con rigor la adecuada proporcionalidad" entre lo que se tendrá que hacer para superar esas carencias y "los recursos de todo tipo" que se necesitan para garantizar la estabilidad del almacén. Es decir, no niegan que el silo pueda hacerse, sino resaltan el esfuerzo que se necesitará para superar la aparente inestabilidad de los terrenos.

Estados Unidos, a diferencia de España, cuenta para este tipo de instalaciones nucleares con una completa normativa. Establece, por ejemplo, que cuando en un emplazamiento aparezcan durante la investigación características desfavorables —como cavidades subterráneas, desprendimientos o inundaciones periódicas— "puede ser recomendable desechar el sitio".

Blindar el ATC podría suponer un sobrecoste importante. El almacén —cuyo presupuesto inicial era de unos mil millones— lo sufraga Enresa, que a su vez se financia con las aportaciones de las centrales nucleares. Pero el Tribunal de Cuentas alertó en febrero de los problemas de financiación que se están gestando en el fondo del que se nutre el vigente Plan General Residuos Radiactivos. Este supervisor pedía cambios en el modelo de tasas. Y resaltaba que, con el sistema actual, "quedarían sin cubrir el 28% de las necesidades de financiación" de Enresa en el periodo 2010-2085 por "la gestión de los residuos radiactivos y el combustible nuclear gastado". Se trataría de un agujero de "1.800 millones de euros", que el Tribunal de Cuentas teme que se acabe tapando con recursos públicos.

Dudas sobre el programa de residuos radiactivos

El paraguas legal que sustenta la construcción del almacén para residuos nucleares es el sexto Plan General de Residuos Radiactivos, aprobado en 2006. El silo estaba pensado para albergar los restos del desmantelamiento de la central de Vandellòs, que permanecen en Francia. También para recoger el combustible del resto de centrales de España. Pero en los últimos años algunas centrales han construido Almacenes Temporales Individualizados (ATI) para su combustible gastado. La previsión de este Gobierno era aprobar un nuevo plan general en 2013, algo que no ha ocurrido. Mientras, el Ejecutivo del PP estudia ampliar la vida útil de las centrales de los 40 a los 60 años. Esto haría que se generase un mayor volumen de residuos. Y el almacén de Villar de Cañas está ideado bajo un plan general desfasado en el que no se contemplaba la ampliación de la vida de las centrales. Técnicos del CSN, del área de gestión de residuos, también han dejado constancia por escrito de la falta de actualización del plan general de 2006.