Las centrales recurren a sus propios almacenes nucleares ante el parón de Villar de Cañas

¿Qué hacer con los residuos de las centrales nucleares? La respuesta definitiva a esta pregunta no se ha encontrado. En España, la solución —temporal— parecía el almacén centralizado previsto en el municipio conquense de Villar de Cañas, que tendría que acoger todos los residuos de este tipo hasta mediados de siglo, cuando, se supone, se habrá encontrado una fórmula definitiva. Pero el retraso del proyecto de Cuenca —que apadrina el Gobierno central, del PP, y está bloqueado por la Junta de Castilla-La Mancha, del PSOE— ha hecho que las centrales busquen otra salida. Las centrales, que generan el 20% de la electricidad del país, están recurriendo a Almacenes Temporales Individualizados (ATI) dentro de sus propias instalaciones.

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Cuatro de las cinco centrales en activo de España tienen ya almacenes de este tipo o están tramitando permisos para construirlos. Lo hacen al tener las piscinas en las que guardan el combustible usado casi al tope de su capacidad, rondando el 90%.

La de Almaraz acaba de recibir el visto bueno del Ejecutivo para construir su ATI, cuyo coste es de 24 millones y que se empezará a levantar en 2017. El director de la central, José María Bernaldo de Quirós, reconocía hace unas semanas que este proyecto "se ha tenido que adelantar porque la perspectiva que ahora mismo tiene el Almacén Temporal Centralizado se ha complicado". La central, añadía, necesita un "margen suficiente" para almacenar su combustible usado. Según datos de Enresa —la empresa pública que gestiona los residuos nucleares—, las piscinas de Almaraz están casi llenas. La del reactor uno llegará a ese punto en 2018. La del segundo reactor, en 2021.

Conflicto con Portugal

El visto bueno del Gobierno a Almaraz ha causado un roce con Portugal —esta central está a unos 100 kilómetros del país vecino—. El ministro de Medio Ambiente portugués, João Matos Fernandes, y la ministra española Isabel García Tejerina se reunirán en enero para abordar este asunto. Portugal cree que no se han sopesado los impactos transfronterizos del ATI. Esta central, la más antigua en activo del parque español, ha causado ya varios choques diplomáticos con Portugal.

El plan nacional de residuos nucleares —que data de 2006 y no ha sido actualizado— preveía que el ATC de Villar de Cañas estuviera operativo en 2010, pero no fue hasta 2011 cuando se designó la parcela. Luego se ofreció otra fecha: podría empezar a operar en 2017. Pero Enresa admitía en su última memoria anual que "el proyecto sufrirá un retraso difícilmente cuantificable". Fuentes del sector estiman que, como pronto, podría empezar a funcionar en 2020. Y eso siempre que el Gobierno maniobre —posiblemente declarando el proyecto de interés público— para sortear el bloqueo del Ejecutivo autonómico.

En julio de 2015, la Junta de Castilla-La Mancha amplió una zona protegida e introdujo dentro de esa área los terrenos de Villar de Cañas en los que está previsto levantar el almacén. Esto impide que las Administraciones autoricen proyectos dentro. Entre las razones que esgrime la Junta para oponerse están las dudas sobre la estabilidad de los suelos: es decir, que para construir en ellos el ATC se requiera una obra de ingeniería que podría incrementar el coste inicial de 1.200 millones.

Pese a reconocer este veto, Enresa ha seguido licitando y tramitando los permisos. Según la empresa pública, se han gastado ya en este proyecto 77,42 millones.

Costes

El coste anual de un ATI como el que se construirá en Almaraz está entre el millón de euros y los 2,5 millones, sostiene Enresa. Si cada central cuenta con un almacén propio, ¿qué sentido tiene hacer uno nuevo en Villar de Cañas? Esta pregunta se la han planteado ya diferentes partidos y organizaciones ecologistas. Sin embargo, Enresa esgrime razones económicas. "Se estima que una estrategia de ATIs, con prestaciones similares al ATC en materia de seguridad, tendría un coste total aproximado de 2.200 millones de euros", señala la empresa a EL PAÍS.

El tema no resuelto de los residuos es una de las claves para la ampliación de la vida de las centrales españolas más allá de los 40 años. El Gobierno es favorable a esa ampliación, pero la mayoría de los grupos en el Congreso —entre ellos el PSOE, Podemos y Ciudadanos— pide que se abra "un debate" de fondo sobre “la prolongación de vida de las centrales”. Y solicita que se frene la autorización a la central de Garoña, cuyos propietarios tramitan los permisos para reabrir la planta a pesar de haber superado ya las cuatro décadas de vida.