El Gobierno autoriza el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, inactiva desde 2012

Adiós definitivo a Garoña tras más de una década sin actividad. Los trabajos para el desmantelamiento de la central nuclear burgalesa empezarán “en los próximos días”, después de que el Gobierno haya publicado este lunes una orden ministerial que autoriza tanto la transferencia de su titularidad de Nuclenor (una sociedad propiedad de Endesa y de Iberdrola) a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa, pública) como el inicio de su desmontaje. Se convertirá, así, en la tercera central atómica española en ser desmantelada, tras Zorita (Guadalajara) y Vandellós I (Tarragona).

El proceso de desmantelamiento de Santa María de Garoña (ubicada en el valle de Tobalina, 100 kilómetros al noreste de Burgos) ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y concluirá en 2033. El coste estimado es de 475 millones de euros, gestión del combustible gastado al margen, con hasta 350 personas trabajando de forma simultánea.

Los trabajos se dividirán en dos fases. En la primera, entre este mismo año hasta 2026, “se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes, y se evacuará el combustible desde la piscina hasta el almacén temporal de la central”, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Más adelante, entre 2027 y 2033, “se abordará el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico, continuando con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para, finalmente, concluir con la restauración del emplazamiento”.

La instalación, inaugurada en 1971 y que contaba con una potencia de 466 megavatios (MW), lleva desconectada de la red eléctrica desde 2012, cuando Endesa e Iberdrola comunicaron su decisión de no seguir explotándola. Un año después se declaró el cese definitivo de explotación, pero, dado que este “no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014″, explica el Gobierno. En agosto de 2017, esta solicitud fue denegada por el entonces Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, retrasando todo el proceso.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha acusado al PP —con quien gobierna en coalición en esa comunidad— y al PSOE de “propiciar” el desmantelamiento de la central burgalesa. “Hoy se acelera su desmantelamiento ante la posibilidad de un gobierno integrado por Vox”, ha tuiteado. “Reconstruiremos todo lo que derriben, desde las presas y centrales de producción de energía hasta las cruces”.

Visto bueno del CSN

Cuatro años después, en la primavera de 2021, el ministerio sometió el proyecto de desmantelamiento a información pública. Y en mayo pasado, el pleno del CSN emitió su informe favorable, necesario para echar a andar el proceso. “Solo falta que se transfiera la titularidad de la central de Nuclenor a Enresa, algo que sucederá en los próximos días, para que puedan dar comienzo las obras sobre el terreno”, apunta el ministerio en la nota que acompaña la orden ministerial de este lunes.

Tanto el Ejecutivo central como la Junta de Castilla y León, el Gobierno vasco —Garoña está a un paso de Euskadi— y los municipios afectados firmaron en 2021 un protocolo para ayudar en la transición económica de la treintena de localidades en los que el cierre ha tenido impacto negativo tanto en términos de empleo como de renta. Según los cálculos del ministerio, ya se han adjudicado 7,7 millones de euros a 12 proyectos municipales para reactivar la zona, con cargo a los fondos europeos: tanto de índole sociosanitaria, como de fomento del turismo, de rehabilitación de inmuebles, de restauración ambiental o de gestión de biomasa.

La actual hoja de ruta española —pactada entre el Gobierno y las eléctricas propietarias de las centrales— pasa por el cierre escalonado de los siete reactores nucleares que quedan activos en España, un proceso que comenzará en 2027 y se prolongará hasta 2035. El calendario político, sin embargo, ha alimentado las dudas sobre este calendario: el PP ha prometido a revisarlo si llega al Ejecutivo tras las elecciones del 23 de julio, aunque sin aclarar como lo costeará. Vox va incluso más allá, al proponer la construcción de nuevos minirreactores, una tecnología aún no madura.

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