La mole ilegal que lleva 15 años varada en la playa de El Algarrobico

Aquel auto de paralización del 21 de febrero de 2006 del Juzgado de lo Contencioso 2 de Almería tenía solo 11 páginas, una nimiedad comparada con los miles y miles de folios que acumula ahora el caso de El Algarrobico. Dos días después, hace este martes justo 15 años, las obras de este símbolo del ladrillazo en España se pararon cautelarmente. Las grúas se detuvieron y el hotel de 20 plantas y 411 habitaciones se quedó varado como una ballena en la playa de El Algarrobico de Carboneras (Almería). Está ya condenado a desaparecer por varios fallos, pero los jueces aún deben dictar la sentencia final de derribo. La otra vía, más rápida, es la negociación entre la Junta de Andalucía y la promotora del hotel para la demolición.

José Ignacio Domínguez, el letrado que presentó la demanda en la que se pedía la paralización de las obras hace tres lustros, cree que aquel auto de 11 páginas es el pronunciamiento judicial más importante de todos los que ha habido sobre el edificio ilegal. “La promotora iba a una política de hechos consumados, si no se hubieran parado las obras, hoy el hotel estaría funcionando”. Este abogado es uno de los tres protagonistas de esta historia; los otros dos son un activista y un juez.

“Ha quedado claro que la normativa ambiental está por encima de la urbanística”, resume Jesús Rivera, el magistrado que entonces era el titular del juzgado de Almería que frenó las obras. Rivera rechaza ofrecer cualquier opinión o juicio de valor sobre este caso. Entre otras cosas, porque ahora es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y todavía quedan algunos flecos de este interminable asunto sobre los que su sección debe pronunciarse.

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El juez se limita a exponer que ha quedado “muy claro” que las obras se realizaron en un “suelo no urbanizable de especial protección del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, según estableció la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2016”. Este era uno de los motivos que le llevaron en 2008 a anular la licencia que le había concedido el Ayuntamiento de Carboneras. Para paralizar la construcción dos años antes, el auto de Rivera citaba además que la edificación incumplía la Ley de Costas al invadir parcialmente la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, que se sitúa a 100 metros desde el mar (el hotel se había levantado a una treintena de metros del agua). El Supremo también ratificó esta otra ilegalidad en 2012, rememora el juez.

El hotel ya no tiene ninguna vía de salvación y su destino es la demolición, aunque aún falta algún fallo judicial más para poder ejecutar el derribo. O ese acuerdo entre las administraciones y la promotora, Azata. 37 autos y sentencias contra el edificio tiene contabilizados ya Domínguez. El último pronunciamiento es de la Audiencia Nacional y exime a las administraciones de indemnizar a la promotora del hotel con los 70 millones de euros que reclama.

El abogado ha pleiteado contra esta mole de la mano de Ecologistas en Acción, Greenpeace y la asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense. Esta última organización fue la que presentó la demanda que llevó a la paralización de las obras en febrero de 2006, todo un hito de la lucha judicial ecologista. Jaime del Val, el tercer protagonista de la historia, es el presidente de Salvemos Mojácar y recuerda cómo tuvo que recorrerse las sedes de las distintas administraciones para poder armar este caso judicial.

Su asociación había nacido un par de años antes, en 2004, para denunciar los desmanes urbanísticos en Mojácar. “Pero vimos las barbaridades que se estaban haciendo no solo en Mojácar, sino en todo el Levante almeriense, donde había proyectadas 500.000 viviendas”, recuerda Del Val. La crisis económica frenó aquellos megaplanes urbanísticos, pero el hotel de El Algarrobico sí se llegó a levantar.

Las obras estaban al 94,41% cuando Rivera las paró y los planes eran que el hotel de cuatro estrellas estuviera operando a pleno rendimiento en el verano de 2006. “El movimiento ecologista no tenía tanta fuerza entonces y nos veían como cuatro chalaos que íbamos contra algo que daría empleo”, recuerda Domínguez. Del Val critica el apoyo que dieron al proyecto el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.

Demolición

Pasados 15 años, existe un acuerdo entre el Ejecutivo andaluz y el Gobierno central para demoler y restaurar la zona cuando se pueda. “Nosotros hemos presentado un recurso para que se ordene la demolición”, apunta Del Val. Una vez resuelta la ilegalidad del edificio y el pleito sobre la reclamación patrimonial, la duda principal es cuándo podrá entrar la piqueta.

El TSJA está pendiente de fijar una fecha para sentenciar sobre la petición de demolición. Y Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica, ha asegurado en Twitter que su departamento estudiará si el último fallo de la Audiencia Nacional sobre la indemnización “permite acelerar de una vez por todas el derribo”. Por su parte, la consejera andaluza de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, sostuvo el lunes que la última sentencia de la Audiencia es “positiva” y podría acelerar el derribo que negocian con Azata.

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