Una aberración con vistas

El sueño de la promotora Azata del Sol para la playa almeriense de El Algarrobico era un complejo de siete hoteles, viviendas y un campo de golf. Y la punta de lanza de este proyecto inmobiliario para este paraje del municipio de Carboneras era un enorme hotel que empezó a levantarse en 2003 sobre una parcela de 32.660 metros cuadrados que la empresa adquirió por algo más de diez millones de euros.

Cuatro estrellas y 411 habitaciones, todas con terraza y vistas. El hotel se hizo literalmente a pie de playa. Tan en primera línea, que incumple los 100 metros de reserva que se fijaban como dominio público en la Ley de Costas de 1988. El Algarrobico, con sus locales comerciales y su helipuerto, era un sueño de hormigón pensado para un hermoso paraje. Tan hermoso, que se levantó dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

La empresa cifra el coste de construcción del hotel en 34,2 millones de euros

INCÓMODA ESPINA

El Algarrobico es hoy el símbolo más recurrente de la destrucción del litoral durante los años de la fiesta nacional del ladrillo. También es una incómoda espina que tienen clavada la Junta de Andalucía y el Gobierno central, a los que los grupos ecologistas apremian para que dinamiten de una vez este proyecto.

El Algarrobico se quedó varado el 21 de febrero de 2006. Ese día el magistrado Jesús Rivera Fernández, titular entonces del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, ordenó la paralización cautelar de las obras, que se mantiene todavía hoy y que parece complicado que se pueda revertir.

El juez ordenó parar cuando las obras estaban al 94,41%. La estructura del edificio de 20 plantas estaba rematada y se iban a empezar a amueblar las habitaciones. Cinco años después, las grúas amarillas todavía siguen instaladas.

El retorno parece ya imposible con las sentencias y autos que han ido dictado los tribunales de primera instancia, el Superior de Justicia de Andalucía, la Audiencia Nacional y el Supremo. Hasta 16 fallos en contra del hotel tiene contabilizados Greenpeace. Pero, durante los últimos años, se ha ido engordando una complicada madeja de recursos judiciales.

¿Se derribará algún día El Algarrobico? "Sí, no hay otra salida, y cada vez menos", responde José Ignacio Domínguez, el abogado de Salvemos Mojácar, la asociación que ha encabezado la lucha contra el hotel. También dicen tenerlo claro el Gobierno y la Junta. Este proyecto fue apadrinado por el anterior alcalde socialista de Carboneras y respaldado al principio por la Junta.

El problema ahora no es tanto si el hotel acabará desapareciendo, sino cuándo se podrá derribar. Teresa Ribera, secretaria de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, reconoce que los "enmarañados procesos judiciales" retrasan la salida debido a que la promotora está utilizando todas las "herramientas jurídicas posibles". Es una carrera de fondo. Ribero, pensando ya en el siguiente Gobierno, pide a las Administraciones y a los ecologistas que permanezcan firmes en la batalla que queda por delante. La secretaria de Estado pone el ejemplo otro hotel: el Atlanterra, levantado en los años setenta en la playa de Zahara de los Atunes (Cádiz) y que no se pudo demoler hasta 2002. Jaume Matas, exministro de Medio Ambiente con José María Aznar, fue el que accionó el mecanismo de demolición que terminó con aquel otro símbolo del urbanismo descontrolado. Paradójicamente, Matas, también expresidente balear, hoy se encuentra en libertad bajo fianza por su implicación en el caso de corrupción Palma Arena.

No será Rosa Aguilar, la todavía ministra de Medio Ambiente, la que accione el botón de demolición en El Algarrobico, pese a que cuando tomó posesión de su cargo se mostró esperanzada con que pudiera desaparecer en esta legislatura que termina.

LA FACTURA DE LA DEMOLICIÓN

Lo que sí ha dejado redactado Aguilar es un convenio con la Junta para que, cuando sea legalmente posible, las dos Administraciones se hagan cargo de la demolición, con independencia de que la factura se le pueda pasar luego a los responsables que permitieron que se levantara el hotel. Según el convenio, el Gobierno correría con los costes de derribo y la Junta con el desescombro y de la restauración de la zona.

Pero, ¿cuándo se podrá aplicar este convenio? Los grupos ecologistas han pedido que se haga ya. Sin embargo, los procesos abiertos en los tribunales eternizan la solución.

Tras el anuncio de la elaboración del convenio de demolición, Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción presentaron el 14 de septiembre pasado un escrito en el que pedían la ejecución de la sentencia de 5 septiembre de 2008 que anuló, de facto, la licencia de obras de El Algarrobico. Según detalla el abogado José Ignacio Domínguez, la licencia es el único soporte legal que tiene el hotel para seguir en pie. El mismo magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería que ordenó en 2006 paralizar las obras fue el que en 2008 anuló la tramitación que hizo el Ayuntamiento de Carboneras de la licencia para la construcción del complejo. Jesús Rivera Fernández sentenció que el hotel invadía la zona de reserva de 100 metros fijada en la Ley de Costas y que, además, se levantó en suelo de especial protección, como se reflejaba en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque de Cabo de Gata-Níjar de 1994, que sigue vigente según el Tribunal Supremo.

EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

Este fallo de septiembre de 2008 está recurrido por la promotora ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y, según el letrado de Salvemos Mojácar, se espera una respuesta en breve. Sin embargo, los ecologistas han querido forzar la demolición. Por eso reclamaron la ejecución de la sentencia de 2008 el pasado mes de septiembre. El nuevo titular del Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo, Raúl Hugo Muñoz, ha rechazado decretar la ejecución provisional al entender que supondría "perjuicios ciertamente irreparables o irreversibles" para la promotora cuando aún se está a la espera del pronunciamiento del TSJA. El fallo que salga del alto tribunal andaluz, a su vez, podría ser recurrido ante el Supremo, lo que supondría otros cinco años más, calcula Domínguez.

Los grupos ecologistas han reclamado a la Junta y al Estado que presenten en el juzgado un millonario aval, que permitiría, según su interpretación, ejecutar la demolición. La empresa, como respuesta al último escrito de los ecologistas, señalaba que, de aceptarse sus pretensiones, "implicaría tener que destruir algo, con la posibilidad de que luego se declare la legalidad de lo construido, cuyo coste de construcción asciende a 34.282.222,5 euros", según un informe realizado en 2007 por Tasaciones Inmobiliarias.

Teresa Ribera descarta que el Gobierno ponga un solo euro de aval. "Sería un ejemplo malísimo, además, con dinero del contribuyente". La secretaria de Estado remarca que el ministerio puso reparos al proyecto desde 1988, cuando el Ayuntamiento, con el beneplácito de la Junta, aprobó el plan parcial que daba cobertura legal al macroproyecto. Además, recuerda que el ministerio inició un proceso de expropiación, que se ha dejado en suspenso hasta que haya un pronunciamiento firme sobre la licencia de obras.

Al margen del litigio abierto por la licencia, hay una ristra de recursos y sentencias. Los más importantes son los que se refieren al plan urbanístico de finales de los ochenta y al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque natural. Estos dos asuntos podrían retrasar aún más la salida. "Es un lento proceso judicial", reconoce Ribera, "pero hay que ser firmes y pacientes, el momento llegará".