Varapalo judicial por el hotel Algarrobico

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), del PSOE, ignoraron la Ley de Costas y el plan del parque natural del Cabo de Gata al permitir el hotel del Algarrobico -más de 20 plantas a 28 metros del mar- e insistir durante años en que era legal.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Almería, Jesús Rivera, declaró ayer nula la licencia del hotel y pidió al fiscal que investigue a los responsables locales y autonómicos porque ve indicios de delito.

La promotora reclama 100 millones por la expropiación

La dura sentencia da la razón al recurso de la organización ecologista Salvemos Mojácar, a la que luego se sumó la Junta. La resolución, contra la que cabe recurso, cuestiona la gestión del Ministerio de Medio Ambiente, que negocia para indemnizar al promotor con dinero público, algo improcedente al ser ilegal.

El juez ordena a la Fiscalía que investigue al Ayuntamiento y a la Junta al advertir presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio en su actuación.

Para el magistrado, la Administración autonómica no solamente "no ejerció" sus potestades y facultades en defensa del interés general sino que modificó los planos del parque del Cabo de Gata para decir que el hotel era legal.

Esta conclusión, mantenida por Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar desde que en 2005 empezó la lucha judicial contra el proyecto de la empresa Azata del Sol, lleva al magistrado a acusar de "abulia y desidia" tanto a la Administración autonómica como al Ayuntamiento de Carboneras en la defensa del medio ambiente.

En relación con la Ley de Costas, el magistrado atribuye a la Corporación local, presidida por el socialista Cristóbal Fernández, "perfecto conocimiento desde hace 20 años" de que la zona de servidumbre para la protección de dominio público marítimo-terrestre era de 100 metros en esa zona.

La Corporación local siempre defendió que los terrenos del Algarrobico eran urbanizables y que, como el resto del municipio, las edificaciones podían alzarse a 20 metros de la orilla.

Pero el juez también tilda de "pasiva y condescendiente" la actuación de la Junta de Andalucía al considerar que no hizo nada para que el Consistorio cumpliera la Ley de Costas.

Para el portavoz de Salvemos Mojácar, Jaime del Val, el dictamen del juez supone todo un triunfo de la legalidad y reafirma los presupuestos de los conservacionistas sobre la ocupación ilegal de la servidumbre de costas de 100 metros. "La sentencia afirma que el Ayuntamiento conocía perfectamente que la servidumbre a aplicar era de 100 metros antes de conceder la licencia, haciéndolo claramente responsable del acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico, junto con la Junta de Andalucía", explicó Del Val.

El Ayuntamiento de Carboneras trasladó su disconformidad con la sentencia y anunció su intención de interponer un recurso de apelación ante el TSJA. Rosario Fernández, segunda teniente de alcalde y hermana del regidor de la localidad, Cristóbal Fernández (PSOE), aseguró que el equipo de Gobierno "no comparte" la decisión del Juzgado, si bien expresó su respeto al sistema judicial.

El presidente andaluz, Manuel Chaves, declaró que la sentencia "da la razón a la Junta". Azata del Sol no quiso pronunciarse ayer sobre la sentencia del juez Rivera.

El Ministerio de Medio Ambiente rehusó también pronunciarse sobre la resolución judicial "hasta que el gabinete jurídico del ministerio no estudie en profundidad su contenido".

El anterior equipo del Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Cristina Narbona, inició un expediente expropiatorio y dictó una resolución por la que se declaró la utilidad pública de los bienes y derechos situados en la servidumbre de protección de 100 metros.

Fuentes oficiales del ministerio confirmaron días atrás que estaba "previsto" que el próximo otoño se decidiera sobre la continuidad del expediente expropiatorio. Las mismas fuentes apuntaron entonces que serían "determinante" las resoluciones judiciales pendientes.

La empresa promotora del proyecto, Azata del Sol, ha reclamado 100 millones de euros a la Administración por la expropiación.