La Audiencia Nacional niega la indemnización de 70 millones a la promotora de El Algarrobico

El hotel levantado en el paraje almeriense de El Algarrobico, en Carboneras, estaba ya sentenciado. Una ristra de fallos judiciales dictados por diferentes tribunales en los últimos años condenan a esta mole que nunca llegó a abrirse a su desaparición tarde o temprano. Pero la duda hasta ahora era si este despropósito urbanístico, símbolo del desarrollo incontrolado del ladrillo de principios de este siglo en España, tendría un impacto en las arcas públicas, ya que las Administraciones no frenaron al principio la construcción del hotel. La Audiencia Nacional ha cerrado este viernes esa puerta: ha negado la indemnización de más de 70 millones de euros que la promotora Azata del Sol pedía al Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento.

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo basa su sentencia en la Ley de Costas, que protege los 100 primeros metros de costa. El Algarrobico se levantó a solo 50 metros a partir de 2003 con el visto bueno del Ayuntamiento de Carboneras y la Junta. Dos años después, el Gobierno central publicó el deslinde de esa playa y situó la línea de protección en los 100 metros, con lo que los suelos debían ser expropiados. Y en 2006 un juzgado de Almería ordenó la paralización de las obras, cuando estaban al 94% de su ejecución.

Tras años de pleitos, la promotora presentó varias reclamaciones patrimoniales contra el Ayuntamiento, el Gobierno y la Junta por considerar que su actuación le había causado un perjuicio, que cifraba en esos 70 millones de euros. Pero esas tres Administraciones denegaron la indemnización, con lo que Azata recurrió a los tribunales.

Los magistrados de la Audiencia Nacional fijan ahora que no tiene derecho a cantidad alguna, porque “no ha resultado acreditado que los perjuicios económicos reclamados por Azata del Sol deriven, directa ni indirectamente, de acción u omisión alguna imputable a las Administraciones demandadas”.

En la sentencia, los jueces hacen suyas las consideraciones que puso sobre la mesa el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía en un dictamen de 2017, en el que se rechazaba la indemnización. Ese dictamen consideraba que la promotora había actuado de “manera maliciosa” ante un proceso de “deslinde complejo”. El Consejo Consultivo andaluz explicaba que la empresa “conociendo la existencia y la tramitación del deslinde sobre el terreno” cuando lo compró asumió “el riesgo de construir en zona de servidumbre de protección”. Además, en ese momento también se había iniciado un proceso de revisión de la licencia municipal que tenía la construcción y se había aprobado un nuevo plan de ordenación del parque de Cabo de Gata-Níjar que establecía que los terrenos del hotel estaban en una zona en la que no se podría construir. “Esta sala hace suyas las anteriores consideraciones”, explican ahora los jueces de la Audiencia Nacional sobre el dictamen.

“Esta sentencia es muy importante porque existía el riesgo de que este caso lo acabasen pagando todos los españoles”, dice el abogado José Ignacio Domínguez, un letrado especializado en medio ambiente que lleva años pleiteando contra esta construcción de la mano de Ecologistas en Acción y Greenpeace. “Esto también es un aviso a navegantes para todos los especuladores que pretendan construir en las zonas de protección de la costa”, añade.

Demolición

Tanto el deslinde —llevado a cabo por el Gobierno central— como el plan de ordenamiento del parque de Cabo de Gata-Níjar —que dependía de la Junta de Andalucía― ya han sido avalados por los tribunales en diferentes sentencias. Sin embargo, la maraña de pleitos y recursos alrededor de este caso no ha permitido todavía la demolición de este hotel, que está pendiente de algún pronunciamiento final de la justicia o de una hipotética negociación entre las Administraciones y la empresa promotora.

Esta última sentencia, que puede ser recurrida todavía ante el Tribunal Supremo, podría ayudar a la Junta ante esa supuesta negociación, ya que resta argumentos para reclamar una compensación.

La Junta de Andalucía y el Gobierno se han comprometido a colaborar en la demolición de este edificio de más de 20 plantas de altura. En 2011 ambas Administraciones firmaron un protocolo en el que se apunta a que el Ejecutivo central se encargaría de la demolición y la Junta de la restauración del paraje. Existe una comisión de seguimiento de este protocolo y tras su última reunión, celebrada en diciembre de 2020, el Ministerio para la Transición Ecológica explicó que la demolición se llevará a cabo en el momento en el que el Gobierno regional tenga los suelos a su disposición.

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