La factura de El Algarrobico

La imagen hubiera sido demoledora, como reconocen en la Junta de Andalucía. Ocho años después, las cuatro enormes grúas amarillas otra vez en funcionamiento. El penúltimo día de julio el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) falló que la licencia de obras que la promotora Azata recibió en 2003 para levantar un complejo turístico en el paraje almeriense de El Algarrobico era legal. Y el Gobierno andaluz temía que, gracias a esa sentencia, en cualquier momento la promotora pudiera volver entrar en esos terrenos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar para rematar la construcción.

Cuando un juzgado de Almería paralizó los trabajos en febrero de 2006, las obras estaban ejecutadas al 94%, según una tasación presentada por Azata. Pero aquella medida cautelar teóricamente ha quedado anulada tras el fallo que valida la licencia de obras, apuntan desde la Abogacía del Estado.

Esta interpretación la comparte la Consejería de Medio Ambiente, que esta semana movió ficha y decidió formalizar el derecho de retracto que le convierte en propietaria de los suelos. La promotora recibiría —en el caso de aceptar el trato— 2,3 millones de euros, que desde 2006 están depositados en una entidad financiera. Pero la factura del despropósito de El Algarrobico puede ser mucho mayor si se cumplen las aspiraciones de los propietarios, a los que las últimas decisiones judiciales están cargando de argumentación.

El TSJA ha dado alas a

Azata presentó en septiembre de 2013 tres recursos ante el Ayuntamiento de Carboneras (que le concedió la licencia), el Gobierno y la Junta en los que se solicitaba una indemnización de 70 millones de euros por el “anormal funcionamiento” de las Administraciones, que en un principio no pusieron reparos al hotel. Estas tres instituciones no han contestado y la promotora llevó hace unas semanas su reclamación patrimonial a la Audiencia Nacional. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente avanzan que la Junta archivará por la vía administrativa esa reclamación, aunque para que la decisión sea firme hace falta esperar a un informe del Consejo Consultivo de Andalucía.

Los propietarios del complejo turístico ya han intentando en alguna ocasión anterior que la justicia le reconozca el derecho a ser indemnizados. El Tribunal Supremo taponó en 2012 esa vía a Azata, que reclamaba ser resarcida por el Estado. Fue en el marco de una de las muchas causas que este caso tiene abiertas y dispersas por varias instancias: la del incumplimiento de los 100 metros de servidumbre. El Supremo resolvió que en la zona en la que se levanta el hotel están vigentes esos 100 metros de protección y que la construcción, por lo tanto, invade en parte la zona de servidumbre. Cuando la empresa presentó un incidente de nulidad contra ese fallo, el mismo tribunal estableció que Azata no tiene derecho a indemnización en caso de derribo, algo que parecía que se podría producir en cualquier momento hace dos años.

Pero aquellos pronunciamientos se produjeron en un contexto en el que la mayoría de decisiones judiciales parecían conducir a la ilegalidad del hotel y, por lo tanto, a su demolición. El retrato ha variado por completo en sólo cuatro meses, cuando han cambiado los magistrados del TSJA que se han puesto a analizar este desgajado caso.

La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA ha dado alas a la promotora. Primero, en marzo de este año, al establecer que el hotel estaba en un área del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar donde se puede construir. Este fallo decía justo lo contrario que uno anterior de otra sección de la misma sala de este tribunal. La sección primera estableció en junio de 2012 que el hotel estaba en la zona del parque donde no se puede construir.

Medio Ambiente cita a los dueños para ratificar la compra de los suelos

Sin embargo, el respaldo más importante que ha recibido Azata es el de la validez de la licencia. El Gobierno y la Junta estudian ahora la posibilidad de recurrir contra esa sentencia en el Supremo, según apuntan fuentes de ambas Administraciones. Pero no está asegurado que esos recursos sean admitidos. Tampoco, que la justicia fuera a aceptar que cautelarmente se impidiera a la constructora entrar en los terrenos para rematar las obras.

De ahí que la consejería andaluza haya decidido formalizar el derecho de retracto, que supone un desembolso de 2,4 millones, lo que cobraría la promotora por esta especie de expropiación de los suelos en los que se levantó el hotel. Pero tampoco está claro que este retracto se vaya a concretar en breve. La Junta ha citado a la promotora en una notaría de Almería el 12 de septiembre a las 12.00. Allí se tendría que ratificar por ambas partes la operación. Luego, con la escritura de compra, la consejería inscribiría en el registro los terrenos de El Algarrobico como propiedad de la Administración.

Puede que la promotora no acuda en septiembre a la notaría. Y un nuevo caso se abriría en los tribunales, ya que fuentes de la consejería sostienen que tendrían que hacerle un requerimiento judicial a Azata.

El retracto que quiere formalizar ahora la Junta ya fue respaldado por el TSJA. Pero la promotora lo ha recurrido ante el Supremo, que aún no se ha pronunciado. Por lo tanto, también cabe la posibilidad de que esa compra de los suelos sea anulada por la justicia, con lo que se enredaría más este complicado caso. De hecho, ese fue el argumento que la Administración habría empleado hasta ahora para rechazar la formalización del retracto que esta semana ha anunciado.