El Gobierno y la Junta pagarán a medias el derribo de El Algarrobico

El Gobierno y la Junta de Andalucía pagarán a medias la demolición del hotel de la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), cuyo coste se estima en 7,1 millones de euros. Es el compromiso que ha salido este lunes de la reunión de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y el consejero andaluz José Fiscal. Pero para saber el momento en el que la piqueta podrá entrar habrá que aguardar a la comisión mixta que estas Administraciones crearán esta semana.

El Gobierno andaluz calcula que en el momento en el que se ejecute el retracto —por el que en 2006 forzó a la promotora del hotel a venderle los terrenos por 2,3 millones de euros— podría comenzar la demolición. Ese proceso había estado paralizado, pero hace 12 días el Tribunal Supremo zanjó el asunto al concluir que fue legal. La Junta, según fuentes de esta administración, cree que con ese fallo en la mano puede ir al registro y que los terrenos en los que se levantó el edificio se inscriban a su nombre. Y las mismas fuentes dicen que en ese momento podría iniciarse el derribo.

Pero este plan de trabajo estará supeditado a la comisión mixta que la Junta y el ministerio han acordado constituir esta semana para que se reúna la próxima. El objetivo es que en esa comisión "se estudien a fondo" todas las sentencias judiciales —hay más de una veintena de pronunciamientos— para proceder a la demolición "con todas las garantías", ha dicho este lunes García Tejerina.

El Supremo, además de validar hace dos semanas el retracto de la Junta, fijó que el hotel está en una zona del parque de Cabo de Gata-Níjar protegida en la que no se puede construir. La Junta y el Gobierno consideran que la desaparición de este polémico edificio no tiene vuelta atrás. En 2011, las dos administraciones firmaron un protocolo por el que se comprometían a colaborar en la demolición. El coste del derribo y la restauración del paraje es de 7,1 millones, según un informe encargado a la empresa pública Tragsa en 2012. García Tejerina ha sostenido este lunes que el Estado se hará cargo "del 50%" de ese importe. La ministra ha insistido en que lo hará, a pesar de ser este un problema de competencia autonómica.

Ni García Tejerina ni José Fiscal se atreven a ofrecer plazos sobre el comienzo de las labores de demolición. Pero Fiscal ha resaltado este lunes que hace 12 días —antes del pronunciamiento del Supremo— se estaba ante la posibilidad de que el hotel "fuera legalizado". "Hoy el horizonte solo es la demolición", ha añadido.

La Junta pretende desligar el derribo de las reclamaciones de la promotora, que ante los tribunales pide 70 millones al Ayuntamiento, la Junta y el Estado, que al principio permitieron que se levantara este hotel.