Junta y Gobierno abren otra batalla judicial para demoler El Algarrobico

Tras las sentencias que acumula ya en su contra, el hotel de El Algarrobico está abocado a su desaparición. Pero lo que se tiene que aclarar ahora es cuándo se llevará a cabo del derribo y cuánto le puede costar a las arcas públicas. La Junta y el Gobierno ya tienen cerrado un acuerdo para la demolición y en septiembre cerraron también una hoja de ruta sobre los pasos que se deberían dar.

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El primero de esos pasos era citar oficialmente a la constructora (Azata) para que aceptara entregar los suelos y el hotel a cambio de 2,3 millones de euros, como fijaba el retracto de la Junta de 2006 que fue avalado por el Tribunal Supremo en febrero de este año. Si la empresa aceptaba, se procedería a la demolición.

La promotora no ha acudido a la cita de este viernes, como era previsible. Y ahora se pone en marcha el segundo paso previsto en la ruta que acordaron las dos Administraciones en septiembre: se presentará en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, "un incidente de ejecución" para obligar a la empresa a entregar los suelos.

Enredado en los tribunales

Desde que la construcción de este hotel fue paralizada hace una década, cuando estaba casi rematado, el caso se ha enredado en los tribunales, que ha ido sentenciando la ilegalidad de la construcción. Sin embargo, todavía quedan flecos. Y el paso que ahora darán la Junta y el Gobierno, según ha anunciado la Consejería de Medio Ambiente andaluza, también está lleno de incertidumbres.

No está claro qué puede determinar el TSJA. Una posibilidad es que se declare no competente y se tenga que abrir un nuevo caso por la vía civil. Esto podría suponer de nuevo una cascada de fallos y recursos que alarguen más la demolición.

Pero también existen dudas sobre el alcance del retracto que la Junta aprobó en 2006, avalado por el Supremo, y que el Gobierno andaluz ha intentado ejecutar sin éxito este viernes. No está claro si la Junta, cuando se ejecute, sería propietaria solo de los suelos o también de lo construido, es decir, del hotel declarado ya ilegal. Algunas fuentes jurídicas creen que, si la Junta solo es propietaria de los suelos, tendría que negociar con la promotora una indemnización a cambio de lo construido, que al principio de este caso contó con el aval de la Administración regional y el Ayuntamiento de Carboneras.   

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha lamentado este viernes en Almería que la empresa no haya acudido a la cita: "Evidentemente que es un mal síntoma que no se hayan querido presentar porque saben que en este momento tenemos la razón", informa Efe.