El Gobierno publicará en los próximos días la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación para expropiar El Algarrobico

La reunión telemática que este martes han mantenido representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Junta de Andalucía para avanzar en el desmantelamiento del hotel ilegal de El Algarrobico, en el municipio almeriense de Carboneras, ha evidenciado la distancia que separa a ambas administraciones a la hora de optar por la vía más rápida para hacerlo desaparecer. Mientras que el Gobierno sigue firme en su propósito para avanzar en la expropiación de los terrenos sobre los que se levanta, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno ha insistido en que la vía más rápida es cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ordenó al Ayuntamiento de Carboneras revisar la licencia que se otorgó en 2003 para su edificación, como paso previo para declarar su nulidad.

El ministerio, que en la última reunión de la comisión mixta de seguimiento celebrada en marzo del año pasado respaldó la vía de la ejecución de la sentencia, ha cambiado de estrategia y, tal y como anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, el 10 de febrero, ha optado por impulsar la vía de la extradición por entender que es mucho más rápida y efectiva que esperar al proceso de revisión de la licencia. “El Gobierno no está dispuesto a que la demolición de El Algarrobico se retrase sine die, va a actuar dentro de los terrenos de sus competencias”, indican fuentes del ministerio. Y en esta línea ha adelantado a la Junta que, en los próximos días, se publicará la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación y se abrirá el trámite de información pública de 15 días.

Este es el siguiente paso para avanzar en la expropiación de los terrenos sobre los que se levanta el hotel, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata, y que puso en marcha el Gobierno el 11 de febrero al aprobar en Consejo de Ministros la declaración de utilidad pública. La Junta, que es quien ostenta —hasta este jueves— la presidencia de la comisión mixta, había convocado la reunión, entre otras cosas, para conocer cuáles serían los siguientes pasos que iba a dar el ministerio para la expropiación. Sin embargo, las aclaraciones que ha pedido la administración autonómica al Miteco sobre aspectos del proceso que le suscitaban dudas, como si va a realizar la expropiación con carácter de urgencia; cómo pretende fijar el justiprecio o qué procedimiento prevé para llevarlo a cabo, no le han convencido.

“Lamentamos que el Gobierno de España no haya sabido explicar y aclarar cómo va a proceder sobre el derribo del hotel del Algarrobico”, ha indicado la Junta en un comunicado. El Miteco, que únicamente es competente para expropiar el 40% de la parcela correspondiente a la servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre, ha instado al Gobierno de Moreno a que haga lo mismo con el otro 60%, que son terrenos de su competencia. Pero, este, ha apelado a esas “cuestiones sin resolver” para aplazar su decisión al respecto. “Sin que se le remita la información necesaria sobre la expropiación proyectada por el Estado, [la Junta] no puede decidir sobre la tramitación por su parte de un procedimiento expropiatorio con las debidas garantías”, indica en la nota.

El Gobierno de Moreno defiende, además, que la expropiación puede dilatar aún más la demolición del hotel en sede judicial, ante la perspectiva de que la empresa promotora, Azata, recurra ante los tribunales —como viene haciendo en todos los procesos que se han abierto a lo largo de las dos últimas décadas—, una posibilidad que el Gobierno ha reconocido que puede suceder, según la nota de la administración autonómica. La Junta considera que la vía más expeditiva es que el Ayuntamiento de Carboneras cumpla con la sentencia del TSJA e inicie el procedimiento de revisión.

Sin embargo, este Consistorio, lleva 10 años sin cumplir con el fallo del alto tribunal andaluz y no parece que vaya a ejecutarlo en breve. Su alcalde, Salvador Hernández, indicó a este diario que en este tiempo no habían podido hacerlo porque no disponían de secretaria municipal y que ahora que ya la tenían, faltaba el arquitecto, que debe firmar el proyecto para la revisión de la licencia, que estaba pendiente de un acuerdo con el municipio vecino de Churriana. El regidor aseguró que pensaba empezar los trámites a principios de marzo, pero esta mañana, en una entrevista en Canal Sur, ha reconocido que no hay fecha planteada a corto plazo.

El pasado mes de octubre, la consejera andaluza de Medio Ambiente, Catalina García, aseguró que, si se ejecutaba la sentencia del TSJA, El Algarrobico estaría demolido en cinco meses, el mismo plazo que Montero aseguró que se tardaría en lograrlo de impulsar la expropiación. No parece en ningún caso que en 2025 vaya a desaparecer una mole que avergüenza al levante andaluz, porque el proceso de revisión requiere de informes técnicos de la apertura de un plazo de alegaciones, del informe del Consejo Consultivo, y, sobre todo, pesa la indemnización por daño emergente y lucro cesante que reclamaría la promotora y que el Ayuntamiento de Carboneras no puede asumir. En el caso de la expropiación, además de los plazos de alegaciones y de los posibles recursos de Azata —que, de acuerdo con los expertos consultados, no tendrían por qué suspender el proceso— se encuentra el hecho de que la Junta, de momento, no quiere acometer esa enajenación sobre los terrenos que le competen.