El Algarrobico o las leyes paralelas de la especulación

Parafraseando al coronel Kurtz de Appocalypse Now, podría decirse que “el horror tiene cara” y que esa cara es la del hotel El Algarrobico. Estamos ante un horror pegajoso, mantenido en pie durante 10 años como obra a medio hacer paralizada por decisiones judiciales contradictorias, incluso hilarantes, que ahora, por fin, inicia el largo camino hacia la demolición. El Supremo ha sentenciado que El Algarrobico, foco de infección urbanística en la playa almeriense de Carboneras, está construido en suelo no urbanizable y que el terreno pertenece a la Junta de Andalucía.

El horror no procede de la fealdad del complejo, ni de los evidentes atropellos ambientales perpetrados para construir el ectoplasma de complejo hotelero. Quien haya paseado por el litoral español conoce ofensas visuales semejantes o peores que arañan la vista. El horror de El Algarrobico procede, en primera instancia, de la pavorosa resistencia ofrecida por los promotores de la obra (Azata) y una parte de la red judicial implicada en el caso a aceptar la realidad incuestionable de que las obras del hotel son ilegales a ojos vistas, como quien dice; no es necesario ser un lince legal para observar que el cemento invade cumplidamente la franja (100 metros) de dominio público en la que no se puede edificar. La pertinacia en negar la realidad en nombre de una virtualidad administrativa ha conducido a 10 años perdidos, a un volumen cuantioso de costas judiciales y a la perplejidad general de los ciudadanos, espectadores de una farsa en la que las leyes de mayor rango se modifican arbitrariamente en beneficio de las normas edilicias. El alcalde de la localidad ha pontidicado que la decisión del Supremo “cercena el futuro de su pueblo”; es decir, que la riqueza y el empleo se garantizan quebrantando la ley, que no es sino un corsé molesto para el progreso.

Como en los modelos de dimensiones ocultas dentro del mundo tridimensional propugnados por Kaluza y Klein, la especulación inmobiliaria genera su propia legalidad, opuesta a las leyes democráticas, a las que tiende a desplazar. El constructor de El Algarrobico (como el de tanta mole ilegal de cemento y hormigón) se construye un escudo de permisos municipales y autonómicos que, aunque son manifiestamente ilegales, actúan como una barrera ante la denuncia ciudadana. “Yo tenía los permisos, señor juez”, es la línea de defensa. Tales permisos, que exigirían investigar y procesar a quienes los concedieron, permiten prolongar el proceso sine die e, incluso, pedir indemnización.

El Algarrobico produce vértigo. Si para desmontar judicialmente una perversión urbanística notoria han sido necesarios 10 años (y lo que te rondaré, morena, porque ahora se abre un contencioso entre Administraciones para determinar quién debe pagar los gastos de demolición y limpieza, contencioso que no provoca la menor urgencia en el Gobierno actual) ¿cuántos decenios serán necesarios para acometer la corrección legal de todos los atropellos urbanísticos cometidos en el litoral? Tirando por lo bajo, y considerando solo la costa mediterránea, unos 300 años. Este es el triunfo de la ilegalidad.