La Junta pide “auxilio judicial” para hacerse con el suelo del Algarrobico

El Gobierno andaluz ha movido ficha en el ya enredado caso del hotel levantado en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). Un paso más que tiene como objetivo último su derribo. La Junta ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) “auxilio judicial” para poder formalizar el retracto y convertirse así en la propietaria de los terrenos que ocupa el edificio levantado por la constructora Azata. El retracto fue ejercido por la Junta en 2006, pero la Consejería de Medio Ambiente se resistió hasta septiembre del año pasado a formalizarlo y a entregar a Azata los 2,3 millones de euros que, en su día, le costó hacerse con estos terrenos. La actuación del Gobierno andaluz ha sido aplaudida por diferentes colectivos ecologistas.

El paso dado ahora por la Administración autónoma responde a los “diversos intentos infructuosos” de cerrar el pago y la ocupación de los terrenos directamente con la constructora. Según el escrito remitido al TSJA, desde septiembre del año pasado, Azata no ha acudido a las diferentes citas convocadas. La primera: el día 12 de dicho mes. Entre otros motivos, la constructora no está de acuerdo con el precio fijado y recuerda que ha recurrido el retracto ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado.

Ante esta situación, la Junta ha pedido al alto tribunal andaluz autorización para acceder a los terrenos y, además, que requiera a la constructora un número de cuenta bancaria en el que poder abonar los 2,3 millones de euros fijados del retracto. Entre sus argumentos, el Gobierno andaluz señala que “necesita entrar a tomar posesión de los bienes retraídos” para poder ejecutar el protocolo firmado en noviembre de 2011 con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Ese acuerdo no solo prevé el derribo del hotel —una vez que haya seguridad jurídica, han remarcado fuentes de la consejería— sino también la posterior regeneración del entorno del paraje.

La constructora no está de acuerdo con el precio fijado por la Administración

La Junta decidió en septiembre de 2014 formalizar este proceso por el temor a que, debido a diferentes sentencias contradictorias, la promotora entrase en los terrenos y continuase con la construcción del hotel, paralizado desde hace más de ocho años por un juzgado de Almería por, entre otros motivos, el nivel de protección del terreno y la invasión de los 100 metros de costa. Esa suspensión de las obras —ejecutadas al 94%— está en entredicho tras el cambio de rumbo experimentado en el alto tribunal andaluz. A finales de julio, la sección tercera de la sala de lo contencioso, con sede en Granada, sentenció que la licencia de obras era válida, con lo que la suspensión de las obras quedaba levantada. Esta decisión contradice varias sentencias no solo del TSJA sino también del Supremo y la Audiencia Nacional.

Tanto Ecologistas en Acción como Greenpeace han respaldado la decisión tomada por el Gobierno andaluz, informa Europa Press. El abogado de la primera organización José Ignacio Domínguez la ha calificado como “un paso muy positivo” y ha asegurado que demuestra “un cambio” en la política de la Junta. Por su parte, la responsable del programa de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha afirmado que se trata de una “inteligente maniobra política”. “Mediante esta solicitud obligan al TSJA a que se defina”, ha asegurado Marcos, quien ha recordado que “no se puede hacer nada para iniciar el derribo” hasta que resuelva el alto tribunal. “El Supremo ha emitido ya cuatro sentencias contrarias al Algarrobico y esta que queda sería la definitiva”, ha señalado Domínguez. Según ha apuntado la responsable de Greenpeace, esta resolución se espera para mayo.