La juez anticorrupción de Galicia, investigada por el Poder Judicial

Le colgaron el sambenito de juez estrella a pesar de que nunca concedió una entrevista y de que las conferencias que da en sus días libres son gratis y para ONG, fundamentalmente contra la trata de seres humanos y contra el maltrato animal. Aplaudida por el pueblo, temida y odiada en los despachos, Pilar de Lara (Cartagena, 1969) acaparó durante años desde el juzgado de Instrucción 1 de Lugo los grandes titulares de la prensa gallega. Primero por desentrañar una trama de proxenetismo de la que formaban parte principal guardias civiles y policías y que dio lugar a la mayor causa contra la prostitución que se ha investigado en España, el caso Carioca. Después, por destejer ese ovillo infinito de cazadores de contratas públicas que sacó a la luz la Operación Pokémon sepultando muchas carreras políticas de todos los colores. Pero aquel nido de corrupción que parecía prosperar en la tranquila ciudad de Lugo se sostenía en realidad sobre un árbol lleno de ramas que llegaban a Asturias, Cantabria, Cataluña, la Comunidad Valenciana o Murcia. Y ella siguió tirando del hilo sin vislumbrar el final de sus pesquisas. Ahora, por estos supuestos retrasos en causas elefantiásicas propias de un juzgado central, De Lara es la investigada. Ha contratado los servicios de un abogado y el día 21 tendrá que viajar a Madrid para declarar ante sus superiores.

El lunes de la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial notificó a la magistrada que el Promotor de la Acción Disciplinaria había acordado incoar expediente por la presunta comisión de varias faltas: la "desatención o retrasos injustificados en la instrucción de causas penales" y la "adopción de decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generan ficticios incrementos del volumen de trabajo". El expediente, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, "se basa en las actas levantadas por el servicio de inspección" sobre "la situación del juzgado", entre ellas la de la "inspección extraordinaria realizada entre los pasados 21 y 31 de mayo". Pero en realidad, la cúpula judicial comenzó su rastreo hace más tiempo. Según fuentes judiciales, el servicio de inspección empezó el seguimiento en 2015 y después lo sumió en un letargo de dos años sin notificar ninguna resolución a la magistrada hasta ahora.

"Cualquiera que la conozca sabe cuál es su dedicación, incluso excesiva" defiende su letrado, Agustín Azparren, exmagistrado y exvocal del CGPJ. El retraso "no solo depende de la instrucción de la juez, sino de otras circunstancias", como "la demora de la Audiencia Nacional en resolver sus inhibiciones" en ramas de la Pokémon que afectan a otras comunidades. Según él, es habitual que en este tipo de macrocausas por corrupción se instruyan expedientes, pero recuerda que en sus ocho años como miembro de la comisión disciplinaria todos acabaron "archivados" porque los retrasos están "justificados". Desde Lugo han salido ya hacia el CGPJ un millar de folios de alegaciones y cajas con unos 600 documentos anexos como prueba. Azparren apunta, además, que en casos tan delicados como los que lleva De Lara, "siempre hay denuncias" de implicados y "siempre se busca cualquier motivo para apartar al juez".

El expediente puede acabar archivado, con una propuesta de sanción, un traslado forzoso o, en la hipótesis menos probable, la suspensión de su carrera. La Carioca data de 2008 y la Pokémon de 2011. Hay todo un bosque de ramificaciones, testigos protegidos, infinidad de víctimas y cientos de imputados que inundan el juzgado de recursos. Y mientras estos aguardan un juicio que no llega, esperan ver caer a la instructora por el larguísimo camino. Esta semana, dando la cara u ocultos tras un seudónimo, algunos investigados celebraron en las redes sociales la mina puesta en la senda de De Lara por el gobierno de los jueces. "Lo habíamos dicho muchas veces. Ahora lo dice también el CGPJ. Muchos inocentes hemos sufrido injustamente sus modos. La imagen de nuestra ciudad también ha sufrido las consecuencias. Esperamos justicia", sentenciaba un tuit de Xosé López Orozco, exalcalde socialista de Lugo que ha logrado desembarazarse, en la Audiencia Provincial, de parte de sus imputaciones.

Los apoyos a De Lara suelen venir de la calle. A lo largo de los años en que, procedente de un juzgado asturiano, conmocionó con su olfato para el (supuesto) delito la sociedad lucense y gallega, fue objeto de actos de homenaje, recogidas de firmas solidarias y hasta una multitudinaria manifestación de los vecinos. A la vez, ha padecido un reguero de coacciones, insultos, pintadas y anónimos amenazantes contra ella y su familia. Durante un tiempo tuvo que cambiar de rutinas y llevar escolta.

Hoy, además de la Carioca y la Pokémon (que dio a luz después varias hijas como la Pikachu y la Manga), entre otras investigaciones la magistrada dirige de la mano de Vigilancia Aduanera la Operación Cóndor (fraude fiscal, blanqueo, tráfico de influencias), la Cebra (narcotráfico, contrabando y lavado de dinero a escala mundial), la Pulpo (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos) o el caso Garañón (tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y delitos contra la ordenación del territorio). En todas estas causas que han dado lugar a múltiples ramas hay implicados políticos o expolíticos.

También estaba en sus manos una pieza separada de la Operación Campeón, un caso de Instrucción número 3 que ya ha sido juzgado y en el que por poco tiempo estuvo investigado el exministro socialista José Blanco, exculpado en el Supremo. En la pieza desgajada que correspondió al número 1, siguió imputado por soborno desde 2011 el exconselleiro nacionalista Fernando Blanco, cuyo abogado presentó poco después de la inspección de mayo una denuncia por dilaciones en el CGPJ. Curiosamente, cuatro meses después de que llegase a la Audiencia de Lugo el recurso de apelación, la investigación sobre Blanco fue archivada la semana pasada por la instancia provincial pese a que la fiscal se oponía hace meses al sobreseimiento.

Abogados e investigados (empresarios, proxenetas, políticos y agentes) temen los ya célebres interrogatorios maratonianos de la juez, con jornadas que acaban de madrugada y donde la magistrada acorrala sutilmente a sus sospechosos. Pilar de Lara ha pasado muchas noches en el juzgado y ha dedicado vacaciones a redactar autos, pero esto, lejos de aligerar la sobrecarga de trabajo parece haberla multiplicado. Y además de las grandes causas, este juzgado de provincias debe dar salida a los asuntos ordinarios. Entre noticias sobre registros, arrestos y varapalos de instancias superiores contra los retrasos, la forma de instruir y las dimensiones de sus causas, de vez en cuando surgen de su despacho decisiones muy distintas que también recorren España. Como la orden de alejamiento nunca antes vista que dictó el año pasado para proteger a una perra maltratada de sus dueños.

Sus investigaciones tocaron peligrosamente la puerta de algunos aforados como el propio Alberto Núñez Feijóo en la Cóndor, que se libraron de acabar imputados (como lo están otros políticos no aforados) por decisión de los altos órganos judiciales y los fiscales que no vieron el cohecho que apuntaba De Lara. Pero operaciones como la Pokémon sí influyeron, de forma radical, en las elecciones municipales y dieron un vuelco al mapa político de varias ciudades como Ourense, Santiago o A Coruña.

Mientras tanto, la Carioca debería llegar a su término a finales de este año, después de la prórroga solicitada por los fiscales que se repartieron el medio centenar de piezas tras la muerte de aquel que conocía el caso. La macrocausa, la mayor instrucción que ha habido en Galicia, la más importante sobre proxenetismo que ha conocido España, corre un alto riesgo de llegar escuálida al banquillo después de tanto tiempo. En medio del clamor social de grupos contra la trata, el ministerio público ya propuso el archivo de algún capítulo sangrante de la causa, como el de la prostitución de una menor a la vista de guardias civiles.

Estos días, en ámbitos judiciales de Lugo se rememora y califica de "profético" aquel correo que un día de 2014 envió a la magistrada Cándido Conde Pumpido Varela, hijo del exfiscal general del Estado y exmagistrado del Supremo, hoy del Constitucional: "Empieza a sonar un runrún en el Supremo de que hay juezas en Lugo que interfieren demasiado en la vida política y se escucha hablar de investigaciones prospectivas". "Según mi experiencia, es mucho más peligroso para un juez investigar a un determinado partido que a otro", le advertía, al tiempo que avisaba de la presunta existencia de dos "grupos de presión" políticos que maniobraban contra ella.

"Ya sabe cómo empieza esto", seguía. "Primero la prensa se vuelve en contra, empiezan con ataques gratuitos, escarban en la vida privada, las conferencias, anteriores resoluciones. Y luego va subiendo la intensidad; la fiscalía empieza a pedir cosas raras, la audiencia revoca y adopta resoluciones poco entendibles, se empiezan a recibir visitas de la inspección y de la noche a la mañana te encuentras sumido en un infierno mediático y judicial". "Mi consejo es que intente apartarse y vaya con pies de plomo", le recomendaba.