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La justicia deja sin castigo la prostitución de dos menores en burdeles de Lugo

Dilaciones judiciales y una polémica interpretación de la fiscalía sobre la estrecha relación entre el proxeneta y varios guardias civiles abocan la causa al archivo

Club Liverpool de O Corgo (Lugo) en el que fueron prostituidas las menores.
Club Liverpool de O Corgo (Lugo) en el que fueron prostituidas las menores.

Dos adolescentes de 17 años recién llegadas a España desde Colombia y Rumanía fueron prostituidas en varios burdeles de Lugo entre 2004 y 2009, delante de las narices de guardias civiles asiduos a estos locales y dirigidas por un proxeneta que presumía de su estrecho compadreo con miembros de las fuerzas de seguridad. Una de ellas denunció además en 2010 abusos sexuales y vejaciones por parte del dueño del club de alterne. La tardanza en interrogar a los acusados y el hecho de que la fiscalía considere "tratos de cortesía que no comprometen la imparcialidad" los regalos y consumiciones gratuitas en el prostíbulo de las que gozaban los guardias dejarán sin castigo penal a los seis imputados, cuatro de ellos agentes del instituto armado.

La causa es una pieza separada del caso Carioca, el macrosumario abierto en Lugo en 2009 contra una presunta mafia policial de explotación sexual de mujeres que acumula 270 tomos, 47 piezas y 150.000 folios. La juez Pilar de Lara, titular del juzgado número 1 de esta ciudad gallega, ha investigado siete presuntos delitos, entre ellos abusos sexuales, prostitución coactiva, tráfico de influencias, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos y cohecho impropio. Después de ocho años de pesquisas, la fiscalía ha pedido el archivo en un informe muy criticado por la Rede Galega contra a Trata y calificado de "machista" por partidos políticos. Siendo el ministerio público la única acusación personada (los hechos ocurrieron antes de la aprobación en 2015 del Estatuto de la Víctima que facilita la asistencia legal gratuita), el caso está abocado al cierre.

El fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, que ha supervisado y defiende el informe, señala que los delitos de abusos y omisión del deber de perseguir delitos ya estaban prescritos cuando en mayo de 2016 las fiscales que solicitan ahora el sobreseimiento se hicieron cargo del caso. Brezmes atribuye la tardanza en tomar declaración a los acusados a la magnitud de la Operación Carioca, que ha desbordado los medios con los que cuentan los juzgados lucenses. Y sobre la exculpación de los guardias civiles esgrime que "algunos hechos pueden ser reprobables moral y disciplinariamente" pero "no son delito".

El calvario de abusos y vejaciones que sufrió Verónica (nombre supuesto) desde que llegó a España con 17 años quedará impune. Ella, de familia muy humilde y con una niña de un año a su cargo, contó que viajó engañada desde Rumanía a Granada en 2004 para trabajar supuestamente de camarera. Acabó en un burdel de esta ciudad andaluza, un chalé al que, según su testimonio, acudían "hombres adinerados" y eran prostituidas 400 mujeres de diferentes nacionalidades. Luego fue llevada por sus explotadores a otro local de Málaga y finalmente recaló en el club Liverpool de O Corgo (Lugo), un antro frecuentado por guardias civiles y regentado por Eladio R. H., apodado El Media Oreja por las huellas de una reyerta.

Verónica denunció en 2010 que había sido prostituida en estos burdeles siendo menor de edad y que en el Liverpool de Lugo, entre 2004 y 2005, fue agredida sexualmente de forma repetida por parte de El Media Oreja. Sin embargo, Eladio R. H. no fue llamado a declarar hasta diciembre de 2016 y el presunto delito de abusos ha prescrito al haber transcurrido más de diez años. Lo mismo ha ocurrido con el delito de omisión de perseguir delitos que se le imputa a los guardias civiles José V. T. y Miguel Ángel P., clientes habituales del prostíbulo. No comparecieron ante la juez hasta 2015.

El ministerio público sostiene que no hay pruebas de que El Media Oreja haya cometido un delito de prostitución coactiva. De los testimonios recogidos en el sumario, aduce la fiscalía en el informe, "se infiere que el imputado tenía mal carácter, que era exigente con el trabajo, que les aconsejaba, sugería, nunca imponía, con qué clientes podían subir, aproximando al lugar en el que se encontraba el cliente en el mostrador una bayeta o un cenicero, o si era calvo se tocaba la cabeza, así como que no usasen preservativo en las relaciones íntimas ya que se ganaba más".

La fiscalía descarta que el hecho de que las mujeres que se prostituían en el Liverpool fuesen inmigrantes, en muchos casos sin papeles, y con cargas familiares tenga relevancia penal para considerar que fueran coaccionadas por el proxeneta amigo de guardias civiles. "No es la clase de necesidad derivada de tal extracción la que requiere" el artículo 188 del Código Penal para calificar el delito de prostitución coactiva, sostiene el ministerio público en su escrito.

Tras el análisis del escrito en el que se pide el archivo del caso, la Asociación de Mujeres Juristas Themis aprecia una "mala praxis" del ministerio público en la instrucción judicial de la causa. La entidad afirma que el hecho de que las mujeres prostituidas en el Liverpool fuesen inmigrantes, buena parte de ellas en situación irregular, es una circunstancia que apunta a un presunto delito de prostitución coactiva, por lo que pone en duda que la fiscalía "haya hecho una indagación correcta de la especial situación de vulnerabilidad de las menores". "El ministerio fiscal es el garante de la legalidad y de la protección de las víctimas y creemos que aquí ha habido una dejación de estas funciones. El escrito parece una defensa de los imputados, no una acusación", subraya Themis.

Eladio R. H. fue detenido en 2009 cuando la policía localizó en el Liverpool a María (nombre supuesto), la otra menor prostituida por la que se abrió la causa. Ella, originaria de Colombia, declaró que había cambiado con un bolígrafo su año de nacimiento en el pasaporte y mostró su sorpresa porque la burda falsificación había convencido a los agentes en una redada anterior en otro prostíbulo de Lugo, el Queen's, pese a que la base de datos del ordenador de comisaría les alertó de que era menor de edad. Este episodio lleva a la fiscalía a exonerar al proxeneta, "al que no se le puede exigir una diligencia y celo mayor" que "a los funcionarios de policía", argumenta el ministerio público.

Los soplos de los agentes a El Media Oreja

S. V.

Al exculpar al dueño del burdel de forzar a las menores y al resto de mujeres del local a prostituirse, la fiscalía también exonera a los guardias civiles José V. T. y Miguel Ángel P., clientes asiduos del Liverpool y agasajados, según los testigos, con barra libre en el local y regalos navideños. El ministerio público descarta que cometiesen un delito de colaboración con la prostitución o cohecho impropio y reduce las invitaciones y botellas de vino que recibían de El Media Oreja a "tratos de cortesía que no comprometen la imparcialidad" como miembros de las fuerzas de seguridad. "Aunque es posible que algunos hechos sean reprobables moral y disciplinariamente, no son delito; a efectos jurídico-penales el informe es correcto", defiende el fiscal jefe de Lugo.

El proxeneta del club donde se prostituyó a menores fue alertado por otro guardia civil, José B., de que estaba siendo investigado. La fiscalía tampoco ve un delito de revelación de secretos en este comportamiento porque considera que no existió "perjuicio a la causa pública". Del delito de tráfico de influencias se libra también el guardia civil Armando L. T., a quien los pinchazos telefónicos pillaron realizando gestiones para El Media Oreja ante la Brigada de Extranjería de la policía nacional, todo ello en relación con la posible expulsión de una de las prostitutas de su burdel. Estos manejos, alega la fiscalía, no tuvieron "influencia determinante en quienes habían de dictar la resolución pretendida".

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