La corrupción ahoga los juzgados

Los dos juzgados gallegos que asumen las mayores causas contra la corrupción no logran ver, de momento, en qué se traduce esa recia voluntad que proclaman los gobernantes en combatir la podredumbre en la política. Lejos de reforzar los medios de los que disponen sus respectivas instructoras, la Consellería de Presidencia, responsable de los funcionarios judiciales, ha negado ampliar el horario de los trabajadores que sacan adelante, a duras penas, el caso Zeta, y hace una semana anunció al juzgado de la Pokémon que le retiraba dos empleadas de refuerzo.

El departamento que dirige el conselleiro Alfonso Rueda no podía imaginar la rebelión que iba a suscitar este recorte tanto dentro de la propia plantilla como entre los sindicatos con representación en los juzgados. Siete días después, reculó, dijo que mantenía el personal, y anunció incluso la posible llegada de un nuevo juez para dar salida a las causas ordinarias mientras la titular, Pilar de Lara, se centra en la Pokémon, que ya va por los 145 tomos, el centenar de imputados y otras 57 piezas derivadas del tronco principal. El amago de recorte ha tenido lugar justo cuando la operación, que ya hizo saltar por los aires el gobierno popular de Santiago, asesta un duro golpe al PP de Ourense, con su supuesta trama de financiación ilegal. Los funcionarios del juzgado, el 1 de Instrucción de Lugo, hicieron llegar el lunes pasado a Rueda sus sospechas de que la retirada del personal de refuerzo podía tener algo que ver con la proximidad de las elecciones. Fue precisamente hace cuatro años, en las anteriores municipales, cuando los agentes de Aduanas captaron las conversaciones telefónicas entre empresarios y políticos que destaparon los presuntos delitos.

La Operación Zeta, en A Coruña, sobre un supuesto fraude multimillonario de subvenciones públicas para cursos de formación y empleo se abrió en 2011 y suma una treintena de tomos y otros tantos imputados. Pero las obligadas comparecencias ante el Juzgado de Instrucción número 6 de las 70 personas señaladas por la Policía Judicial (como sospechosas de haber orquestado o participado en esta trama en la que están implicados destacados militantes del PP coruñés y altos funcionarios de la Xunta) no comenzaron hasta el pasado mes, cuando ya habían transcurrido más de tres años desde la apertura del sumario y las detenciones que se sucedieron en otoño de 2012.

La toma de declaraciones transcurre a cuenta gotas sin refuerzo de ningún tipo. La Xunta rechazó la petición del secretario del juzgado para que se adoptara algún tipo de ayuda, como prolongar la jornada del personal, que ya realiza, por culpa de este sumario, muchas horas extra sin compensación alguna a cambio.

Tras citar en su despacho entre el miércoles y el jueves pasados a otra tanda de ocho imputados (en total superan la treintena), la juez al mando, María Jesús García García, tuvo que suspender las comparecencias y actuaciones sobre esta causa hasta el 17 de marzo. Su juzgado, el tercero en A Coruña con más sobrecarga de trabajo y casos pendientes, entra en turno de guardia. Y no hay tiempo ni posibilidad de dedicar más a la Zeta. Ya son enormes las jornadas y esfuerzos que despliegan para ese sumario la magistrada, el secretario y los ocho funcionarios del juzgado. Y son varias las tardes que tuvieron que quedarse desde que comenzaron, el 2 de febrero, a desfilar los imputados. “Está desbordado, saturado, la Operación Zeta es un atestado de investigación policial con más de 13.000 folios y si sale adelante la instrucción en el juzgado es por el buen hacer de juez y funcionarios que echan el resto, sin mirar horarios ni conciliación de vida familiar”, denuncia Sergio Riveiros, delegado sindical por UGT en los tribunales coruñeses.

María Jesús García no solicitó por ahora un juez de refuerzo para atender los demás casos que debe tramitar su sala. Procedente del Penal 2 de Ferrol, aterrizó en esa plaza en agosto del año pasado. Y tuvo que sumergirse en la macroinstrucción de una causa que estaba entonces aún bajo secreto y que avanzaba muy lenta y con parones. “Es muy profesional, llama la atención lo bien que conoce ahora la causa”, confiesa uno de los abogados defensores. Pero las comparecencias en su despacho van para largo. Los dos principales implicados, los empresarios coruñeses y militantes del PP Gerardo Crespo y Eliseo Calviño, aún no declararon. El primero porque dice que solo lo hará cuando llegue el informe de Hacienda que especifique los delitos fiscales que se le imputan. Un documento esencial que inexplicablemente lleva más de dos años pendiente, en fase de elaboración. La de Calviño, por su parte, está prevista para mayo, en plena campaña de las municipales. Antes en abril están llamados a declarar cinco altos cargos de la Xunta que dimitieron tras su imputación.

“Si hay visos de implicación de altos funcionarios del Gobierno gallego y militantes del PP, con más razón Presidencia debe dar soporte a este juzgado para que llegue hasta el fondo del asunto”, apuntala Riveiros. Era también este representante de UGT quien el lunes pasado, y a la vez que el sindicato CSIF, clamaba contra los recortes en la Pokémon. Hablaba de “mezquindad” y de “intencionalidad política descarada”: “Nada le convendría más a la clase política”, decía, que el “retraso de estos macroprocesos”, o que “por dilaciones indebidas pudieran terminar siendo nulos”.

Además del sumario de la Pokémon, Pilar de Lara continúa todavía trabajando en el caso Carioca, el mayor sumario sobre prostitución en Galicia. La causa principal acumula 269 tomos, 85 imputados (buena parte, agentes y mandos de todos los cuerpos del seguridad) y 367 declaraciones ante la juez. Pero la Carioca, además, ha dado lugar a 79 piezas separadas. Y a todo esto, junto a otros 5.000 asuntos que entran de media cada año y muchas causas civiles heredadas de otros tiempos por el sobrecargado juzgado más antiguo de Lugo, debe hacer frente un equipo compuesto por una juez, un secretario y siete funcionarios.

El problema del caso Pokémon, el Zeta o el del Prestige (que en 2005 también pasó por las manos de María Jesús García en Corcubión) es que caen en juzgados sin medios. Según Riveiros, la cicatería de la Xunta puede llegar a dar al traste con las macrocausas. “Están personados penalistas de prestigio, vigilantes al más mínimo fallo”.