De Lara mete la corrupción en plena campaña de las municipales

El caso Pokémon ha marcado el último mandato municipal en cuatro de las principales ciudades de Galicia, hasta el punto de precipitar el derrumbe de dos de sus Gobiernos locales, el de los socialistas en Ourense y el de los populares en Santiago. La laberíntica investigación sobre esta presunta trama de corrupción municipal va a situarse también de lleno en la campaña a las elecciones del próximo 24 de mayo. En apenas tres días, la instructora del caso, la juez de Lugo Pilar de Lara, ha dictado en total 66 imputaciones, 39 de ellas en A Coruña —donde ya está encausado, entre otros, el primer teniente de alcalde, Julio Flores, del PP— y otras 27 en Ourense, estas últimas que golpean casi por igual a socialistas y populares.

 La retirada masiva de multas practicada en Ourense por una filial de Vendex, el grupo empresarial en torno al que gira la presunta trama Pokémon, ha provocado la última imputación múltiple, dictada por la juez el pasado viernes. Sobre los 27 llamados a declarar pesan los cargos de tráfico de influencias y entre ellos figura de nuevo el anterior alcalde, el socialista Francisco Rodríguez, que ya dimitió tras su arresto por este caso. Por los juzgados de Lugo desfilarán también entre el 25 de mayo –un día después de las elecciones– y 1 de junio, una hija de Rodríguez, el policía local encargado de la vigilancia personal del exregidor, el concejal del PP José Luis Valcarce y el exedil popular Francisco Javier Rodríguez-Novoa, además del alcalde de Xinzo de Limia (PP), Antonio Pérez; el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, o su responsable en Ourense, Adrián Cordero, estos últimos ya imputados. También ha sido citado el editor del diario local La Región, Óscar Outeiriño, y varios funcionarios municipales, entre ellos Bienvenido Fernández, miembro además de la ejecutiva local del PSdeG.

Todos aparecen relacionados en el extenso sumario con la retirada masiva de multas que los responsables del grupo Vendex realizaban en las ciudades en las que controlaban las contratas municipales del servicio de grúa o del estacionamiento regulado. Cuando el conocimiento del caso Pokémon todavía se limitaba a los investigadores judiciales y, según consta en el sumario, fueron interceptadas numerosas llamadas telefónicas y mensajes de texto entre los imputados y los empresarios para, supuestamente, retirar multas de tráfico.

Esta es la segunda imputación masiva dictada por De Lara esta semana tras la que afecta a otras 39 personas en A Coruña, acusadas también de tráfico de influencias por manejos para supuestamente enchufar empleados en las contratas municipales. La mayoría declarará en plena campaña electoral, aunque el único político es un exedil del BNG.

De Lara debe aún decidir si formula imputaciones por la trama de presunta financiación ilegal del PP de Ourense denunciada por el exgerente del partido. En este caso, aparecen implicados numerosos aforados contra los que la juez no puede formular cargos.