Aduanas entra en casa de dos exediles del PP y en la sede catalana de Agbar

Pilar de Lara, titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo e instructora del caso Pokémon sobre corrupción política, que suma ya más de cien imputados en varias comunidades autónomas, ha ordenado esta mañana los registros del domicilio de dos exconcejales del PP (que son matrimonio) en Avilés y de las sedes del grupo Agbar en Barcelona. Los agentes han tenido que aguardar hasta primera hora de la tarde para obtener la autorización de un juzgado de esta ciudad antes de dirigirse a la torre diseñada por Jean Nouvel. Cuando han llegado al rascacielos, se han encontrado a personal de la empresa en plena mudanza a la nueva sede de la Zona Franca. Finalmente, la comitiva judicial ha tenido que registrar oficinas en los dos edificios, y en estos momentos los agentes se hallan en las nuevas instalaciones.

La magistrada quiere confirmar si, tal y como apuntan los investigadores de Aduanas que la apoyan en esta operación, un supuesto "conseguidor" que trabajaría al servicio de una filial de Agbar, Aquagest, "logró o trató de lograr adjudicaciones ilícitas a favor de empresas vinculadas al grupo empresarial en distintos municipios de Asturias y Cantabria", explican fuentes que trabajan en el caso. Los agentes de Vigilancia Aduanera -que además de ocuparse de la trama gallega se hacen cargo de los tentáculos que le han nacido a la Pokémon en Asturias, Cataluña y Baleares- creen que este hombre clave en la rama asturiana "habría sobornado con entregas de dinero, regalos y viajes pagados" a "distintos políticos". Las mismas fuentes aseguran que se sigue el rastro de "algún exconcejal de Gijón y de un exalcalde de Oviedo" que supuestamente recibió "regalos al extranjero muy costosos".

Los exediles de Avilés cuya vivienda ha sido registrada son Joaquín Arístegui y su esposa María del Carmen Vega. Actualmente, él es presidente del PP en la localidad y realizó funciones de secretario en el comité electoral del partido. También fue diputado regional hasta 2012. María del Carmen Vega, por su parte, fue edil del Ayuntamiento de Avilés entre 2003 y 2013. En ese periodo se aprobó la adjudicación del servicio de aguas con la firma Aquagest, y es precisamente documentación relativa a la concesión lo que se busca en la casa de la pareja.

El registro en la sede de Agbar, según las mismas fuentes citadas, tiene como fin investigar si algunos empleados y cargos directivos de la sociedad pudieron haber participado en adjudicaciones irregulares.