Las pesquisas de la Pokémon en Levante quedan congeladas a la espera de lo que decida el Supremo

La instructora del caso Pokémon, la mayor causa investigada desde Galicia sobre corrupción política y cohecho vinculado a empresas de ámbito estatal como Agbar o Vendex, ha suspendido provisionalmente las citaciones como imputados de cuatro políticos del PP de Murcia que estaban llamados a declarar el próximo día 7 dentro de las pesquisas llevadas a cabo por Aduanas en municipios de Levante por supuestos favores políticos a cambio de agasajos. La juez ha tomado esta decisión "en cumplimiento estricto de lo ordenado" después de recibir con mucha demora, en principio a causa de la huelga judicial en Galicia, ocho autos con los que la Audiencia de Lugo declaró la nulidad de la investigación al considerar que De Lara no es competente en la causa más allá de Galicia y Asturias. Además de en Asturias, Baleares o Cataluña, últimamente los agentes de Aduanas que trabajan a las órdenes de la juez habían puesto el foco en zonas como Lorca, Murcia, Elda y rastreaban posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Cartagena.

Hasta ahora, al no tener constancia de estos autos más que por la prensa, el juzgado de Instrucción número 1 de Lugo mantenía las citaciones para declarar por videoconferencia en calidad de investigados de esos miembros del PP y de varios testigos, esposas y esposos de algunos de los políticos a los que supuestamente Agbar pagó viajes "de placer" a destinos como Nueva York, Atenas o Múnich entre 2005 y 2012. La juez sospecha que estos regalos detectados por las investigaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera llegaron a tener una presunta contraprestación política en forma de ampliaciones de contratas y trato de favor a la hora de adjudicar y abonar trabajos a las filiales de la empresa de aguas. La investigación salpicaba también a Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena (1995-2015), exdiputada y ahora senadora por el PP de Murcia implicada en la Púnica. El pasado enero, Pilar de Lara envió una consulta al Senado para que confirmase la condición de aforada de esta representante popular.

Los autos de la Audiencia de Lugo responden a una serie de recursos presentados por investigados en la causa. No obstante, previamente a esta decisión tomada por magistrados de la instancia provincial, el 29 de enero, tras la inhibición de la propia De Lara, el Juzgado Central de Instrucción al que correspondió por reparto no aceptó ser competente. Después, la juez planteó la cuestión de competencia al Supremo y siguió instruyendo a expensas de la respuesta del alto tribunal. En la providencia fechada el pasado viernes 4 en la que deja sin efecto las citaciones de los políticos, indica que esta decisión la toma "a la espera de lo que resuelva el Tribunal Supremo sobre la cuestión de competencia para dar el destino correspondiente a los hechos ilícitos referentes a otros partidos judiciales".

Después de defender que "no es posible esgrimir una investigación global sobre el grupo Agbar", la propia Audiencia Provincial admitía que esta circunstancia "no supone que [los hechos] no hayan de investigarse, sino que ha de hacerse en el juzgado al que corresponde territorialmente o en su caso comunicar a la Audiencia Nacional esta ampliación en la investigación".

Entre los desplazamientos que recogen los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera hay estancias en Nueva York, Atenas, Múnich, Mallorca, Málaga, Zaragoza, Barcelona o Madrid. Algunos de estos viajes tuvieron un elevado coste, presuntamente con cargo a la empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento de agua (Hidrogea, antes Aquagest), en especial el que tuvo como destino Nueva York entre el 30 de abril y el 5 de mayo de 2008. El vuelo y el hotel de concejales del Ayuntamiento de Cartagena, funcionarios y cargos de la empresa que entonces pertenecía a Agbar costó 53.684 euros. Además de otros ediles y sus esposas, en aquella ocasión a Estados Unidos viajaron tanto la entonces alcaldesa, Pilar Barreiro, como su concejal de Hacienda, María Ángeles Palacios, después consejera de Sanidad en Murcia. La magistrada ofreció a Barreiro, como aforada, personarse en el procedimiento a pesar de no haberla imputado, a la espera de elevar una exposición motivada al Supremo que ahora también queda en suspenso.

Vigilancia Aduanera sospecha que detrás de estos continuos agasajos en forma de pasajes, comidas y estancias hoteleras de las que disfrutaban uno u otro político, según el momento, pudo existir un presunto trato de favor a Aquagest, ya que el Ayuntamiento prorrogó el servicio durante 25 años, hasta 2042, y se acordaron importantes obras. Tres meses antes del viaje a Nueva York, la Junta de Gobierno Local decidió invertir 12,5 millones de euros en infraestructuras a favor de la contrata. La prórroga acordada en 2003 siguió adelante pese a que existía un contundente informe en contra del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Este documento decía que "la modificación" suponía "alterar el contrato en un 100% en tiempo y en precio", por lo que no tenía "encaje en la legislación vigente". Además, de una forma semejante a como se detectó en otros ayuntamientos de la zona, presuntamente muchos trabajos y obras eran subcontratados directamente por Aquagest (luego rebautizada como Hidrogea) a otras empresas del grupo Agbar y no existía control sobre su coste porque no se licitaban previamente. Se realizaban, afirma la juez, "con cargo a un crédito ofrecido por la empresa", lo que "conllevaba unos intereses y una amortización" y luego Aquagest facturaba al consistorio.