De Lara mantiene las citaciones de políticos porque no le han notificado la nulidad de la Pokémon en Levante

La noticia ha salido publicada en la prensa pero el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que dirige la magistrada Pilar de Lara, no ha recibido notificación oficial alguna. En contestación a una docena de recursos, con otros tantos autos la Audiencia Provincial de Lugo ha declarado nulas las actuaciones de la juez de la Operación Pokémon en Levante. La enorme y enredada madeja de la causa contra empresas del grupo Agbar comenzó en Galicia y fue extendiéndose a varias comunidades autónomas donde operan las contratas de esta firma catalana. Además de en Asturias, Baleares o Cataluña, actualmente los agentes de Aduanas que trabajan a las órdenes de la juez habían puesto el foco en zonas como Lorca, Murcia, Elda y, actualmente, rastreaban posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Cartagena en relación con viajes "de placer" abonados a cargos políticos y funcionarios. La Audiencia de Lugo considera que De Lara no tiene competencias para seguir avanzando con las pesquisas en Levante pero, aunque los autos del tribunal provincial están fechados entre el 15 y el 19 de marzo, el juzgado de instrucción no tiene constancia de ellos.

Según fuentes de los juzgados, desde Instrucción 1 se reclamaron ya los autos en varias ocasiones y la respuesta ha sido que las comunicaciones entre instancias están paralizadas por la huelga judicial que sufre la comunidad desde hace más de dos meses. Mientras tanto, el juzgado mantiene las citaciones para declarar por videoconferencia en calidad de investigados de cuatro políticos del PP de Murcia, fijadas desde el pasado 3 de enero para el 7 de mayo. También sigue su curso la consulta remitida al Senado para que confirme la calidad de aforada de Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena (1995-2015), exdiputada y ahora senadora por el PP de Murcia implicada en la Púnica, cuya cabeza puso como condición Ciudadanos para apoyar los Presupuestos Generales del Estado. Hay otros trámites en marcha, como las declaraciones de varios testigos, esposas y esposos de algunos de los políticos supuestamente agasajados por Agbar, que también asistieron a algunos de aquellos viajes organizados entre 2005 y 2012. La juez ha pedido, además, información económica y fiscal sobre los imputados a la Agencia Tributaria.

Entre los desplazamientos que recogen los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera hay estancias en Nueva York, Atenas o Múnich, dice el auto de la juez, pero también en Mallorca, Málaga, Zaragoza, Barcelona y Madrid. Algunos de estos viajes tuvieron un llamativo coste, presuntamente con cargo a la empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento de agua (Hidrogea, antes Aquagest), como es el caso del que tuvo como destino Nueva York entre el 30 de abril y el 5 de mayo de 2008. El vuelo y hotel de concejales, funcionarios y cargos de la empresa que entonces pertenecía a Agbar costó 53.684 euros. Además de otros ediles y sus esposas, en aquella ocasión a Estados Unidos viajaron tanto la entonces alcaldesa, Pilar Barreiro, como su concejal de Hacienda, María Ángeles Palacios, después consejera de Sanidad en Murcia. La magistrada ofreció a Barreiro, como aforada, personarse en el procedimiento, presumiblemente a la espera de elevar una exposición motivada al Supremo.

Vigilancia Aduanera sospecha que detrás de estos continuos agasajos en forma de pasajes, comidas y estancias hoteleras de las que disfrutaban uno u otro político, según el momento, pudo existir un presunto trato de favor a Aquagest, ya que el Ayuntamiento prorrogó el servicio durante 25 años, hasta 2042, y se acordaron costosas obras. Tres meses antes del viaje a Nueva York, la Junta de Gobierno Local decidió invertir 12,5 millones de euros en infraestructuras a favor de la contrata.

La prórroga acordada en 2003 siguió adelante pese a que existía un contundente informe en contra del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Este documento decía que "la modificación" suponía "alterar el contrato en un 100% en tiempo y en precio", por lo que no tenía "encaje en la legislación vigente". Además, de una forma semejante a como se detectó en otros ayuntamientos de la zona, presuntamente muchos trabajos y obras eran subcontratados directamente por Aquagest (luego rebautizada como Hidrogea) a otras empresas del grupo Agbar y no existía control sobre su coste porque no se licitaban previamente. Se realizaban, afirma la juez, "con cargo a un crédito ofrecido por la empresa", lo que "conllevaba unos intereses y una amortización" y luego Aquagest facturaba al consistorio.

A pesar de esto, la Audiencia de Lugo ha decidido que Pilar de Lara no siga investigando. El tribunal considera que las pesquisas sobre "posibles irregularidades" en Lorca, Cartagena, Murcia o Campello deberían ser "remitidas a los juzgados respectivos" y que no cabe una indagación "global" sobre Agbar en la que la "competencia" de De Lara "se extienda al todo el territorio español donde opere este entramado empresarial o alguna de sus filiales". La juez, según la Audiencia, "no es competente" más allá de Galicia y Asturias. Pero avisa: "Esto no supone" que los presuntos hechos delictivos "no hayan de investigarse, sino que han de hacerse en el juzgado que corresponda territorialmente o en su caso comunicar a la Audiencia Nacional esta ampliación de la investigación".

Días antes de la primera de las 12 resoluciones de la Audiencia Provincial, De Lara elevó una cuestión de competencia al Supremo en la que, según fuentes judiciales, se incluía también la parte de la Pokémon correspondiente a Levante. Todavía no existe una respuesta del alto tribunal, que podría coincidir, o no, con el parecer de la Audiencia de Lugo.