Ayuso exprime su mayoría absoluta: aprueba el doble de reformas legales que el resto de presidentes autonómicos

Como si no hubiera ni un segundo que perder, el PP de Isabel Díaz Ayuso está explotando la mayoría absoluta que logró en los comicios de mayo de 2023 para convertir a la Asamblea regional en una máquina de aprobar reformas legales: en el primer año de legislatura han sido diez, el doble de la media de cinco de los otros 11 Parlamentos regionales que fueron a las urnas al mismo tiempo que Madrid (sin contar los decretos ley). La cifra, sin embargo, no lo cuenta todo. En la Asamblea de Madrid no ha reinado la paz que se le presupone a una Cámara donde todo está decidido de antemano. De las reformas de las leyes trans o contra la LGTBIfobia, sobre las que se pronunciará el Tribunal Constitucional (TC), al control de contrapesos del poder ejecutivo como la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia, igualmente recurrido ante el Alto Tribunal, los choques entre gobierno y oposición han sido constantes.

“En este primer año se han aprobado diez leyes”, ha dicho el presidente del Parlamento madrileño, Enrique Ossorio, durante un desayuno informativo organizado este lunes por Forum Europa. “Abarcan desde el Presupuesto para 2024 a modificaciones de impuestos, la agencia de ciberseguridad, la ley de economía circular, la regulación de diversos organismos o los derechos de las personas LGTBI”, ha seguido el exvicepresidente regional, haciendo así una curiosa referencia a una modificación que ha provocado las protestas de este colectivo, y un recurso ante el TC del Gobierno central. “Si sumamos el número de leyes que se han aprobado en el conjunto de los Parlamentos autonómicos en este mismo periodo de tiempo, nos encontramos que la media de leyes es de cinco”, ha seguido. “Hemos legislado el doble que el resto”.

La comparativa con todos los Parlamentos no es exacta porque el periodo de junio de 2023 a julio de 2024 marca el primer año de legislatura de las Cortes de las regiones en las que hubo elecciones en mayo del año pasado. Sin embargo, durante ese tiempo ha habido comicios en Galicia, Cataluña y País Vasco, que, por lo tanto, disolvieron sus Cámaras. Además, ya habían formado las suyas antes en Andalucía o Castilla y León. No obstante, incluso con esas consideraciones, el dato se mantiene.

Y es excepcional. Durante el primer año de su primer mandato, en el que el PP y Cs formaron el primer gobierno de coalición de la historia de Madrid, Ayuso no logró aprobar ninguna ley. En el mismo periodo del segundo, apenas dos. Las diez reformas legislativas de ahora reflejan un ambicioso plan por explotar al máximo la mayoría absoluta y recuperar el poder institucional perdido durante el gobierno en minoría de Cristina Cifuentes (2015-2018). El objetivo es aprobar casi 160 normas antes de que acabe la legislatura, en 2027. Entonces, Díaz Ayuso decidirá si su obra está completa, o no: aunque ahora se ha retractado, su planteamiento inicial fue no perpetuarse más de ocho años en el poder, periodo que cumpliría al final de este mandato.

“La Asamblea de Madrid es el Parlamento que más trabaja”, ha celebrado la presidenta regional tras asistir al desayuno ofrecido por Ossorio.

También ha sido el Parlamento más polémico. Porque en Madrid se ha sancionado a una portavoz de la oposición por votar dos veces en la misma iniciativa (Rocío Monasterio, de Vox). Se ha marchado un grupo entero (Más Madrid) del pleno en protesta por la parcialidad que le atribuye al presidente Ossorio, del PP. Un representante de la izquierda (Pablo Padilla) tiene un expediente abierto por gesticular como si estuviera disparando durante un debate. Y se han ido acumulando los recursos de la oposición ante el TC a un ritmo tan acelerado como el de los vetos del partido conservador a que el Parlamento investigue los temas más incómodos para Ayuso: de las muertes en las residencias durante lo peor en la pandemia a las amenazas a periodistas de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, pasando por los contratos de la administración con el grupo Quirón, que a su vez es el mejor cliente de la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, investigado por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil.

Por lo que se refiere al control al Gobierno, se han presentado en la Asamblea, en tan solo un año, 26.000 iniciativas, una cifra muy elevada que llevaría a una proyección de 104.000 al final de mayo de 2027. Se trata de números muy superiores en comparación, por ejemplo, con la última legislatura de cuatro años de duración (2015- 2019), en la que se registraron un total de 42.259 iniciativas, lo que supondría más de un 146% de incremento.

Pero ahí también se hace notar la mayoría absoluta del PP: las iniciativas de la oposición rechazadas se cuentan por miles, mientras que los conservadores han usado su posición de fuerza para impulsar una comisión de investigación sobre la relación de la Universidad Complutense con la actividad laboral de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está siendo investigada por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

Nueva sede para la Cámara de Cuentas

“La situación [de España] me preocupa”, ha lanzado Ossorio, abandonando la neutralidad institucional para criticar al Gobierno central y sus aliados, o para extrañarse de que haya electores que voten al PSOE. “La sociedad está dormida, me lo dice muchísima gente (...)”, ha seguido. Y ha afeado: “A este grado de degradación no lo he visto jamás. No puedo decir más de lo que digo”.

Además, Ossorio ha planteado que la Asamblea dedique su remanente de tesorería, que alcanza los 30 millones de euros, para construir en una parcela vacía en los aledaños del Parlamento la sede de la Cámara de Cuentas.

Este organismo gasta alrededor de un millón de euros al año en el alquiler de las oficinas que emplea actualmente, según una fuente conocedora del proyecto. Aunque todo está por hacer, la idea inicial es apostar por un edificio de dos plantas sobre rasante, según una fuente parlamentaria.

“No hay ninguna estimación [del coste de la obra]”, precisó un portavoz de la Asamblea. “Se están viendo las necesidades y cómo tendría que ser el nuevo edificio”.

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