Ayuso explotará su mayoría con 158 normas hasta 2027: nuevo estatuto de autonomía, derechos de los abuelos y choque con Sánchez en educación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene un plan: aprobar un mínimo de 35 leyes y 123 decretos de aquí hasta 2027 para explotar así al máximo la mayoría absoluta que logró en mayo de 2023. Tras dos legislaturas dependiendo de Ciudadanos y Vox, su proyecto normativo, aprobado por el consejo de gobierno del 20 de diciembre, refleja la voluntad de dejar un sello imperecedero en la política madrileña. De un lado, Díaz Ayuso busca revertir las cesiones que tuvo que hacer el PP durante el gobierno en minoría de Cristina Cifuentes (2015-2018), como ya han reflejado las reformas de las leyes trans y contra la LGTBIfobia, o las modificaciones en el Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas. Del otro, apuesta por consolidar un legado que afecte a todas las áreas de la sociedad. Porque la huella de Díaz Ayuso quedará en todos los ámbitos si finalmente se decide a aprobar una reforma del estatuto de autonomía (para la que necesita los votos de la oposición), una norma “maestra” para la Formación Profesional, o las leyes de universidades, movilidad sostenible, salud pública o protección integral de la familia.

“El Plan Normativo contiene las propuestas normativas que las consejerías prevén elevar durante la legislatura a la aprobación del Consejo de Gobierno”, se lee en la documentación que sostiene los proyectos de la presidenta, una declaración de intenciones que luego se ejecutará en función de la conveniencia política, y que podrá ser modificada para añadir nuevas reformas. “Con esta planificación se consigue una mayor transparencia de la iniciativa legislativa y del ejercicio de la potestad reglamentaria en la Comunidad de Madrid, que facilite tanto a la ciudadanía como a los posibles afectados conocer las propuestas con la suficiente antelación y participar con posterioridad en el procedimiento de su elaboración”.

Estas son algunas de las iniciativas más destacadas, divididas según la consejería que las impulsa.

Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local: un nuevo estatuto de autonomía. El departamento que dirige Miguel Ángel García prevé proponer cambios en el texto sobre el que se fundamentan las instituciones regionales. Díaz Ayuso ya avanzó su interés en reducir en 45 el número de diputados en la Asamblea, para así aligerar su coste, y llegó a pactarlo con Vox la pasada legislatura, pese a que los dos partidos carecían de los votos suficientes para lograrlo. Ahora la mayoría absoluta del PP acerca el objetivo para una reforma que en todo caso debe recabar el apoyo de, al menos, dos tercios de la Cámara. Es decir, a la suma de PP y Vox les sigue faltando una decena de apoyos procedentes de la izquierda. En el trasfondo está el previsible consenso de todos los partidos para eliminar el término “minusválidos”. Y una vez que se abre la puerta, todo es susceptible de negociación. Por ejemplo, cambiar el nombre de la Asamblea por el de Parlamento, como ha planteado Díaz Ayuso, para, a su juicio, darle más empaque.

Además, este departamento aspira a una nueva ley de colegios profesionales; y regulará el funcionamiento del nuevo Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid; y modificará el de la Comisión Jurídica Asesora.

Consejería de Educación, Empleo y Universidades: al choque con Sánchez en FP y universidades. La pasada legislatura, el Gobierno regional promocionó lo que llamó una ley maestra educativa para neutralizar en lo posible la Lomloe estatal, blindando la educación concertada y especial en la región, y manteniendo la segregación por sexos en centros sostenidos con fondos públicos (los privados concertados). Ahora quiere aprobar una “ley maestra del sistema de formación profesional” para, en palabras del consejero del ramo, Emilio Viciana, citadas por EP, “blindar” el modelo regional frente a los “abusos” de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP del Estado, que considera van en “detrimento de la calidad de la formación”.

Lo mismo ocurre con la ley de universidades que proyecta el Ejecutivo regional como respuesta a la Losu estatal, que la presidenta calificó de “lastre” en septiembre. Además, esta consejería pretende patrocinar una ley de la ciencia, la tecnología y la innovación; o un decreto para crear un Centro de Atención Educativa Domiciliaria (CAED).

Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales: derechos de los abuelos y familias monoparentales. Díaz Ayuso quiere hacer de la natalidad y la familia uno de los pilares de su mandato, y por eso el Ejecutivo prepara esta nueva norma para “recuperar el protagonismo de los padres y potenciar la figura de los abuelos”. Estos últimos, según desgranó la consejera Ana Dávila, serán reconocidos como sujetos de derechos. Por ello, la Comunidad de Madrid promoverá y facilitará el ejercicio del derecho de los abuelos a tratar y visitar a sus nietos y a ser partícipes de su vida. Además, Dávila aspira a crear la Agencia Madrileña para la Calidad de los Servicios Sociales, y a regular el reconocimiento y acreditación de las familias monoparentales, un proyecto largamente aplazado por Díaz Ayuso.

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo: cuatro Presupuestos. Tras lograr aprobar únicamente dos Presupuestos desde 2019, cuando accedió por primera vez al poder, Díaz Ayuso tiene ahora asegurado sacar adelante las cuatro cuentas públicas de la legislatura. Y nada define mejor que sus inversiones las políticas de una Administración. Además, Díaz Ayuso quiere dar luz verde a una ley de defensa del contribuyente, con la que intentará dulcificar ante los votantes la recaudación autonómica frente a la estatal; otra de protección de los consumidores; y otra de medidas fiscales en la que previsiblemente intentará redistribuir lo recaudado, contra su deseo, a través del Impuesto del Patrimonio a las fortunas de más de tres millones de euros, impulsado por el Estado.

Además, el área de la consejera Rocío Albert quiere cerrar un decreto para modificar el reglamento de Organización y Funcionamiento de los Registros de Incompatibilidades de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras: nueva regulación de la vivienda pública y ley del suelo. En un mandato marcado por el litigio alrededor de la millonaria compensación a un fondo de inversión, obligado por la justicia a devolver a la administración cientos de viviendas públicas que había comprado, el Ejecutivo de Díaz Ayuso cambiará el decreto que regula las viviendas con protección pública, el que arbitra su concesión a través de la Agencia de Vivienda Social, o el que establece la reducción de su precio de alquiler. Además, impulsará leyes del Sector Ferroviario y de Movilidad Sostenible; modificará las que regulan el Consorcio Regional de Transportes, las carreteras autonómicas; o las sanciones en materia de depósito de fianzas para el arrendamiento. También intentará poner en marcha nuevas regulaciones de viajeros y un nuevo decreto de arrendamiento de vehículos con conductor.

Consejería de Sanidad: registro de objetores de conciencia y nuevas instrucciones previas. Además de crear un registro de objetores de conciencia en el ámbito sanitario, esta consejería planea elaborar una nueva ley de salud pública; otra de sanidad y crear un banco de tejidos. De igual manera, estudia elaborar un decreto para regular los servicios de guardia y vacaciones, la necesidad de farmacéuticos adjuntos, los requisitos para la preparación y entrega de sistemas personalizados de dosificación y las transmisiones de las oficinas de farmacia. Finalmente, este departamento quiere modificar la ley que regula las instrucciones previas para el tratamiento sanitario cuando el paciente no puede expresar su voluntad (fundamentalmente en el final de la vida) y regular su registro.

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior: cambios en la protección de los animales de compañía y ley del suelo. La presidenta regional se ha mostrado frontalmente en contra de la ley de bienestar animal, que calificó de “sinsentido y aberración”. Ahora quiere modificar la norma regional de protección de los animales de compañía, aprobada durante el mandato de Cifuentes; la de Protección de la Naturaleza, de 1995; o la de vertidos líquidos industriales al sistema de saneamiento, de 1993; además de aprobar una de caza y otra de pesca. También se elaborará un decreto para establecer el tipo de armamento y demás medios de defensa de los miembros de los cuerpos de policía local de la Comunidad de Madrid.

Finalmente, se modificará la ley de urbanismo y suelo de la Comunidad de Madrid, cuya última reforma acabó en el Tribunal Constitucional.

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte: pisos turísticos. Esta consejería quiere aprobar un decreto para modificar la norma de 2014 que regula los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid.

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