Ayuso paga por segunda vez al fondo que compró miles de viviendas públicas a Ignacio González y luego las tuvo que devolver

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidió el miércoles indemnizar por segunda vez en menos de un año al fondo Encasa Cibeles, que en 2013 compró 2.935 viviendas públicas al Ejecutivo que entonces presidía Ignacio González y en 2022 tuvo que devolver la mayoría por una decisión judicial que consideró injustificada aquella venta desesperada para lograr fondos para la Administración. Si en mayo la sociedad participada mayoritariamente por Goldman Sachs recibió de la Comunidad 107 millones en concepto de indemnización, el miércoles el Ejecutivo aprobó pagarle otros dos en concepto de intereses no devengados. Un capítulo más en una historia rocambolesca, a la que aún le queda un importantísimo capítulo final: Encasa Cibeles todavía reclama en los tribunales entre 65 y 90 millones más a Madrid como indemnización.

“Son los intereses que no se devengaron en su momento, porque los 107 millones se tuvieron que abonar de manera inmediata por la sentencia”, explica un portavoz gubernamental. “La Administración pública no tiene obligación de abonar estos intereses devengados si no hay reclamación por parte del interesado, y en este caso Encasa Cibeles sí lo ha solicitado”, añade. “Van desde el momento en el que recepcionamos las viviendas y la Abogacía de la Comunidad de Madrid dice que ya se formaliza el procedimiento administrativo de recíprocas prestaciones [como consecuencia de la anulación de la venta]”.

Todo empieza en 2013. Son tiempos de crisis económica y angustia presupuestaria para la Comunidad. González, el entonces presidente, empieza a vender las joyas de la corona: desde sedes históricas de la Administración en calles señeras de la capital a promociones de vivienda pública. Encasa Cibeles pone el ojo en 2.935 viviendas públicas impulsadas por Esperanza Aguirre y repartidas en 32 promociones de 11 municipios. Y las compra rápido por 201 millones. El escándalo estalla inmediatamente. Primero, porque la operación supone dejar en manos de una empresa privada suelo y viviendas que habían sido públicos. Pan para hoy y hambre para mañana. Y segundo, porque la oposición pone en duda los beneficios de la venta: el PSOE calcula que lo que se vendió por 201 millones tenía un valor de mercado de 400.

Es solo el principio de una catarata de escándalos. Los vecinos denuncian subidas de alquiler abusivas que la dueña de los edificios niega. Hay desahucios. Y cuando termina el periodo legal de protección de los apartamentos, la propietaria los empieza a vender a cientos en el mercado libre. “Nos han echado a los leones”, se quejan los afectados. Entonces aparece Rachid Bouiko, un inquilino de un piso de Navalcarnero que lleva a los tribunales la subida de su alquiler (de 40 a 150 euros, denuncia). Y Alejandra Jacinto, hoy diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y candidata a la presidencia regional en los próximos comicios, que es una de las abogadas que defiende a los afectados. Y comienza un larguísimo proceso judicial que acaba en una conmoción total para todas las partes implicadas: la justicia decide que Encasa Cibeles debe reincorporar a la Agencia de Vivienda Social las 1.721 viviendas que no han sido vendidas, 224 plazas de garaje y 34 locales.

¿La razón? Que su venta y salida del patrimonio público no fue debidamente justificada por la Administración en 2013, pues nadie demostró que no fuera necesario su uso con fines sociales. Es en ese momento en el que empieza una nueva aventura: calcular con cuánto dinero hay que indemnizar al comprador. “El proceso está en marcha, no está cerrado aún”, explica un portavoz del fondo. “Nuestra reclamación se presentó hace ya casi un año y contempla varios escenarios de compensación”, añade. “Estamos esperando la sentencia de los tribunales sobre la compensación”.

Lo que ha ocurrido es lo siguiente. En mayo, la Comunidad de Madrid decidió indemnizar con algo más de 107 millones de euros a Encasa Cibeles. En junio, el fondo decidió recurrir ante los tribunales esa decisión, que ponía fin al procedimiento administrativo, para reclamar entre 65 y 90 millones más. Una decisión que no pilló desprevenida a la Administración, ya que en uno de los documentos que componen el expediente de este largo conflicto se lee lo siguiente: “[Encasa Cibeles reclama una] indemnización de 198 millones euros, por los daños y perjuicios que a su juicio le ha causado el incumplimiento alegado; y subsidiariamente, en caso de considerar que la anulación de la Resolución de Adjudicación implica la anulación del Contrato, solicita 175.078.436 euros”.

En ese contexto se produjo la decisión del miércoles en el consejo de gobierno, un segundo pago que nada tiene que ver con la continuidad del proceso judicial, que se mantiene. “El procedimiento es el normal, no se trata de un pago de intereses de demora”, recalca un portavoz gubernamental. En el fondo tampoco dan mayores aclaraciones sobre este nuevo pago. Lo único seguro es que la factura por la venta de estas viviendas no hace más que incrementarse en contra de la Comunidad de Madrid: si ingresó 201 millones por vender 2.935 viviendas, ya se ha gastado casi 110 en recuperar 1.721, tan solo el 59% del total.

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