Encasa Cibeles lleva a los tribunales a la Comunidad de Madrid por las 1.721 viviendas públicas que ha devuelto

No hay acuerdo entre la Comunidad de Madrid y Encasa Cibeles, el fondo de inversión que compró 2.935 viviendas públicas en 2013 a la Administración y que ahora ha devuelto las que seguían en su poder por decisión judicial. El Gobierno regional estimó oportuno pagar algo más de 107 millones por la reincorporación a la Agencia de Vivienda Social (AVS) de 1.721 viviendas, 224 plazas de garaje y 34 locales. El resto, se vendieron en estos últimos nueve años en el mercado libre. Pero no hay acuerdo. La empresa ha decidido recurrir ante los tribunales la resolución de AVS, notificada el pasado 12 de mayo, por la que se pone fin al procedimiento administrativo para la liquidación del contrato de compraventa de los pisos que estaban repartidos en 32 promociones.

“Encasa Cibeles tiene la convicción de que la AVS ha tomado la decisión que considera más ajustada a Derecho. Sin embargo, no comparte esta decisión en cuanto a los fundamentos y criterios utilizados para adoptarla, tal y como Encasa Cibeles ha expuesto en su reclamación y a lo largo del procedimiento tramitado por la AVS”, ha dicho un comunicado. Por tanto, y dada la complejidad técnica del debate, el fondo de inversión entiende que la manera más adecuada y natural de resolver esta discrepancia es sometiéndola a la decisión de los tribunales, “proporcionando así una completa seguridad jurídica a la liquidación”. La Comunidad de Madrid, por su parte, estima que paga “el precio justo, exactamente lo que recibió con la venta”.

El tira y afloja sobre lo que la Comunidad de Madrid debe abonar al fondo por la devolución de las viviendas lleva tiempo gestándose entre despachos. En octubre de 2021, Encasa Cibeles ya comunicó oficialmente a la Administración su conformidad con que le fueran abonados los 107 millones, pero entendiéndolos como un “pago inicial” o adelanto “a cuenta de la compensación total que le corresponda percibir conforme a derecho, a cuyos efectos se remitía expresamente” a las cifras de 198 y 175 millones, según documentación obtenida por este diario en aplicación de la ley de transparencia.

Los 198 millones suponen reclamar daños y perjuicios a la Comunidad; y los 175 eran una cifra alternativa por si la administración consideraba que la sentencia judicial que anulaba la resolución de venta implicaba, a su vez, anular el contrato que había unido a las dos partes. Ahora, en el centro del caso que se dirimirá en los tribunales estarán los 52.047.320 euros que ya reclamó el fondo a la Comunidad el 2 de marzo de 2021 bajo el concepto de daños (4.448.941 euros) y lucro cesante (47.598.379 euros que dejará de ingresar, según sus cálculos, al dejar de explotar los pisos).

En el proceso Administrativo que derivó en el pago de los 107 millones, el Gobierno regional concluyó que Encasa Cibeles no tenía derecho a cobrar esos millones más, argumentando que no podía resarcir al fondo por la ganancia posible, e hipotética, que hubiera tenido de mantener los pisos, al no ser cuantificable de manera real. Y tampoco por el supuesto daño emergente, “en la medida en que no concurren las condiciones previstas en los fundamentos, principios y presupuestos de la responsabilidad patrimonial, en particular, como se ha tenido ocasión de exponer, las reglas relativas a la antijuridicidad del daño”.

Encasa Cibeles avisa ahora en su comunicado que el recurso que decidido llevar a la justicia “no afecta a la situación de los inquilinos de los inmuebles, ni a la relación de estos con la AVS, puesto que en ningún momento se está cuestionando la devolución de las 1.721 viviendas que fueron asumidas el pasado mes de septiembre por la AVS de forma ordenada y eficaz”.

Pero la Administración insiste en que el precio que ha decidido pagar por las viviendas está “avalado por la Abogacía General de la Comunidad”. “Si Encasa no está de acuerdo con ese precio, que nosotros consideramos justo y objetivo, tiene todo el derecho de acudir a la vía judicial, ya que desde la Administración pública lo que defendemos es el patrimonio de todos los madrileños”.

¿Cuánto dinero ha obtenido Encasa Cibeles por las 1.214 viviendas que ha vendido en este tiempo? ¿Y por los alquileres que ha estado cobrando durante más de una década? ¿Quién compensa a los inquilinos que tuvieron que dejar sus viviendas porque se había acabado el periodo de protección, subió el alquiler, y no pudieron pagarlo? ¿Y qué pasa con el dinero extra que tuvieron que pagar los inquilinos que se quedaron pese al alza de la renta? Finalmente, ¿qué pasa con las decenas de millones invertidos por el fondo en mantener los pisos en este tiempo? Son preguntas a las que el fondo no da respuesta, amparándose en la ley de protección de datos, y que alimentan una polémica que ha atravesado a los gobiernos de Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido e Isabel Díaz Ayuso.

Esta es la cronología de una polémica sin fin. Primero, Esperanza Aguirre impulsa la construcción de estas 2.935 viviendas públicas. Luego explota la crisis económica de principios de siglo. Está ya González al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y en 2013 decide que una de las mejores formas de lograr liquidez es vender estos inmuebles públicos construidos para atender a familias vulnerables.

La batalla judicial empieza en Navalcarnero. Allí, Rachid Bouikou pagaba 49 euros mensuales de alquiler y otros 40 de comunidad tras quedarse sin trabajo. Hasta que cambia el arrendador. Encasa Cibeles le reclama que la renta suba a 150. Es 2016, y así arranca un pulso desigual. De un lado, un fondo de inversión con un ejército de abogados. Del otro, Bouikou asistido por un abogado del turno de oficio, César Pinto, con el que empieza a escalar un himalaya judicial al que se acaban sumando Alejandra Jacinto (hoy diputada de Podemos en la Asamblea), Felipe Alonso o Manuel San Pastor, que representan a cientos de afectados distribuidos en los cuatro recursos colectivos que reúnen a los vecinos de Parla, Leganés y Vallecas (divididos entre los del Ensanche y los de Valdecarros).

Se abren hasta 19 procesos judiciales, según el balance de la Cámara de Cuentas, que advierte en un informe de 2021 de la “incertidumbre” que genera para las cuentas públicas que aún se desconozca la cifra con la que se indemnizará al fondo. El Tribunal Supremo da la razón a los inquilinos en 2019 y anuló la venta de las 2.953 viviendas, aunque muchas de ellas ya habían sido compradas en el mercado libre. En octubre de 2020, Encasa Cibeles anuncia su determinación de cumplir con la sentencia, y devolver las viviendas, a cambio del dinero que invirtió en ellas. Los tribunales tendrán que decidir de nuevo. En juego, la diferencia de entre 65 y 90 millones que hay entre la cifra decidida por la Comunidad y las dos reclamadas por el fondo.

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