La Comunidad de Madrid no quiere 1.700 pisos

La Comunidad de Madrid se niega a recoger las llaves de las 1.700 viviendas que le devuelve el fondo de inversión Encasa Cibeles por imperativo legal. Parece un juego, pero con pisos con personas dentro, lo cual hace la situación, cuando menos, “indignante para los implicados”, según el abogado Javier Rubio Gil, que representa a inquilinos que llevan años peleando en los juzgados para que su casero originario, el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), vuelva a hacerse cargo de su alquiler.

La sorpresa la dio ayer el fondo de inversión, Encasa Cibeles, que anunció que el jueves a última hora había puesto una demanda contra la Administración porque no le deja cumplir con lo que dictaminó el Tribunal Supremo en 2019, que anuló la venta de las 2.953 viviendas (pertenecientes a 32 promociones) por 201 millones por irregularidades en el proceso. Por tanto —dicen— si anuló aquella venta, ellos —que fueron los compradores— pretenden devolver las viviendas que todavía están en su poder (1.700). “Queremos cumplir la ley”, explicaron fuentes del fondo. Pero la ley tiene muchas interpretaciones. Y el Gobierno regional la suya.

Para cumplir la sentencia, Encasa Cibeles ha contratado los servicios de una empresa independiente para valorar cuál sería la contraprestación que deberían recibir ahora. Pagaron 201 millones por casi 3.000 viviendas y ahora perderían 1.700. Y eso tiene precio —que el fondo no ha querido revelar— porque consideran que el error que se cometió no fue suyo. Durante estos siete años, la empresa ha invertido dinero, ha recibido alquileres y ha vendido viviendas. Ha ganado y ha perdido. Por eso, un estudio ha valorado el precio actual que debería abonar la Administración por esas viviendas. “Lo que reclaman lesionaría los intereses de los madrileños”, responden fuentes de la Consejería de Vivienda, liderada por David Pérez, que se niega a llegar a un acuerdo con la empresa. “Solo acataremos decisiones judiciales”, añaden.

La batalla actual tiene un origen: la venta. Las familias afectadas habían sido adjudicatarias de viviendas públicas en los años previos, y habían suscrito contratos de alquiler público con el Ivima bajo la premisa de contar con una vivienda asequible, mientras pagasen su renta, para toda la vida. En los actos públicos de entrega de llaves de los años 2007 a 2011, Esperanza Aguirre declaró a bombo y platillo que aquellas viviendas serían la garantía de estabilidad y hogar para familias humildes. De hecho, hizo la entrega en un acto público y prometió, entre foto y foto, que aquello contaba con una cláusula inalienable: era para toda la vida. Pero esa vida también estaba sujeta a interpretación.

El Gobierno regional argumentó que aquella venta era necesaria para no incurrir en déficit. Comenzó así una pesadilla para las personas que vivían dentro, que vieron cómo los precios de sus viviendas subieron como la espuma. Llegaron las protestas, desahucios y manifestaciones. Algunos inquilinos acabaron claudicando y se fueron. Otros consiguieron ejecutar su alquiler con opción a compra y cambiaron el fondo por la hipoteca del banco. Y otros lucharon por lo que creían justo.

La chispa se encendió entonces en Navalcarnero, uno de los 11 municipios en los que se construyeron las 32 promociones públicas. Rachid Bouikou pagaba 49 euros mensuales de alquiler y otros 40 de comunidad tras quedarse sin trabajo. Encasa Cibeles le reclamó que la renta subiera a 150. Y así empezó un pulso desigual, el de un particular contra la Administración. En 2016 la justicia dictaminó en contra de Rachid, pero en 2017 las tornas cambiaron y en 2019 el Tribunal Supremo lo ratificó.

El tirón de orejas salió en todos los medios. El Alto Tribunal anuló a finales del año pasado la venta. En la sentencia esgrimió que hubo irregularidades en el procedimiento y no había una justificación mínimamente razonable para desprenderse de más del 10% del patrimonio público de viviendas sociales de la región. La Administración, que en un principio se planteó recurrir al Constitucional, dice ahora que acatará lo que digan los jueces. Pero entiende que solo debe ejecutar la sentencia con Rachid, la persona que lo llevó a los tribunales.

“Eso no es así. El Gobierno hace una interpretación partidista de la sentencia”, explica Cristina González, diputada socialista que el jueves llevó una iniciativa a la Asamblea. “Pedimos que se cumpla lo que dijo el Supremo, que la venta fue nula. Y se vendió todo de una vez, las 32 promociones en bloque, no casa por casa. Por eso todas las viviendas deben volver al Ivima y no solo la de la persona que recurrió”, argumenta González, una explicación que comparte Rubio Gil, abogado de los inquilinos, y el servicio jurídico de Encasa Cibeles, razón por la que han decidido devolver el paquete completo de viviendas.

La propuesta del PSOE también contemplaba que se creara una oficina donde evaluar la situación de cada afectado y que se paralizaran los desahucios que todavía no se han ejecutado. María Fuertes, madre soltera con cuatro hijos y una incapacidad, vive en un piso de una promoción de Móstoles y tiene fecha de desahucio para el 2 de diciembre. “Solo exijo lo que es nuestro y es justo”, suplica.

La derecha, en bloque, votó el jueves en contra de la propuesta. La Administración no quiere esos pisos. Ni a sus inquilinos.

Siete años de protestas y juicios

El Gobierno de Ignacio González vendió 2.935 viviendas protegidas que pertenecían a 32 promociones ubicadas en Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127). Las compró un fondo de inversión de Goldman Sachs (Encasa Cibeles) a la Comunidad de Madrid por 201 millones de euros.

De aquellas viviendas, ya se han vendido 1.253, 599 en el mercado libre y el resto a los inquilinos originales, que ejercieron su derecho a compra.

Un inquilino de Navalcarnero, Rachid Bouikou, recurrió la venta al entender que se alteraban las condiciones con las que había accedido a la vivienda. En 2016, la justicia dictaminó que no tenía legitimación activa para recurrir. En 2017, sin embargo, el Supremo concluyó que los inquilinos sufrían las consecuencias directas de la venta.

En mayo y junio de 2019, el Tribunal Superior de Madrid dictó sendas sentencias confirmando la anulación de las resoluciones del Ivima, permitiendo la venta, al no argumentar por qué esos bienes no tenían utilidad para la Administración.

El Gobierno se planteó acudir al Tribunal Constitucional después de que el Supremo inadmitiera los recursos de la Comunidad y del fondo comprador. En septiembre aceptó la nulidad de la venta, aunque sus servicios jurídicos interpretan que solo afectan al recurrente y no al conjunto de las viviendas.

Encasa Cibeles mandó ayer una carta a los inquilinos en la que les informa de que la sentencia les obliga a devolver la totalidad de las viviendas. “Estamos explorando tanto la vía judicial como la negociada para que esta devolución se realice lo antes posible”, dice la nota.

Información sobre el coronavirus

- Aquí puede seguir la última hora sobre la evolución de la pandemia

- Así evoluciona la curva del coronavirus en España y en cada autonomía

- Buscador: La nueva normalidad por municipios

- Preguntas y respuestas sobre el coronavirus

- Guía de actuación ante la enfermedad