La Comunidad de Madrid acepta que es nula la venta de 2.935 viviendas públicas a un fondo

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido no recurrir ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó en marzo la nulidad de la venta de 2.935 viviendas públicas a un fondo de inversión de Goldman Sachs, que se produjo en 2003 y por 201 millones de euros, según ha adelantado Infolibre y ha confirmado este periódico.

Aunque los servicios jurídicos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso entienden que la decisión solo afecta a una vivienda, la del recurrente, y posteriores reclamantes homologables a él, el conjunto de afectados se agarra a que el Supremo recordó en un auto de diciembre que la sentencia dictada en mayo de 2018 por un juzgado de la capital decretaba una doble nulidad: una, respecto de la enajenación de las 32 promociones (que deja sin efecto) y, otra, respecto de la concreta transmisión de la propiedad del recurrente. La Comunidad, por su parte, argumenta que el juzgado 29 de Madrid de lo contencioso administrativo ha señalado que esta sentencia solo afectaría a el/los recurrentes, no al conjunto de las 2.935 viviendas.

Esperanza Aguirre impulsó la construcción de estas viviendas públicas, repartidas en 32 promociones y por 11 municipios, destinadas a régimen de alquiler, alquiler con derecho a venta para jóvenes, y alquiler con derecho a venta en general. En 2013, en plena crisis y ya bajo la presidencia de Ignacio González, la Comunidad se las vendió al fondo Encasa Cibeles por 201 millones.

Las sentencias previas que dio por buenas el Supremo, sin entrar en el fondo del asunto, cuestionaban que la operación hubiera estado bien ejecutada. Así, entendieron que la Comunidad sí justificó las razones políticas de la venta de los pisos (la necesidad de liquidez para alcanzar la estabilidad presupuestaria), pero no cumplió con otro requisito que exige la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para vender un bien público: en este caso, argumentar que las viviendas que se enajenan ya no eran necesarias para cumplir con la función social del IVIMA.

“Estamos ejecutando la sentencia, que no señala que haya que recuperar las 3.000 viviendas”, dijo un portavoz de la consejería de Vivienda. “La vivienda del recurrente revierte de nuevo en la agencia de la vivienda social [organismo que sustituyó al IVIMA], y este se convierte en su inquilino [en lugar de depender del fondo de inversión]”.

Ni la sentencia ni su ejecución son el punto final del recorrido judicial de una polémica a la que le quedan muchos capítulos. La Comunidad calcula que al menos otros 50 inquilinos estarían dispuestos a acudir a los tribunales para obtener el mismo resultado que el recurrente al que le ha dado la razón el Supremo. Y la asociación de afectados entiende que eso no es necesario, porque esta sentencia ya les ampara. Ambas situaciones, en todo caso, dejan en el limbo a los compradores que se han hecho con 1.213 apartamentos desde que acabó el periodo de protección que impedía su venta.

De esas viviendas, al menos 505 han salido en el mercado libre y 654 tras ejecutar los inquilinos originales su opción de compra preferente a un precio protegido, según fuentes conocedoras de su operativa. Hoy no quedan 600 de los más de 2.200 inquilinos originales del IVIMA y los procesos judiciales abiertos por los afectados rodean de dudas miles de nuevos contratos de venta y alquiler.

En su mayoría se trata de pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie. Las viviendas están ubicadas en las localidades de Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).

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