El Gobierno exige que quienes manipulen alimentos entiendan castellano
El anteproyecto de la ley de salud pública responsabiliza a los empresarios de que la barrera lingüística no provoque intoxicaciones alimentarias
El Gobierno de la Comunidad quiere que las empresas alimentarias combatan posibles casos de intoxicación garantizando que sus empleados extranjeros entienden el castellano, y que por ello comprenden las medidas de seguridad o las indicaciones de los clientes sobre sus alergias. El requisito, recogido en el anteproyecto de Ley de Salud pública, afectaría a los procesadores de alimentos; y a la larga a pinches, cocineros y camareros. El texto también obligará a los organizadores de eventos con más de 500 asistentes —fiestas, conciertos, partidos...— a firmar una declaración responsable del impacto en la salud de sus actividades.
¿Se ha encontrado la administración madrileña con algún problema de seguridad alimentaria porque los empleados de una compañía no dominaran el castellano?
Las claves de la normativa
- El titular de la empresa alimentaria (...). Garantizará, asimismo, la competencia lingüística mínima en castellano de sus trabajadores, suficiente para mantener la adecuada comprensión de los procedimientos de seguridad y los puntos críticos de control.
- Se limitarán las actividades que promocionen el consumo irresponsable o indiscriminado de alimentos o bebidas, como las denominadas "barras libres" de bebidas alcohólicas (...).
- Se someterán a evaluación del impacto en salud (...) las actividades de carácter permanente, extraordinario o coyuntural que generen una afluencia o congregación de asistentes superior a 500 personas, incluidos los espectáculos públicos y actividades recreativas.
“Estamos detectándolo de una manera directa e indirecta”, contesta Juan Martínez Hernández, director general de salud pública de la Comunidad de Madrid. “Es una realidad emergente”, añade. “Cada vez hay más alimentos que son alérgenos y que es obligatorio conocer, para informar a los clientes. Si un empleado no es capaz de comunicarse mínimamente con el resto de compañeros y clientes, podría haber un problema grave de seguridad alimentaria”, opina. Y ejemplifica: “Si hoy un empleado de un establecimiento no conoce nada del idioma, y un cliente, o un compañero de trabajo, le indica que determinado producto no puede contener cacahuetes, porque puede provocar una reacción alérgica grave, y morir una persona... hay una alta probabilidad de accidente”.
Justo cuando la legislatura expira, volcando poco a poco la actividad política hacia las elecciones de mayo de 2019, el Gobierno ha empezado a tramitar una ley pionera sobre salud pública. El anteproyecto afecta a la seguridad alimentaria y medioambiental, a los hábitos de consumo, o a las prescripciones médicas. Recoge, por ejemplo, la voluntad de limitar las barras libres de alcohol, o la oferta de bebidas azucaradas y de comida en formato XL. También quiere obligar a los empresarios de máquinas de vending a ofrecer un 30% de productos saludables en su escaparate. Y plantea, finalmente, la posibilidad de que médicos, enfermeros o fisioterapeutas emitan recetas que prescriban el ejercicio físico como un arma preventiva frente a la enfermedad —lo que abre la puerta al uso gratuito de polideportivos públicos y centros privados con los que se hayan establecido convenios—.
La mayoría de disposiciones de la ley requerirán de un reglamento que desarrolle su aplicación. El que afecta a los manipuladores de alimentos ya está en marcha, según avanzan desde la consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero, y centrará la responsabilidad en el empresario y no en el trabajador: la compañía será quien firme la declaración responsabilizándose de que su empleado es capaz de seguir la normativa de seguridad, o las indicaciones de los clientes. Si la ley entra en vigor, afectará inmediatamente a los trabajadores que manipulan alimentos durante su elaboración, y a la larga a pinches, cocineros y camareros —que dependen de los ayuntamientos y las especificidades de las licencias municipales—.
“Es razonable y justificado el fin —entender las normas—, aunque se podrían comunicar en otro idioma”, opina José Manuel Freire, diputado del PSOE. “Posiblemente responde a casuística real, encontrada en inspecciones”.
“Nos parece lógico”, coincide Carmen San José, de Podemos. “En la relación con el público tienen que hacerse entender con claridad”.
Impacto en la salud
La Ley también quiere crear una nueva figura, la evaluación de impacto en salud, que opera de forma similar a la evaluación de impacto medioambiental que tienen que hacer las obras. Esa obligación afectaría a todos los conciertos, fiestas, partidos y eventos que se organicen en la región y reúnan a más de 500 personas. Con el recuerdo de la tragedia del Madrid Arena en la memoria, la normativa pretende tener un efecto de concienciación sobre la normativa en los promotores, según la consejería de Sanidad.
“El promotor tendrá que cumplimentar electrónicamente unos campos en los que declare que cumple con ciertas condiciones de seguridad, legislación vigente en materia de alcohol, drogas, tabaco y propias de la actividad que puedan tener interferencia en la salud”, explica Martínez Hernández. “Es una garantía para el ciudadano que dé fe de que cumple con lo normativa”.
La ley blinda la gratuidad de las vacunas
El anteproyecto de ley de salud pública blinda por primera vez la gratuidad de las vacunas recogidas en el calendario de vacunación de la Comunidad.
“Las vacunaciones incluidas en el calendario tendrán carácter universal y gratuito y serán voluntarias, salvo indicación expresa de la autoridad sanitaria ante situaciones de epidemia u otras que recomienden la obligatoriedad de dichas vacunaciones, y se aplicarán preferentemente en el ámbito de la atención primaria”, establece el texto, que podrá ser modificado durante el trámite parlamentario que debe preceder a su votación en la Asamblea.
El anteproyecto también recoge el principio de “prevalencia del interés regional” cuando se produzcan emergencias de salud, nacionales o internacionales, epidemias, o situaciones de desabastecimiento de vacunas. En esos casos, la Comunidad podrá salirse del calendario pactado en el consejo interterritorial —que reúne a todas las Comunidades— para atender a las necesidades de Madrid interviniendo un medicamento u ordenando la aplicación de vacunas que no se emplean en otras regiones.
Además, el artículo 76 del anteproyecto recoge la creación de las agencias privadas de salud pública. El Gobierno ve en esa figura un sello de calidad que permita distinguir a las organizaciones que operan con estándares oficiales, dejando sin ese marchamo a las que promocionen métodos alternativos o se muestren en contra de las vacunas. Sin embargo, la oposición advierte que en ese punto puede haber una puerta de entrada para privatizar lo público, pese a que la normativa especifica que solo se concederá la distinción a organizaciones sin ánimo de lucro.
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