Ayuso pisa el acelerador tras dos años de parálisis legislativa y llena de leyes el arranque de la legislatura
El Gobierno prepara los Presupuestos y una rebaja fiscal; quiere nuevas normas en Educación, Medio Ambiente, Fiscalidad o Cultura; y ya ha cambiado las reglas en Telemadrid
Tras cerrar su primera legislatura como presidenta de la Comunidad de Madrid sin aprobar ni una sola ley nueva de calado, ni enviar un proyecto de Presupuestos a la Asamblea, Isabel Díaz Ayuso ha pisado el acelerador en el inicio de su segunda legislatura en el poder. En las tres semanas que han pasado desde que tomó posesión como presidenta regional, la líder conservadora ha enviado a la Cámara una nueva ley educativa para neutralizar la Lomloe; ha logrado que el PP apruebe cambios legales para controlar Telemadrid con Vox; se ha comprometido a presentar unos Presupuestos y una rebaja fiscal; y ha comenzado los trámites para reformar la ley de Patrimonio Cultural, según consta en el Portal de Transparencia.
“España necesita recobrar el pulso político y social con medidas claras y eficaces”, aseguró Ayuso durante el discurso con el que abrió el debate para su investidura en la Asamblea de Madrid. “Iniciamos la Duodécima Legislatura que es, en rigor, la segunda parte de la Undécima, ya que el recorrido de nuestro mandato anterior fue truncado cuando en algunos despachos decidieron que podían cambiar el gobierno por la puerta de atrás”, siguió, en referencia a la excusa que usó para adelantar elecciones: la posibilidad, nunca demostrada, de que PSOE y Cs se aliaran contra el PP en Madrid, tal y como habían hecho en Murcia. Y recordó: “En el uso de mis competencias, decidí convocar a las urnas para que fueran los ciudadanos de Madrid quienes decidieran en manos de quién poner los proyectos de nuestra región”.
En las elecciones del 4-M, Ayuso logró 65 diputados, frente a los 30 que tenía antes. Y no solo eso. Pasó de tener que negociar con dos partidos (Cs y Vox) para sacar cualquier iniciativa adelante a depender únicamente de uno (la extrema derecha). De formar el primer Gobierno de coalición de la historia de la región con la formación naranja, a gobernar en solitario. Y de presidir un Ejecutivo lleno de tensiones y contradicciones, y muy desgastado por los conflictos internos, a encabezar un grupo elegido bajo el criterio de la lealtad total y la unidad de acción. Desde entonces, el cambio es absoluto. Sobran los ejemplos.
El Gobierno de coalición que formaron el PP y Cs entre agosto de 2019 y marzo de 2021 saltó por los aires sin haber aprobado ni una sola nueva ley de calado; con la reforma de la del suelo recurrida ante el Tribunal Constitucional; y con la creación de una nueva universidad privada como todo balance legislativo. Por no hacer, aquel Ejecutivo ni siquiera presentó un proyecto de cuentas públicas durante dos años: aún siguen vigentes los de 2019, que diseñó el Ejecutivo de Ángel Garrido cuando el coronavirus no existía, y Madrid afrontaba una época de bonanza, no de crisis.
Ahora ocurre lo contrario. Con las elecciones de 2023 ya en el horizonte, y tras pasar de 30 a 65 diputados con las elecciones del 4-M, Ayuso ha llenado su agenda de compromisos legislativos.
Los hay ya culminados, como la reforma que permitirá a PP y Vox controlar la televisión y la radio públicas de la Comunidad de Madrid.
Los hay ya presentados, como la norma educativa con la que Ayuso pretende neutralizar en lo posible la llamada ley Celaá (Lomloe), blindando la educación concertada y especial en la región, y manteniendo la segregación por sexos en centros sostenidos con fondos públicos (los privados concertados).
Los hay en plena tramitación, como la nueva ley de Patrimonio Cultural, con la que la Comunidad quiere reconducir un texto reformulado por el Tribunal Constitucional, que anuló ocho de sus artículos en 2014. Se acaba de abrir el proceso de consulta pública, que acabará en agosto.
Y los hay ya anunciados: entre otros, una ley de Presupuestos para 2022; otra de economía circular que vendrá acompañada de cambios en 15 leyes para fomentar la economía verde; la de autonomía fiscal; la de mercado abierto para que cualquier empresario asentado en España pueda operar en Madrid sin ningún trámite adicional; o una rebaja fiscal de medio punto del IRPF valorada en unos 300 millones de euros, y que favorecerá especialmente a las rentas más altas.
Apoyo o abstención de Vox
Para sacar adelante toda esas nuevas normas, el PP necesitará del apoyo o la abstención de Vox. Y en la formación conservadora, explica un dirigente con galones, consideran que el inicio de la legislatura muestra que la extrema derecha no debe poner excesivos problemas.
Así, en el PP consideran que Vox ya ha cometido dos errores estratégicos en el breve periodo que ha transcurrido desde las elecciones del 4-M. El primero, anunciar su apoyo a la investigación parlamentaria de las 5.000 muertes en las residencias durante lo peor de la pandemia, para luego retractarse. Y el segundo, echar un pulso al PP al vincular la formación de la Mesa de la Asamblea a una reducción del número de diputados de la Cámara que los dos partidos no pueden sacar adelante sin el apoyo de la izquierda.
Los asesores de Ayuso interpretan esos movimientos como símbolos de debilidad. Es, consideran, la constatación de la compleja situación en la que se encuentra Vox: aunque tiene la llave de la legislatura, porque su voto negativo frenaría cualquier proyecto del PP, teme sufrir el desgaste de votar junto a la izquierda para hacerse valer. Una situación, concluyen, que debería favorecer que los proyectos de Ayuso salgan adelante.
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