Díaz Ayuso: un mes sin formar Gobierno y dos años sin presupuestos adaptados a la pandemia

Isabel Díaz Ayuso no podrá formar Gobierno hasta finales de junio porque fijó la fecha de constitución de la Asamblea para más de un mes después de los comicios (8 de junio), apurando al máximo el plazo que marca la ley. La falta de un Ejecutivo en plenas funciones durante mes y medio no será lo único que afecte a la lucha contra la crisis sanitaria, económica y social que vive la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso, que gobierna con los Presupuestos prorrogados de 2019, no negociará con Vox unas nuevas cuentas para 2021, y se centrará en las de 2022.

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Constitución de la Asamblea, el 8 de junio. Debate de investidura, el 17 y el 18. Toma de posesión de la presidenta, el 19 o el 21. Y formación de Gobierno, el 21 o el 22. Ese es el calendario con el que trabaja el PP para que eche a andar el segundo Ejecutivo de Díaz Ayuso. Sus componentes están decididos “al 80%”, según una fuente gubernamental, que precisa que no es segura la continuidad de todos los consejeros del PP que acompañaron en su primera etapa a la hoy presidenta en funciones. Con el futuro de Enrique Ruiz-Escudero (Sanidad), María Eugenia Carballedo (Presidencia) y David Pérez (Vivienda) rodeado de interrogantes, una cosa es segura: mientras resuelve el sudoku, Díaz Ayuso consumirá más de un mes y medio sin poder tomar decisiones de calado.

¿A qué se debe ese retraso en medio de una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes? A una decisión de la presidenta.

El 10 de marzo, Díaz Ayuso optó por adelantar las elecciones. El decreto en el que oficializó su resolución estableció que el 8 de junio se formaría la Asamblea saliente de los comicios, un paso imprescindible para proclamar al nuevo presidente regional. La fecha elegida apura totalmente el plazo de 25 días como máximo que marcan la ley electoral y el estatuto de autonomía para reunir por primera vez a los nuevos diputados, recuerdan en el PP, que interpreta que esas dos normas se refieren a jornadas laborables. Pero nada impedía elegir una fecha más cercana.

Pasó en 2015: las elecciones fueron el 24 de mayo y la Asamblea se constituyó el 9 de junio, por lo que pasaron solo 16 días. También en 2019: las elecciones fueron el 26 de mayo, y el Parlamento fue activado el 11 de junio, poco más de quince días después. Ahora, tras una campaña centrada en la urgencia de tomar decisiones para paliar los efectos de la pandemia, las elecciones han sido el 4 de mayo y la vuelta de la vida parlamentaria se ha fijado para el 8 de junio. Se consumirán 35 jornadas (25 laborables) sin que siquiera empiecen las consultas a los portavoces parlamentarios que preceden al debate de investidura y la formación de gobierno.

El Ejecutivo autónomo entiende que esas tres elecciones no son comparables porque las del 4-M supusieron el primer adelanto electoral de la historia de la región. Pero la oposición ve un motivo político en la elección de apurar el plazo. “Amplió y apuró los plazos para garantizarse que tenía tiempo de alcanzar un acuerdo de investidura”, opinan.

Así, Vox estaría en el centro del razonamiento que llevó a elegir el 8 de junio como fecha para constituir la Asamblea. Tras las traumáticas negociaciones para la investidura de 2019, cuando Díaz Ayuso descontó dos meses hasta que logró alcanzar un precario pacto a tres entre PP, Cs y Vox, la presidenta se quiso dar margen para negociar las condiciones de su segundo mandato.

No es un caso único. La extrema derecha también está en el corazón de otra decisión de calado. Después de escuchar que Vox apoyará la investirá sin pedir nada a cambio, Díaz Ayuso ha desistido de aprobar unos presupuestos para 2021, para centrarse en los de 2022. La explicación oficial es que a estas alturas del año no hay tiempo ni merece la pena aprobar unas nuevas cuentas para solo unos pocos meses. Pero a eso se suma que la decisión le quita al partido ultra la posibilidad de cobrarse el precio de la investidura en la negociación de unos presupuestos clave.

Madrid, golpeada por el coronavirus como el resto de autonomías, es excepcional en que tiene unas cuentas públicas que responden a otra realidad: son las de 2019, época de bonanza, y fueron aprobadas por el Gobierno de Ángel Garrido. Díaz Ayuso ni siquiera ha presentado ante la Cámara un proyecto en 2019, 2020 y lo que va de 2021.

“Nos hemos encontrado en unas fechas muy complicadas para hacerlos [para 2021]”, justificó el miércoles Díaz Ayuso, en su primera rueda de prensa tras las elecciones del 4-M.

En enero, el PP y Cs, entonces socios de Gobierno, anunciaron que habían alcanzado un acuerdo presupuestario. En marzo, creían tener asegurado el imprescindible apoyo de Vox a ese proyecto. Que ese documento con tan solo dos meses de vida no sirva ya de nada, y que el apoyo de la extrema derecha siga siendo obligatorio, resume todo lo que ha cambiado y todo lo que sigue igual tras las elecciones del 4-M.

Lo que ha cambiado: Díaz Ayuso ya no necesita a Cs, desaparecido de la Asamblea, para sacar adelante su programa de gobierno, y por lo tanto puede descartar las cesiones hechas. Lo que no ha cambiado: se mantiene su dependencia del partido de Santiago Abascal.

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