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Juez De Lara: “El peor delito no es matar a una persona, sino esclavizarla”

"Somos una sociedad profundamente hipócrita", dice la magistrada de la Carioca, "la trata de seres humanos es ilegal pero la tenemos a la vista y la consentimos"

La juez de instrucción de Lugo revisa los anuncios de contactos, esta mañana, en un diario.
La juez de instrucción de Lugo revisa los anuncios de contactos, esta mañana, en un diario.ÓSCAR CORRAL

"Reina, te voy a llevar a un lugar chulísimo, vas a ganar dinero, vas a conocer al hombre de tus sueños", le dice un mal día el tratante de personas a la chica paupérrima del barrio desheredado del país donde campan las más aberrantes diferencias entre ricos y pobres. Ella a lo mejor ya sufre algún tipo de abuso por parte de un pariente, o se prostituye por las divisas del turista en el centro de la ciudad, y entiende que si acepta la sugerente invitación del viaje a España es para seguir prostituyéndose, pero a cambio de una vida mejor. "Cuando llega aquí, la encierran en un club", describe la juez Pilar de Lara, "y nadie le había dicho que iba a trabajar 12 horas seguidas sin poderse sentar a descansar; que no iba a poder salir mientras no pagase la deuda; que lo que ganase se lo iba a tener que entregar al chulo; que no iba a poder rechazar a ningún cliente; que además acabaría con adicciones porque le subministrarían coca para ligar más; que le iban a poner multas por tener la regla y hasta por respirar".

"El peor delito, el atentado más grave contra una persona es la trata; que la conviertan en esclava, no que la maten", ha defendido la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, responsable del caso Carioca, este mediodía durante su charla en una ONG de Santiago. La trata en todas sus versiones ("la explotación sexual y laboral; el tráfico de órganos; obligar a mendigar o delinquir") es, para la instructora de una de las mayores causas contra el proxenetismo que ha conocido España la "cosificación" del ser humano, al que le quitan "el futuro, los sueños, la dignidad" para convertirlo en "mercancía" y "utilizarlo hasta que ya no produzca beneficios".

"La esclavitud es ilegal pero la tenemos a nuestra vista y la consentimos. Consentimos el proxenetismo, los sueldos basura, la filipina sin asegurar" que limpia el piso del vecino. "Somos una sociedad profundamente hipócrita", ha afirmado antes de empezar a desgranar una serie de ejemplos, algunos en la casa de al lado, otros enquistados justo en nuestras fronteras y otros más, como Libia, convertidos en metástasis con el silencio administrativo internacional.

"Todos los países somos cómplices de la situación de genocidio que se está produciendo", ha clamado la magistrada ante los asistentes a la reunión en la Casa de Cultura e Solidariedade, un centro de la red del Movimiento Cultural Cristiano fundado por militantes del apostolado obrero como Guillermo Rovirosa en los años 40. Al fondo del salón, en la sede de la ONG en la rúa do Home Santo, pende en lo alto un letrero con una frase de Rovirosa, en proceso de beatificación por la Iglesia Católica: "Este mundo de hambrientos, de esclavos y oprimidos solo tiene remedio desde la solidaridad".

"Si hay trata es porque hay países ricos y países pobres", "los ricos explotan a los pobres", y "frente al hambre no hay fronteras que sirvan", defiende De Lara. "No podemos considerarnos personas si consentimos lo que está pasando", opina la instructora de la descomunal causa gallega contra la prostitución que estalló en octubre de 2009, se despiezó en 52 partes y sigue en manos de una colección de fiscales que no acaban de resolver para que los cabecillas se sienten al fin en el banquillo.

250 tomos, 1,2 millones de folios, 100 imputados y casi 400 testigos dan para mucho trabajo pero el tiempo corre en contra de las víctimas y a favor de los proxenetas y los miembros de las fuerzas del orden (Guardia Civil, policía nacional y local) que supuestamente formaban parte fundamental, y bien engrasada, del engranaje mafioso. Se da incluso el caso de alguna mujer que es al mismo tiempo víctima e imputada de la Carioca y que en estos momentos sigue buscándose la vida en Galicia sin poder regresar a Brasil para ver a su familia porque no puede abandonar el país. Busca apoyo en una ONG de Vigo y se apunta a sucesivos cursos de formación porque no quiere volver a un burdel: quiere ser pastelera.

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"Tenemos un montón de normas, en este país se ha producido una diarrea legislativa contra la trata", explica De Lara, pero cuando los casos llegan a juicio el sistema acaba fallando. "Sentencias condenatorias hay muy pocas y son muy benignas teniendo en cuenta la gravedad de los delitos". Mientras tanto, la trata "no se erradica porque detrás hay un negocio importantísimo, y todo se mueve en términos de rentabilidad". "Se dice que la trata es el tercer negocio ilegal en el mundo, por detrás del tráfico de drogas y de armas", continúa la juez que también dirige las operaciones Cóndor o Pokémon, "pero yo creo que es el primero: lo que pasa es que las armas o las drogas tienen un precio más o menos fijado en el mercado, y las personas no". Es imposible de cuantificar.

Con un periódico sobre la mesa, la juez ha repasado este sábado los anuncios de contactos delante de los presentes: "Basta con fijarse un poco para comprobar que hay al menos tres diferentes en los que aparece el mismo teléfono, y que uno de 'japonesas' y otro de 'chinas' coinciden en la dirección". "Los anuncios de relax, estas perlas maravillosas que incluyen comentarios absolutamente xenófobos, encubren actividades delictivas. La ley en Galicia prohíbe este tipo de textos si son denigrantes contra la mujer, pero desde la Administración no se ponen multas a los medios", asegura.

"Muchas veces la víctima va a negar absolutamente todo". Tampoco "va a salir a buscar a la policía, sino que la policía es la que tiene que salir a buscar a las víctimas". Ellas no tienen otra opción que la de callar, porque "¿qué van, a llamar a su país y a decir 'mamá, ahora no puedo mandarte dinero porque el Estado me ha rescatado?". En esta sociedad "solo nos molesta lo que vemos", sigue la juez De Lara. "La ley mordaza sanciona al cliente y a la prostituta si están en lugares visibles. Pero resulta que el tratante le va a pagar la multa a la mujer y con eso el Estado solo va a conseguir que aumente la deuda que pesa sobre la víctima", señala. Este sistema de persecución no pone remedio sino que agrava el problema, porque "además, ella va a dejar de confiar en la policía, porque le pone multas".

Tras una redada cualquiera en cualquier lugar de España, "en la policía, durante la entrevista de 10 minutos" que les hacen a las chicas rescatadas del club, "aparece por arte de birlibirloque un abogado que suele ser el del proxeneta. En su presencia, ellas lo niegan todo. Dirán que no les pegan, que no les han quitado el pasaporte", sigue relatando la juez. "Con este protocolo de interrogatorios las víctimas no son bien identificadas". Son mujeres que además no saben el idioma, por lo general muy jóvenes. Tan jóvenes que "cada vez hay más menores".

"España está fallando estrepitosamente en el terreno de la prevención" de la trata, lamenta la magistrada. "Estamos incumpliendo nuestros compromisos internacionales". "Hay países como Rumanía donde se hacen edificios, industrias y carreteras con dinero procedente del tráfico de personas", cuenta. Pero en España también "hay cada vez más gente obligada a la mendicidad y víctimas de trata nacionales... Hace 10 años eran una excepción".

Y aunque parezca una realidad muy lejana, casi ciencia ficción en este país, según De Lara en España también se puede hablar de tráfico de órganos. "Entre 2012 y 2016 se han abierto 30 diligencias previas por extracción ilegal, y en julio de 2015 y en octubre de 2016, en Valencia y en Barcelona respectivamente, se han dictado dos sentencias condenatorias".

"España tiene el dudoso honor de ser el tercer país consumidor de sexo después de Tailandia y Puerto Rico", ha concluido su charla la juez que desmanteló la mafia del Club Queen's que regentaba un violento José Manuel García Adán. Cuesta mucho probar en la sala de vistas que una mujer está en situación de vulnerabilidad extrema, que está explotada y que el proxeneta tiene conciencia de ello. "La jurisprudencia es buenista con los tratantes y es prácticamente imposible que se condene a alguien por explotación lucrativa", explica. Esto a pesar de que, con voluntad, según De Lara, en España "contamos con resortes suficientes" para abocar al cierre a los prostíbulos, o bares con licencia especial que en realidad tienen habitaciones en el piso de arriba y dicen que las "alquilan", aunque luego no haya jamás una licencia de hostal ni un libro de huéspedes. "A las peluquerías pueden freírlas a inspecciones, pero a estos locales no se les hace la puñeta. No se cierran porque no hay voluntad".

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