La huelga gallega de la Justicia llega a su fin por la desmovilización de los trabajadores

Cuando se cumplen tres meses y un día de huelga de los funcionarios de la Justicia gallega y el seguimiento del paro ha caído a menos del 4%, cuatro de los siete sindicatos convocantes del sector, los que mantenían vivo el paro, han decidido poner fin al conflicto por mayoría de votos. El comité de huelga acordó la suspensión con el apoyo mayoritario de los sindicatos SPJ-USO, ASX-CUT, y STAG y la oposición de la CIG, en una asamblea celebrada este martes en la que se propuso explorar otras vías de diálogo con la Xunta para que sus reivindicaciones no caigan en saco roto.

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Los sindicatos apoyaron la suspensión de la huelga tras una larga y tensa reunión que celebró el comité en Ourense. La CIG, sin embargo, ha rechazado la interrupción del conflicto y se ha inclinado por abrir la vía del laudo arbitral como forma de presión, al igual que UGT, CSIF y CC OO, que se desvincularon hace unos días de la actuación del comité tras firmar un preacuerdo con la Xunta que fue rechazado por las asambleas de trabajadores. En la decisión final ha pesado, sobre todo, el sindicato mayoritario del sector SPJ-USO.

Los partidarios de suspender la huelga también acordaron instar a la Xunta para que convoque cuanto antes al comité de huelga. El objetivo de esta reunión sería buscar otras vías de solución alternativas y reconducir el diálogo a través de un foro en el que estén representados todos los sindicatos, tal y como ha venido reclamando la Administración, por lo que han hecho un llamamiento a UGT, CSIF y CC OO para que participen “con responsabilidad”.

El seguimiento de la huelga en los juzgados gallegos se ha ido desmoronando hasta quedar este lunes en el 3,78%, la más baja desde que se inició el paro, según los datos facilitados por la Xunta, por lo que la protesta solo ha sido secundada por 105 de los alrededor de 2.700 trabajadores. Una escasa participación justo al día siguiente de que la plantilla votara a favor de poner fin a la huelga.

La protesta, que reclama una subida salarial y un aumento de plantilla, ha dejado atrás más de 25.000 juicios aplazados y otras 60.000 actuaciones judiciales paralizadas. Pero además, los huelguistas han tenido que asumir unos cuatro millones de euros descontados en sus nóminas, que para cada funcionario puede llegar a 3.900 euros por todos los días de paro secundado desde que arrancó la huelga el 7 de febrero.

La paralización de la Justicia también deja una honda huella económica todavía sin evaluar que ha puesto a algunos despachos profesionales de abogados y procuradores al borde de un ERE, según fuentes judiciales consultadas de la provincia de Pontevedra.

Previamente a la suspensión, los sindicatos más críticos con la Xunta y contrarios a desconvocar hasta el último momento, CUT y STAJ, convocaron asambleas abiertas en los juzgados de las principales ciudades salvo Santiago, donde no se celebraron por falta de tiempo. Tras pulsar la opinión de los trabajadores, el resultado arrojó un sí mayoritario por interrumpir la huelga, como en el caso de A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ourense y Ferrol, mientras que en Lugo se produjo un empate.

En la mesa de diálogo ha quedado abierta la última propuesta de la Xunta del pasado 26 de abril que se traduce en un aumento de 140 euros al mes para los médicos forenses, 135 para los gestores, 127 para el cuerpo de tramitación y 122 para auxilios, a aplicar en tres anualidades. Los funcionarios percibirían el 50% del incremento en este ejercicio, el 30% en 2019, y el otro 20% en 2020. La Administración ha rechazado la propuesta de que los huelguistas recuperen el dinero perdido.