Una juez ve cohecho en la estancia del presidente cántabro en un balneario

Entre el 13 y el 16 de agosto de 2010, el actual presidente de Cantabria, Juan Ignacio Diego Palacios, y su consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Javier Rodríguez Argüeso, disfrutaron junto a dos acompañantes de una estancia con tratamientos de belleza incluidos en un balneario asturiano de cinco estrellas sin coste alguno. De las facturas de estos dirigentes del Partido Popular se hizo cargo una empresa del Grupo Agbar, Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Abastecimiento de Aguas, S.A. En aquellas fechas, Diego y Rodríguez no ostentaban estos cargos, sino que ejercían la oposición al entonces presidente Miguel Ángel Revilla: el primero era diputado en el Parlamento cántabro además de presidente autonómico del PP, y el segundo, portavoz parlamentario del partido. El caso sobre posible cohecho salió el jueves de Lugo camino del Tribunal Supremo después de que la magistrada de la Operación Pokémon contra la corrupción acordase elevar “exposición motivada”, porque se trata de aforados sobre los que el juzgado de Instrucción 1 de Lugo no tiene competencia.

Un informe elaborado por agentes de Vigilancia Aduanera para la juez que investiga esta operación contra la corrupción política en Galicia, Pilar de Lara, revela que las facturas de aquel puente de agosto incluían la pernoctación en habitación doble, la cuenta del restaurante, el paquete “Balneario Colección Deluxe” y un “tratamiento facial”. Los investigadores se basan en la documentación incautada a la compañía de aguas y en otra entregada por el propio Hotel Las Caldas Villa Termal, el balneario más lujoso del Principado, ubicado a ocho kilómetros del centro de Oviedo. La magistrada cree que Diego y Rodríguez “podrían haber cometido un presunto delito de cohecho”. Para dilucidar si se trata de un hecho penal, explica en un auto, “es preciso practicar gestiones a fin de averiguar si tales abonos se realizaron o no como contraprestación o agradecimiento”.

La Operación Pokémon, con un centenar de imputados, salpica a varios partidos y ha provocado la dimisión de varios políticos, entre ellos tres alcaldes en Galicia. La trama de tráfico de influencias, cohecho, fraude, exacciones ilegales y blanqueo que se investiga está vertebrada por el grupo empresarial Vendex y por la firma Aquagest, ambas entregadas, supuestamente, a la caza de contratas públicas a cambio de favores, enchufes, regalos y dinero, de los que se beneficiarían políticos y funcionarios.

Según expone De Lara, aquel fin de semana largo, Juan Ignacio Diego “estuvo hospedado junto a otra persona en las instalaciones del balneario de cinco estrellas […]siendo todo el hospedaje abonado por la empresa Aquagest”. El importe de la estancia “ascendió a la suma de 627,99 euros”. En el caso de Rodríguez hoy consejero de Obras Públicas, “en las mismas fechas” estuvo también “hospedado junto a otra persona en el Hotel Las Caldas Villa Termal”. Su factura, “igualmente abonada por la empresa” catalana, fue de 546,99 euros.

Las facturas incluían la pernoctación en habitación doble, la cuenta del restaurante, el paquete "Balneario Colección Deluxe" y un "tratamiento facial"

El hallazgo que De Lara envía al Supremo ha coincidido en el tiempo con el de otra magistrada, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Avilés, Elena González, que tira del hilo de la que ha sido bautizada como “trama asturiana del agua”. Las dos juezas decidieron cruzar datos porque estaban investigando prácticas de la misma empresa. González rastrea el supuesto pago de favores políticos por parte de Aquagest (con estancias en el mismo balneario de lujo o viajes de grupo fuera del Principado) a personas que ocuparon u ocupan diversos cargos públicos en la comunidad.

Entre la documentación de Las Caldas recabada por los agentes de Aduanas que trabajan a las órdenes de Pilar de Lara figuran también estancias de otros cargos políticos, como el actual presidente del PP de Avilés, Joaquín Aréstegui Artime. En 2009, cuando era diputado, Asturagua, SA, una empresa vinculada a Aquagest, se hizo cargo de los 610 euros que costaron los servicios de los que Aréstegui disfrutó en las termas.

Según el informe de Aduanas, Diego fue alcalde del municipio cántabro de El Astillero entre 1995 y 2006, y bajo su mandato “se procedió a la privatización del abastecimiento del agua”. Además, en este Ayuntamiento constan apuntes “por ingresos y pagos” de la empresa Aguas del Norte, SA, (entre 2005 y 2010) y de Aquagest (entre 2011 y 2013). “En 2005”, añade Aduanas, “Aguas del Norte estaba participada en un 99,99% por Aquagest”.