El fiscal plantea “desguazar” el ‘caso Carioca’ en medio centenar de juicios

Hay que “desguazar” el sumario, defiende el fiscal jefe de Lugo, Juan José Begué, para luego ir practicando una “sutura por capas” que evite dilaciones y posibles vías de escape a unos imputados, un centenar, cuyos abogados, más de 40, llevan cuatro años preparándose para responder con andanadas de recursos a la juez de la Operación Carioca, Pilar de Lara. La magistrada (con la que, según Begué, existe “buena sintonía”) tendrá que decidir sobre la propuesta que presentó el fiscal para dividir en 52 partes un sumario descomunal: 250 tomos, 1'2 millones de folios y casi 400 testigos que han acudido a contar lo que han podido al juzgado de Instrucción número 1 desde que en octubre de 2009 estalló la operación que convulsionó la vida social y política dentro y fuera de la Muralla; y evidenció, de paso, la podredumbre que palpitaba bajo esa apariencia de pequeña ciudad tranquila.

La Carioca alimentó a la Campeón, y alumbró también a la Pokémon y a la Bebé, que ahora ya llevan vidas independientes con protagonistas que, en ocasiones, se repiten. El fiscal informa de que ha encargado ocho copias digitales del macrosumario (del que ya han ido, en estos años, desgajándose fragmentos) para distribuir entre sus efectivos. Todos los fiscales de Lugo se repartirán la Carioca, “excepto” la responsable del caso Campeón, porque este “es un asunto que debe dejar resuelto antes de fin de año”, comenta Begué.

Según el fiscal jefe, el escrito en el que se plantea el desguace y se sintetiza por diferentes delitos, protagonistas y tramas la Carioca lo dejó preparado su antecesor, Javier Rey Ozores, antes de verano, pero algunos letrados afirman, sorprendidos, que se han enterado estos días a raíz de una noticia que publicó El Progreso. Se trata, según el actual fiscal, de “intentar hacer las cosas bien”, para cerrar con diligencia lo que esté concluido e ir juzgándolo. En realidad, en estos años se han celebrado algunas pruebas preconstituidas, para asegurar el testimonio en el estrado, en presencia de los imputados, de varias testigos protegidas que se han ido de España. Además, algunas de las piezas de este desguace ya han llegado a juicio. Por su parte, pendiente solo de ser juzgado, está el primero que atañe plenamente a uno de los protagonistas de la Carioca, el proxeneta José Manuel García Adán, dueño del club Colina y del Queen's, epicentro de la trama.

El fiscal pide para él 27 años de prisión y la acusación particular, 30, por agresiones sexuales, malos tratos y detención ilegal de la que entonces era su mujer. Supuestamente la violó, la mantuvo encerrada en una habitación del burdel y cuando ella, en algún momento, le pidió salir para ir al baño, la amenazó apuntándola con un arma para que no escapase. Su expareja también lo acusa de pegarle estando embarazada. Con la niña ya mamando de su pecho, según declaró, siguió maltratándola: “¡Ojalá te mueras de cáncer, no vales para nada!”.

Respecto al resto del despiece del sumario, los primeros imputados, probablemente no los más importantes, se sentarán en el banquillo en 2014, según estima el ministerio público. Pero un abogado que representa a varias víctimas de la mafia (de proxenetismo y trafico de mujeres bajo la protección de agentes del orden) considera que hay riesgo de caer en un “absurdo procesal” porque se rompe la “continencia de la causa”. “Algunas cosas, por abultadas que sean, hay que juzgarlas juntas”, afirma, “si se separan, esos procesos podrían dar lugar a sentencias contradictorias” y crear más desamparo y dudas en unas testigos todavía expuestas a la venganza de sus antiguos jefes.

Sobre el papel, algunas de ellas están protegidas, pero hace meses el ayudante fiel de Adán, José Manuel Pulleiro, logró localizar y acercarse a una de sus víctimas. “Esto no es Estados Unidos, no hay un fondo económico para garantizar la protección de las testigos con un trabajo y una identidad nueva”, dice el fiscal jefe. La seguridad completa, en un caso como este, con tantos imputados y tantas testigos, es una quimera en España. La estampida de las testigos es un riesgo (y un grave perjuicio para los procesos) con el que se cuenta, y en cierto modo ya se ha constatado. A principios de este año se supo que en octubre se cumpliría el plazo máximo de prisión provisional de Adán, y ya entonces algunas mujeres presas del pánico telefonearon a sus abogados para advertirles de que hacían la maleta. La situación se complica todavía más cuando, además de proxenetas, entre los acusados hay policías y guardias civiles que supuestamente forman parte de la misma red mafiosa y gastan las mismas mañas para someter a sus víctimas.

En la relación de partes dispuesta por el fiscal, destacan las que darían lugar, por separado, al juicio del cabo Armando Lorenzo, que presuntamente obtenía servicios sexuales y dinero a cambio de papeles para mujeres, y al de Adán como jefe del Queen's. También el del médico acusado de abortos ilegales, otro en el que serán juzgados mandos y agentes de la Guardia Civil, y uno más en el que aparecen imputados 14 policías.