La Audiencia de Lugo desimputa al exconselleiro del BNG Fernando Blanco

Al final de una semana que comenzó con la notificación, por parte del Consejo General del Poder Judicial, del expediente disciplinario abierto a Pilar de Lara por supuestos retrasos injustificados en sus instrucciones penales, la Audiencia de Lugo ha vuelto a poner dinamita a los pies de la magistrada. La instancia provincial que preside José Antonio Varela Agrelo ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación que mantenía imputado por cohecho al exedil y exconselleiro nacionalista Fernando Blanco desde 2011. Se trataba de una pieza desgajada de la trama principal del caso Campeón, ya juzgado hace un año y con el empresario Jorge Dorribo condenado a más de cuatro años de prisión. Esta parte le correspondió por reparto a De Lara, que pidió varios informes para tratar de atar las acusaciones de Dorribo contra el que había sido responsable de Industria durante el Gobierno bipartito de la Xunta. Ahora la Audiencia considera que no se puede seguir sometiendo a la "pena del banquillo" a Blanco, tal y como reclamaba su abogado, por la falta de credibilidad del testimonio del dueño de la farmacéutica Nupel.

En la operación Campeón, dirigida desde el principio por otra sonada instructora que tuvo Lugo, Estela San José (extitular del juzgado número 3, ahora con destino en Huelva), también llegaron a estar bajo la lupa el exministro socialista José Blanco, que se libró en 2013 en el Supremo, y el propio Varela Agrelo, señalado por el cerebro de la trama (Dorribo) y también por el exfutbolista del Deportivo Jacques Songo'o, que relató ante San José cómo el magistrado iba a ser socio de Dorribo en un supuesto negocio eólico en Camerún. En esta empresa, incluido un viaje inicial de los interesados para establecer contactos en el país africano, se investigaba asimismo la presunta participación del político del BNG. Las pesquisas sobre Varela Agrelo, aforado al igual que José Blanco, acabaron su recorrido en enero de 2013 en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ordenó su archivo al no apreciar indicios de delito.

Fernando Blanco era diputado autonómico cuando estalló la Campeón pero dimitió por ello en octubre de 2011 y perdió su blindaje como aforado. Su caso siguió, y se prolongó como ninguno, por la vía ordinaria. Para él "no hay explicación" a tanta demora, en especial si se tiene en cuenta que "todos los informes solicitados" iban "en el mismo sentido", ha criticado en declaraciones a la Radio Galega. El nacionalista reclama ahora al CGPJ que "esté a la altura de los hechos" en el expediente abierto a Pilar de Lara.

La segunda inspección extraordinaria que atravesó en un periodo de poco más de dos años el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, el que dirige Pilar de Lara, tuvo lugar durante las dos últimas semanas de mayo. Poco tiempo después, la defensa de Fernando Blanco, Xoán Antón Pérez Lema, presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, a través del colegio de abogados de Lugo, por dilaciones "injustificadas" en la tramitación de los recursos que había presentado pidiendo el archivo de la causa contra el exconselleiro. Para el letrado no había explicación válida para que su representado siguiese imputado durante siete años cuando casi todos los personajes que transitaban por los folios de la Campeón habían sido ya juzgados o, como en el caso de los aforados, liberados de toda culpa en instancias superiores.

Tras solicitarlo Pérez Lema, De Lara había llegado a plantear el sobreseimiento a la fiscal Mercedes Quiroga y esta lo había rechazado  en octubre de 2017 al entender que persistían "los indicios que motivaron la imputación". Según fuentes judiciales, Blanco presentó a continuación recurso de apelación, al que se opuso también la fiscal, y la tramitación del asunto recayó en adelante en el letrado de la administración de justicia de refuerzo puesto para las macrocausas. Pero enseguida comenzó la huelga de los funcionarios de la justicia, que se prolongó tres meses. El 12 de julio se envió el recurso de apelación a la Audiencia de Lugo, que cuatro meses después, en la semana negra de Pilar de Lara, ha resuelto dar carpetazo a las diligencias.

La propia magistrada de instrucción defiende en algunos de sus últimos autos (en relación a otras investigaciones) que su departamento sigue a estas alturas de año "a expensas de la aprobación de medidas necesarias para solventar los efectos [de la huelga] por parte de la Xunta, así como de las medidas de prolongación de jornada solicitadas y reiteradas desde hace más de un año sin haber recibido siquiera contestación".

Probablemente sea este uno de los argumentos que esgrima la juez ante el Promotor de Acción Disciplinaria cuando acuda el próximo día 21 al CGPJ para declarar por la investigación que le han abierto en Madrid. Este expediente deriva entre otras cuestiones, de esa inspección de mayo. Pilar de Lara es responsable de macrocausas como la Carioca, que data de 2008, y la Pokémon, de 2011. Pero también instruye la Cóndor, la Pulpo, la Cebra o el caso Garañón, que salpican a políticos y expolíticos del PP, del PSOE y otras formaciones.

Respecto a la demora del caso de Fernando Blanco (seguido por presuntos delitos de fraude en subvenciones, cohecho y blanqueo de capitales), tras la denuncia de Pérez Lema en el Consejo, la juez preparó un escrito que difundió a través del gabinete de prensa del Tribunal Superior. Aseguraba que los recursos del abogado eran contestados en tiempo y forma y que el caso no estaba aparcado, sino que se habían solicitado diversas pruebas para comprobar la veracidad de los hechos que Blanco siempre negó. Un año después de estallar la Campeón, una investigación de la Agencia Tributaria no encontró indicios de que el responsable de la Consellería de Industria en tiempos de Touriño hubiera engordado repentinamente su patrimonio tras aquellos supuestos agasajos (en especie, en metálico y en forma de participación en empresas a través de un presunto testaferro ya desimputado en 2014) que Dorribo contó haberle dado a cambio de una sustanciosa subvención para poner en marcha una nueva nave de envasado de medicamentos.