Hechos como los que dieron lugar al referéndum ilegal del 1-O serían castigados con altas penas de cárcel pese a la derogación del delito de sedición y los nuevos tipos de la malversación
La sentencia del TJUE es clave en el futuro de Carles Puigdemont y el resto de exdirigentes catalanes huidos, que están también a la espera de una decisión sobre su inmunidad como eurodiputados
El Supremo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado interpretan de forma dispar los cambios en los delitos de sedición y malversación pactados por el Gobierno y ERC
El Gobierno y ERC acordaron la rebaja del delito, pero la interpretación que hace ahora el ministerio público pone en jaque las expectativas de esos dirigentes pendientes de juicio
En los escritos de alegaciones se reivindica que el referéndum por la independencia fue “la satisfacción de un objetivo político ampliamente compartido”
El activista afrontaba casi cinco años de prisión por desórdenes públicos y quemar una papelera y evitará el encarcelamiento gracias a la modificación del delito
El ministerio público coincide con el magistrado del Supremo en que la reforma penal del Gobierno “debilita” al Estado frente a futuros ataques a la Constitución, pero niega que suponga la “despenalización” total de los hechos del ‘procés’
El capítulo central de las trayectorias como juristas de Maza, Marchena y Llarena ha sido y seguramente será la construcción de la respuesta penal a la causa
Fuentes jurídicas señalan que la resolución facilita la entrega del expresidente catalán y aleja su retorno voluntario a España. El político esperará a dos pronunciamientos de tribunales de la UE para decidir su estrategia de defensa
El magistrado del Supremo considera que la derogación plantea un “contexto cercano a la despenalización” de los hechos, al no encajar en desórdenes públicos, y que la reforma de la malversación no beneficia al expresidente catalán, por lo que mantiene las penas y el delito
Para normalizar la vida política en España, sólo veo un camino: una reforma constitucional que ‘cierre’ el asunto territorial y que esté liderada por quien menos se espera, el PP
El presidente quiso cambiar la malversación y la sedición en 2021, pero ERC no aceptaba que hubiera delito. Ahora la modificación es urgente por la inminencia de los juicios
Las medidas de Pedro Sánchez son chapuceras y se han aprobado por cálculo, pero nadie se pregunta cuáles serían las consecuencias de que cuarenta políticos catalanes actualmente encausados vayan a prisión
El presidente de UP considera excesivas las penas de cuatro y tres años propuestas por los partidos socios habituales en el Congreso y los socialistas tachan de “incoherentes” esta posición y de querer “blanquear” su voto afirmativo a toda la ley
La enmienda transaccional castigará el desvío de dinero que cause “daño o entorpecimiento grave” en el bien público. Baja de seis a cuatro años las penas por “desvío presupuestario irregular” y lo justifica por la “desproporción” de la reforma del PP, que igualó la corrupción pura con el mal uso
Lo que necesita nuestro país es reforzar la protección del orden constitucional frente a nuevas formas de romperlo que consisten en utilizar las instituciones y las leyes como ariete contra la Ley Fundamental y la democracia
El Gobierno no ha explicado en cuál de los tres supuestos del nuevo tipo de desórdenes públicos, que sustituye a la sedición, encajaría lo que hizo la Generalitat durante el ‘procés’
Los valores que se pretenden distintos para el que roba con el objetivo de comprarse un chalé y el que roba para que se lo compren otros convergen en lo fundamental: el dinero tiene la misma procedencia
Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer discreparon de la mayoría cuando el tribunal avaló la sentencia del Supremo sobre el ‘procés’, al considerar los castigos desproporcionados
Estamos ante una reforma necesaria y urgente, que debería haberse acometido antes y que tan solo las circunstancias históricas y políticas que han concurrido han retrasado
Juristas consultados discrepan sobre si al expresidente catalán se le puede aplicar el nuevo delito propuesto por PSOE y Unidas Podemos, pero coinciden en que sí se lo podría juzgar por malversación agravada y desórdenes públicos