Los líderes independentistas siguen beneficiándose de los avales de la Generalitat mientras dure un procedimiento que permite diversos recursos antes de sustanciarse
El tribunal rechaza aplicar el subtipo atenuado que introdujo el Gobierno en la reforma del Código Penal pactada con ERC, y afirma que ese cambio legal “no desdibuja” la causa del ‘procés’
La Fiscalía acusa al expresidente catalán, huido en Bélgica, de llevar cinco años retrasando el proceso con “artimañas”: “Es la única vez en la historia que un rebelde ha podido ejercer todos los derechos y no ha adquirido ninguna carga”
Aragonès ratifica en el cargo a la titular de Acción Exterior, a la que Tribunal Superior catalán también le impone una multa de 12.000 euros por su participación en el referéndum del 1-O
La republicana, que se somete al proceso penal al día siguiente del regreso y detención de la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, convierte su declaración judicial en alegato político
La eurodiputada de Junts, que ha defendido la separación de España hasta el punto de asumir la posibilidad de que provocase muertes, se desmarca de Meritxell Serret o Anna Gabriel al regresar a Cataluña sin intención de presentarse ante el tribunal
La eurodiputada de Junts abandona abandona los juzgados tras ser detenida poco después de regresar a Cataluña después de cinco años huida; el magistrado le avisa de que será arrestada si no comparece el 24 de abril
Entre las dos hipótesis interpretativas sobre la malversación y la sedición, el Supremo ha elegido la que cerraba prácticamente todos los caminos a aplicar la reforma del Código Penal
Hechos como los que dieron lugar al referéndum ilegal del 1-O serían castigados con altas penas de cárcel pese a la derogación del delito de sedición y los nuevos tipos de la malversación
La sentencia del TJUE es clave en el futuro de Carles Puigdemont y el resto de exdirigentes catalanes huidos, que están también a la espera de una decisión sobre su inmunidad como eurodiputados
El Supremo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado interpretan de forma dispar los cambios en los delitos de sedición y malversación pactados por el Gobierno y ERC
El Gobierno y ERC acordaron la rebaja del delito, pero la interpretación que hace ahora el ministerio público pone en jaque las expectativas de esos dirigentes pendientes de juicio
En los escritos de alegaciones se reivindica que el referéndum por la independencia fue “la satisfacción de un objetivo político ampliamente compartido”
El activista afrontaba casi cinco años de prisión por desórdenes públicos y quemar una papelera y evitará el encarcelamiento gracias a la modificación del delito
El ministerio público coincide con el magistrado del Supremo en que la reforma penal del Gobierno “debilita” al Estado frente a futuros ataques a la Constitución, pero niega que suponga la “despenalización” total de los hechos del ‘procés’
El capítulo central de las trayectorias como juristas de Maza, Marchena y Llarena ha sido y seguramente será la construcción de la respuesta penal a la causa
Fuentes jurídicas señalan que la resolución facilita la entrega del expresidente catalán y aleja su retorno voluntario a España. El político esperará a dos pronunciamientos de tribunales de la UE para decidir su estrategia de defensa
El magistrado del Supremo considera que la derogación plantea un “contexto cercano a la despenalización” de los hechos, al no encajar en desórdenes públicos, y que la reforma de la malversación no beneficia al expresidente catalán, por lo que mantiene las penas y el delito
Para normalizar la vida política en España, sólo veo un camino: una reforma constitucional que ‘cierre’ el asunto territorial y que esté liderada por quien menos se espera, el PP
El presidente quiso cambiar la malversación y la sedición en 2021, pero ERC no aceptaba que hubiera delito. Ahora la modificación es urgente por la inminencia de los juicios
Las medidas de Pedro Sánchez son chapuceras y se han aprobado por cálculo, pero nadie se pregunta cuáles serían las consecuencias de que cuarenta políticos catalanes actualmente encausados vayan a prisión
El presidente de UP considera excesivas las penas de cuatro y tres años propuestas por los partidos socios habituales en el Congreso y los socialistas tachan de “incoherentes” esta posición y de querer “blanquear” su voto afirmativo a toda la ley
La enmienda transaccional castigará el desvío de dinero que cause “daño o entorpecimiento grave” en el bien público. Baja de seis a cuatro años las penas por “desvío presupuestario irregular” y lo justifica por la “desproporción” de la reforma del PP, que igualó la corrupción pura con el mal uso