Una chapuza legislativa inocua

El Gobierno trazó un plan para beneficiar a dirigentes independentistas en apuros judiciales mediante la reforma urgente del Código Penal. Se trataba de introducir nuevos tipos en el capítulo dedicado a la malversación, uno de los delitos que mejor simboliza la corrupción. El objetivo era encontrar la fórmula para rebajar las penas de la malversación en determinados casos, cuando no hubiera ánimo de lucro y el dinero se hubiera empleado en algún servicio público, aunque no fuera el previsto en los Presupuestos. Con estas definiciones de malversaciones menos graves, el Ejecutivo pretendía que la reforma legal solo afectará a los dirigentes independentistas catalanes que todavía estuvieran pendientes de juicio por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre o a los ya condenados pero indultados, que todavía sufrían la pena de inhabilitación.

Solo ellos, sostenía el Ejecutivo, podrían beneficiarse de una rebaja de penas porque, supuestamente, según los legisladores, no se lucraron personalmente durante el procés. El Gobierno garantizó que no habría excarcelaciones ni reducción de penas para otros corruptos. En eso acertó. Pero nada de lo planeado respecto a los independentistas catalanes ocurrió, porque la voluminosa jurisprudencia del Tribunal Supremo y la interpretación de los jueces que han tenido que aplicar la reforma hasta ahora han sido contrarias a los deseos del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Su iniciativa para satisfacer los deseos de ERC ha resultado, así, inútil. Y los efectos de la reforma legal se han demostrado, de momento, inocuos.

Todos los vaticinios catastrofistas sobre los obstáculos que introduciría la reforma legal para la lucha contra la corrupción han chocado con la realidad judicial. Los jueces han seguido aplicando el tipo agravado de malversación a todos los casos que han examinado. Nadie, de momento, se ha beneficiado de la reforma legal en este aspecto, y mucho menos sus principales destinatarios: los dirigentes independentistas catalanes condenados, imputados o procesados por malversación.